Todos seríamos ganadores (II)
Apelando a la acomodaticia Guía del Departamento de Defensa, alegaron que sólo estaban en la obligación de remover las amenazas que estuviesen en los caminos de acceso donde se desplazaba el personal y los equipos durante las prácticas de tiro, ya que no tenía sentido limpiar las áreas de impacto en un campo de tiro activo que se transfería y que nosotros los utilizaríamos para entrenar a los policías. Siguiendo el mismo razonamiento, la limpieza sería únicamente superficial y en los lugares donde constituyesen un peligro conocido substancial e inminente. Aducían que en los campos de tiro no se hacían excavaciones que pudiesen producir un encuentro con explosivos no detonados. Cualquier limpieza estaba condicionada a que no tuviese un impacto adverso sobre el medio ambiente. Para ellos, movimientos de tierra tenían como consecuencia aumentar la sedimentación en las fuentes de agua del Canal y otros trabajos vendrían a impactar adversamente en esa riqueza natural que tenía Panamá en sus bosques y la biodiversidad que eran patrimonio de la humanidad. Además, el costo de la limpieza no se justificaba porque superaba, muchas veces, el valor comercial del terreno y en adición se necesitaban diez años por lo menos para la limpieza y sólo faltaban dos, lo que hacía ésta inviable.
Desde el principio tuve claro en mi mente que Estados Unidos no iba a remover las amenazas en los campos de tiro y que llevar el caso a los tribunales internacionales y en el país estadounidense, sería una pérdida de tiempo y de dinero. Como me dijo mi contraparte: "Ustedes deben estar locos si consideran que Estados Unidos va a aceptar no haber cumplido con el Tratado".
Cualquier solución tenía que venir por otra vía. En un informe del General Accounting Office (GAO) de mayo de 1997, pude advertir que el Departamento de Defensa invertiría en ese año 200 millones de dólares en investigación, desarrollo, demostración y validación de nuevas tecnologías para su programa ambiental.
Por otro lado, en una de las reuniones de la Comisión Mixta del Medio Ambiente, otro de los organismos binacionales creados por el Tratado, uno de los representantes de Estados Unidos mencionó la posibilidad de utilizar los campos de tiro como un laboratorio para ensayar nuevos métodos y tecnologías de remoción que aumentaran la eficiencia y redujeran los costos y los riesgos. Eso era lo que necesitaba.
Le propuse a la parte estadounidense (1) la creación de una ONG para estudios, ensayos sobre el terreno, de tecnologías y procedimientos para la remoción de las amenazas a la vida, salud y seguridad humana en los sitios donde hubiesen funcionado campos de tiro y de prueba; (2) el área de funcionamiento de la ONG serían las 7,500 hectáreas en los campos de tiro en las riberas del Canal, la Isla San José y la Isla Iguana; (3) el organismo sería auspiciado por nuestro país, los Estados Unidos y cualquier otro que quisiese hacer aportes de cualquier naturaleza y la Junta Directiva estaría compuesta por representantes de todas las naciones participantes; (4) una de las universidades panameñas participaría activamente y pensé en la Universidad Tecnológica. Para conocer su experiencia, establecí contacto con el Centro Hemisférico para el Desarrollo y Transferencia de Tecnología de la Universidad Internacional de la Florida, dos de sus altos ejecutivos me habían visitado. La idea era formar expertos en limpieza de bases militares para crear una nueva profesión en Panamá que tenía demanda internacional.
Establecí contactos preliminares con la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (EPA), E.O.D. Technology, Inc., U.S. Army Ordnance Missile and Munitions Center and School, Naval School Explosive Ordnance Disposal, UXB International, Human Factor Application, OSHA, U.S. Army Chemical Center and School, U.S. Missile & Munitions School and United Kingdom Army School of Ammunition. Para mí esa era una fórmula donde todos salíamos ganadores. Cuando estaba en esas gestiones, recibí vía fax el mensaje de la oficina del Ministro de Relaciones Exteriores que el Decreto Ejecutivo, por medio del cual me nombró el gobierno anterior, había sido derogado y mis funciones serían ejercidas por otra persona.
Leí en los periódicos, en ese tiempo, que el Ministro de Relaciones se había decidido por la ruta de demandar a Estados Unidos y, para tal efecto, había contratado los servicios de una firma de abogados en New York. Posteriormente, leí sobre promesas a la Sra. Presidenta, al ex y al presente Ministro de Relaciones Exteriores, que le habían hecho el Presidente de los Estados Unidos y el Secretario de Estado de que atenderían el problema. Hasta ahora no he sabido más que la tajante declaración de la Embajadora de los Estados Unidos: "Este es un caso cerrado".
Desde el principio tuve claro en mi mente que Estados Unidos no iba a remover las amenazas en los campos de tiro y que llevar el caso a los tribunales internacionales y en el país estadounidense, sería una pérdida de tiempo y de dinero. Como me dijo mi contraparte: "Ustedes deben estar locos si consideran que Estados Unidos va a aceptar no haber cumplido con el Tratado".
Cualquier solución tenía que venir por otra vía. En un informe del General Accounting Office (GAO) de mayo de 1997, pude advertir que el Departamento de Defensa invertiría en ese año 200 millones de dólares en investigación, desarrollo, demostración y validación de nuevas tecnologías para su programa ambiental.
Por otro lado, en una de las reuniones de la Comisión Mixta del Medio Ambiente, otro de los organismos binacionales creados por el Tratado, uno de los representantes de Estados Unidos mencionó la posibilidad de utilizar los campos de tiro como un laboratorio para ensayar nuevos métodos y tecnologías de remoción que aumentaran la eficiencia y redujeran los costos y los riesgos. Eso era lo que necesitaba.
Le propuse a la parte estadounidense (1) la creación de una ONG para estudios, ensayos sobre el terreno, de tecnologías y procedimientos para la remoción de las amenazas a la vida, salud y seguridad humana en los sitios donde hubiesen funcionado campos de tiro y de prueba; (2) el área de funcionamiento de la ONG serían las 7,500 hectáreas en los campos de tiro en las riberas del Canal, la Isla San José y la Isla Iguana; (3) el organismo sería auspiciado por nuestro país, los Estados Unidos y cualquier otro que quisiese hacer aportes de cualquier naturaleza y la Junta Directiva estaría compuesta por representantes de todas las naciones participantes; (4) una de las universidades panameñas participaría activamente y pensé en la Universidad Tecnológica. Para conocer su experiencia, establecí contacto con el Centro Hemisférico para el Desarrollo y Transferencia de Tecnología de la Universidad Internacional de la Florida, dos de sus altos ejecutivos me habían visitado. La idea era formar expertos en limpieza de bases militares para crear una nueva profesión en Panamá que tenía demanda internacional.
Establecí contactos preliminares con la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (EPA), E.O.D. Technology, Inc., U.S. Army Ordnance Missile and Munitions Center and School, Naval School Explosive Ordnance Disposal, UXB International, Human Factor Application, OSHA, U.S. Army Chemical Center and School, U.S. Missile & Munitions School and United Kingdom Army School of Ammunition. Para mí esa era una fórmula donde todos salíamos ganadores. Cuando estaba en esas gestiones, recibí vía fax el mensaje de la oficina del Ministro de Relaciones Exteriores que el Decreto Ejecutivo, por medio del cual me nombró el gobierno anterior, había sido derogado y mis funciones serían ejercidas por otra persona.
Leí en los periódicos, en ese tiempo, que el Ministro de Relaciones se había decidido por la ruta de demandar a Estados Unidos y, para tal efecto, había contratado los servicios de una firma de abogados en New York. Posteriormente, leí sobre promesas a la Sra. Presidenta, al ex y al presente Ministro de Relaciones Exteriores, que le habían hecho el Presidente de los Estados Unidos y el Secretario de Estado de que atenderían el problema. Hasta ahora no he sabido más que la tajante declaración de la Embajadora de los Estados Unidos: "Este es un caso cerrado".
