Trabajando por un consenso...
(Este artículo fue escrito antes de la presunta declaración del ministro Norberto Delgado, en Washington, según la cual la Presidenta anunciaría su decisión de que el Canal se amplíe con un tercer juego de esclusas a un costo inicial de cuatro mil millones de dólares.) A pesar de la falta de rumbo que sufrimos actualmente o quién sabe a causa de la misma, he participado en dos esfuerzos, a mi juicio, exitosos por crear consenso nacional sobre asuntos de importancia para el país.
El primero tuvo que ver con la adopción de los Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad a mediados del año 2000. El entonces ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, propuso un proyecto de documento sobre estrategia de seguridad nacional. El legislador Rubén Arosemena Valdés, presidente del PDC, ahora Partido Popular, nos pidió a un grupo de miembros del partido y de independientes que evaluáramos el documento. Lo encontramos tradicional y militarista en su enfoque de la llamada "seguridad nacional", con una tendencia a atar nuestra seguridad a ayuda militar extranjera y un énfasis cuestionable sobre el papel del Servicio de Protección Institucional (SPI).
Cuando nos entrevistamos con el ministro y sus asesores en enero del 2000, el legislador Arosemena les transmitió que el PDC no podía avalar su documento. Pero añadió que, al haber asumido la administración del Canal y haber insistido en que las bases norteamericanas terminaran el 31 de diciembre de 1999, los panameños teníamos necesidad de una política propia de seguridad. Concluyó que después de la desmilitarización de la seguridad pública en 1990 los panameños habíamos logrado actuar por consenso en esta materia y que, por ello, el PDC estaba dispuesto a participar en un trabajo conjunto del Gobierno y la oposición sobre la seguridad de nuestro país. En ese contexto, propuse dos ideas para elaborar un nuevo documento, que luego fueron aceptadas: sustituir el concepto de seguridad nacional por el de seguridad humana, elaborado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, y orientarnos hacia una política de neutralidad activa del país, no sólo del Canal, en los conflictos internacionales entre Estados y en los conflictos civiles en un Estado.
El ofrecimiento de participación fue acogido por el ministro en el caso de los dos partidos de oposición. Durante aproximadamente seis meses nos reunimos en sesiones de trabajo, sin ninguna publicidad, hasta que un nuevo documento fue aprobado por el Ministerio de Gobierno, el PDC y el PRD, para luego ser avalado por el Gabinete y los demás partidos. Para mí fue una experiencia muy significativa. Habiendo jugado un papel decisivo en la desmilitarización de la seguridad pública, al inicio del gobierno democrático, y gracias a esta experiencia de participar en la formulación de una política panameña de seguridad comprometida con el desarrollo humano sostenible y con la neutralidad activa, tuve así la oportunidad de contribuir a completar la obra de desmilitarización.
En el proceso también tuve la oportunidad de trabajar con panameños con quienes había tenido en el pasado diferencias muy marcadas y en algunos casos graves confrontaciones. No hubiera sido posible elaborar los Fundamentos si estas personas y los miembros del equipo demócrata cristiano no hubiéramos llegado a una nueva relación en el trabajo de mutuo respeto, de franqueza y de búsqueda tolerante de convergencias. Debo reconocer que Winston Spadafora, cuya gestión como Ministro de Gobierno y Justicia ha sido muy controvertida, tuvo en esta experiencia uno de sus mejores momentos en dicho cargo. Hizo posible un consenso por lo menos en la formulación de la política panameña de seguridad, aunque la ejecución haya sido luego a veces cuestionable y hasta contraria al documento aprobado.
El segundo esfuerzo en el que he participado ha tenido que ver con el futuro del Canal. A fines de abril o comienzos de mayo de este año tuve una conversación de casi tres horas con el administrador del Canal Alberto Alemán Zubieta. Al final le expresé mi preocupación por la decisión que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Gobierno nacional habrían de tomar sobre la modernización y ampliación del Canal. Cuando los norteamericanos administraban el Canal, le dije, tomaban sus decisiones sin apoyo político en Panamá, pero con apoyo en el Congreso y la opinión pública de los EU La actual administración panameña de la ACP necesita, sin embargo, apoyo político en Panamá para la decisión transcendental que ha de tomar con respecto a la ampliación modernizadora del Canal. De no contar con este apoyo, la ACP sería susceptible de ser colocada a la defensiva por cualquier grupo contestatario de sus planes reales o presuntos.
Reflexionando sobre la necesidad de definir algunos criterios acerca del futuro del Canal, que eviten una rivalidad sectaria entre los partidos y susciten un consenso político en apoyo a la ACP sobre este tema indiscutiblemente vital para nuestro país, conversé con varias personas. Las mismas pertenecían a diferentes partidos o eran independientes y además se destacaban por su capacidad y por su sentido de lo nacional. De estas conversaciones surgió, por iniciativa propia de los interesados, la decisión de constituirnos en un grupo de trabajo que intentaría contribuir a un consenso acerca de dicha definición. Cada uno de nosotros actuaría bajo su propia responsabilidad, sin representar formalmente a su partido, pero manteniéndolo informado y colocando las perspectivas de su agrupación al servicio del bien común. En orden alfabético las siguientes personas integramos el grupo: Ricardo Bermúdez Dutari, independiente; Omar Jaén Suárez, de Solidaridad; Guillermo Quijano Castillo, de MOLIRENA; Jorge Eduardo Ritter Domingo, del PRD; Carlos F. Rodríguez Fernández-Miranda del Partido Arnulfista; David Samudio Meléndez, del Partido Liberal Nacional; y quien escribe estas líneas, del PDC ahora Partido Popular. No incluimos a ningún miembro del Partido Cambio Democrático porque su presidente Ricardo Martinelli es presidente de la Junta Directiva de la ACP y no queríamos comprometer sus funciones oficiales.
Trabajamos, al margen de toda publicidad, desde mayo hasta este mes de octubre en reuniones semanales de dos a cuatro horas. Contamos con el aporte del equipo de ejecutivos, extraordinariamente capacitados, de la Autoridad del Canal, y con las opiniones de destacados profesionales que rindieron servicios en el pasado en la Comisión o la Autoridad del Canal, alguno de ellos actualmente crítico de las autoridades de la institución. Escuchamos los puntos de vista de un miembro de la Pastoral Social Cáritas y de voceros de la Comisión por la Defensa de los Derechos Campesinos de la Cuenca Occidental de Panamá. Desgraciadamente, a pesar de nuestros diversos esfuerzos, los dirigentes de la Coordinadora Campesina contra los Embalses no aceptaron nuestra invitación a que nos expusieran sus posiciones.
Lo más positivo en nuestro trabajo fue el espíritu de civilidad y la voluntad de acuerdo razonable que prevaleció. Ello hizo posible que todos firmáramos sin reservas el documento final intitulado Aporte para un Consenso Nacional sobre el Futuro del Canal. No pretendimos determinar qué decisión específica de ampliación modernizadora del Canal deben adoptar la ACP y los órganos del Estado, sino proponer criterios que deben tenerse en cuenta en el proceso de esta determinación. Y sobre estos criterios no pretendimos formalizar un consenso, pues ningún partido ni institución nos había autorizado para ello. Lo que pretendimos fue proponerle al gobierno, a la Autoridad del Canal, a los partidos políticos y a la opinión pública un enfoque compartido por un grupo de ciudadanos, en la esperanza de que pueda servir para desarrollar una discusión seria y razonada sobre el futuro de nuestro Canal, conducente a un consenso nacional lo más amplio posible sobre el particular.
Creo que ese objetivo realista podemos lograrlo. La Presidenta de la República tuvo interés en que la entrega del documento se hiciera en el Palacio de las Garzas. Se planeó para el miércoles 24 del mes en curso. Pero debido al accidente de auto que sufrió la Presidenta, fue pospuesto hasta el 6 de noviembre. Una vez que se les entregue, el seguimiento que se le dé al documento propuesto dependerá de la Presidenta de la República, de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal y de los jefes de los partidos políticos.
El documento, que se dará a conocer a partir del 6 de noviembre, parte de tres fuentes de orientación con respecto al futuro del Canal, a saber la historia de nuestro país y del aprovechamiento de su posición geográfica, los estudios que sobre el futuro del canal se vienen realizando ininterrumpidamente por lo menos desde 1947 y las tendencias actuales del comercio marítimo, con especial atención al tamaño de los barcos. De esas fuentes sacamos diez criterios que deben tenerse en cuenta en cuanto a conceptualización, financiación, administración e impacto ecológico y humano de la posible ampliación del Canal. Y terminamos con varias sugerencias para asegurar que la decisión que se tome sea fruto de la participación efectiva de muchos panameños y panameñas.
De estas dos experiencias saco la conclusión de que en el trabajo por un consenso se puede avanzar efectivamente si se parte de una base elaborada por un grupo de personas responsables al margen de la publicidad. Por lo contrario, el intento por forjar consenso sobre algunas políticas tiende a fracasar cuando el número de participantes es desde el inicio demasiado grande, o cuando trabajan desde el comienzo expuestos a la tentación de hacer titulares o cuando los participantes iniciales no son de alto nivel suficiente en su correspondiente partido y en el país y, por ello, no tienen la capacidad de sobrepasar estrechos intereses sectarios.
En razón de las mismas experiencias reafirmo mi convicción de que en democracia se puede ser opositor vertical y fiscalizar críticamente la obra del Ejecutivo, sin dejar de contribuir de buena fe a la elaboración de políticas de Estado que expresen la unidad de raíz de nuestra Patria y la unidad de horizonte de nuestro pueblo. Se pueden conjugar así la confrontación pluralista y la cooperación unitaria, pues la democracia exige ambas. Quien piensa que el diálogo sobre algunos puntos debe silenciar la controversia sobre todos, o es un avivato o no sabe de democracia real. (ariyan@sinfo.net)
El primero tuvo que ver con la adopción de los Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad a mediados del año 2000. El entonces ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, propuso un proyecto de documento sobre estrategia de seguridad nacional. El legislador Rubén Arosemena Valdés, presidente del PDC, ahora Partido Popular, nos pidió a un grupo de miembros del partido y de independientes que evaluáramos el documento. Lo encontramos tradicional y militarista en su enfoque de la llamada "seguridad nacional", con una tendencia a atar nuestra seguridad a ayuda militar extranjera y un énfasis cuestionable sobre el papel del Servicio de Protección Institucional (SPI).
Cuando nos entrevistamos con el ministro y sus asesores en enero del 2000, el legislador Arosemena les transmitió que el PDC no podía avalar su documento. Pero añadió que, al haber asumido la administración del Canal y haber insistido en que las bases norteamericanas terminaran el 31 de diciembre de 1999, los panameños teníamos necesidad de una política propia de seguridad. Concluyó que después de la desmilitarización de la seguridad pública en 1990 los panameños habíamos logrado actuar por consenso en esta materia y que, por ello, el PDC estaba dispuesto a participar en un trabajo conjunto del Gobierno y la oposición sobre la seguridad de nuestro país. En ese contexto, propuse dos ideas para elaborar un nuevo documento, que luego fueron aceptadas: sustituir el concepto de seguridad nacional por el de seguridad humana, elaborado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, y orientarnos hacia una política de neutralidad activa del país, no sólo del Canal, en los conflictos internacionales entre Estados y en los conflictos civiles en un Estado.
El ofrecimiento de participación fue acogido por el ministro en el caso de los dos partidos de oposición. Durante aproximadamente seis meses nos reunimos en sesiones de trabajo, sin ninguna publicidad, hasta que un nuevo documento fue aprobado por el Ministerio de Gobierno, el PDC y el PRD, para luego ser avalado por el Gabinete y los demás partidos. Para mí fue una experiencia muy significativa. Habiendo jugado un papel decisivo en la desmilitarización de la seguridad pública, al inicio del gobierno democrático, y gracias a esta experiencia de participar en la formulación de una política panameña de seguridad comprometida con el desarrollo humano sostenible y con la neutralidad activa, tuve así la oportunidad de contribuir a completar la obra de desmilitarización.
En el proceso también tuve la oportunidad de trabajar con panameños con quienes había tenido en el pasado diferencias muy marcadas y en algunos casos graves confrontaciones. No hubiera sido posible elaborar los Fundamentos si estas personas y los miembros del equipo demócrata cristiano no hubiéramos llegado a una nueva relación en el trabajo de mutuo respeto, de franqueza y de búsqueda tolerante de convergencias. Debo reconocer que Winston Spadafora, cuya gestión como Ministro de Gobierno y Justicia ha sido muy controvertida, tuvo en esta experiencia uno de sus mejores momentos en dicho cargo. Hizo posible un consenso por lo menos en la formulación de la política panameña de seguridad, aunque la ejecución haya sido luego a veces cuestionable y hasta contraria al documento aprobado.
El segundo esfuerzo en el que he participado ha tenido que ver con el futuro del Canal. A fines de abril o comienzos de mayo de este año tuve una conversación de casi tres horas con el administrador del Canal Alberto Alemán Zubieta. Al final le expresé mi preocupación por la decisión que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Gobierno nacional habrían de tomar sobre la modernización y ampliación del Canal. Cuando los norteamericanos administraban el Canal, le dije, tomaban sus decisiones sin apoyo político en Panamá, pero con apoyo en el Congreso y la opinión pública de los EU La actual administración panameña de la ACP necesita, sin embargo, apoyo político en Panamá para la decisión transcendental que ha de tomar con respecto a la ampliación modernizadora del Canal. De no contar con este apoyo, la ACP sería susceptible de ser colocada a la defensiva por cualquier grupo contestatario de sus planes reales o presuntos.
Reflexionando sobre la necesidad de definir algunos criterios acerca del futuro del Canal, que eviten una rivalidad sectaria entre los partidos y susciten un consenso político en apoyo a la ACP sobre este tema indiscutiblemente vital para nuestro país, conversé con varias personas. Las mismas pertenecían a diferentes partidos o eran independientes y además se destacaban por su capacidad y por su sentido de lo nacional. De estas conversaciones surgió, por iniciativa propia de los interesados, la decisión de constituirnos en un grupo de trabajo que intentaría contribuir a un consenso acerca de dicha definición. Cada uno de nosotros actuaría bajo su propia responsabilidad, sin representar formalmente a su partido, pero manteniéndolo informado y colocando las perspectivas de su agrupación al servicio del bien común. En orden alfabético las siguientes personas integramos el grupo: Ricardo Bermúdez Dutari, independiente; Omar Jaén Suárez, de Solidaridad; Guillermo Quijano Castillo, de MOLIRENA; Jorge Eduardo Ritter Domingo, del PRD; Carlos F. Rodríguez Fernández-Miranda del Partido Arnulfista; David Samudio Meléndez, del Partido Liberal Nacional; y quien escribe estas líneas, del PDC ahora Partido Popular. No incluimos a ningún miembro del Partido Cambio Democrático porque su presidente Ricardo Martinelli es presidente de la Junta Directiva de la ACP y no queríamos comprometer sus funciones oficiales.
Trabajamos, al margen de toda publicidad, desde mayo hasta este mes de octubre en reuniones semanales de dos a cuatro horas. Contamos con el aporte del equipo de ejecutivos, extraordinariamente capacitados, de la Autoridad del Canal, y con las opiniones de destacados profesionales que rindieron servicios en el pasado en la Comisión o la Autoridad del Canal, alguno de ellos actualmente crítico de las autoridades de la institución. Escuchamos los puntos de vista de un miembro de la Pastoral Social Cáritas y de voceros de la Comisión por la Defensa de los Derechos Campesinos de la Cuenca Occidental de Panamá. Desgraciadamente, a pesar de nuestros diversos esfuerzos, los dirigentes de la Coordinadora Campesina contra los Embalses no aceptaron nuestra invitación a que nos expusieran sus posiciones.
Lo más positivo en nuestro trabajo fue el espíritu de civilidad y la voluntad de acuerdo razonable que prevaleció. Ello hizo posible que todos firmáramos sin reservas el documento final intitulado Aporte para un Consenso Nacional sobre el Futuro del Canal. No pretendimos determinar qué decisión específica de ampliación modernizadora del Canal deben adoptar la ACP y los órganos del Estado, sino proponer criterios que deben tenerse en cuenta en el proceso de esta determinación. Y sobre estos criterios no pretendimos formalizar un consenso, pues ningún partido ni institución nos había autorizado para ello. Lo que pretendimos fue proponerle al gobierno, a la Autoridad del Canal, a los partidos políticos y a la opinión pública un enfoque compartido por un grupo de ciudadanos, en la esperanza de que pueda servir para desarrollar una discusión seria y razonada sobre el futuro de nuestro Canal, conducente a un consenso nacional lo más amplio posible sobre el particular.
Creo que ese objetivo realista podemos lograrlo. La Presidenta de la República tuvo interés en que la entrega del documento se hiciera en el Palacio de las Garzas. Se planeó para el miércoles 24 del mes en curso. Pero debido al accidente de auto que sufrió la Presidenta, fue pospuesto hasta el 6 de noviembre. Una vez que se les entregue, el seguimiento que se le dé al documento propuesto dependerá de la Presidenta de la República, de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal y de los jefes de los partidos políticos.
El documento, que se dará a conocer a partir del 6 de noviembre, parte de tres fuentes de orientación con respecto al futuro del Canal, a saber la historia de nuestro país y del aprovechamiento de su posición geográfica, los estudios que sobre el futuro del canal se vienen realizando ininterrumpidamente por lo menos desde 1947 y las tendencias actuales del comercio marítimo, con especial atención al tamaño de los barcos. De esas fuentes sacamos diez criterios que deben tenerse en cuenta en cuanto a conceptualización, financiación, administración e impacto ecológico y humano de la posible ampliación del Canal. Y terminamos con varias sugerencias para asegurar que la decisión que se tome sea fruto de la participación efectiva de muchos panameños y panameñas.
De estas dos experiencias saco la conclusión de que en el trabajo por un consenso se puede avanzar efectivamente si se parte de una base elaborada por un grupo de personas responsables al margen de la publicidad. Por lo contrario, el intento por forjar consenso sobre algunas políticas tiende a fracasar cuando el número de participantes es desde el inicio demasiado grande, o cuando trabajan desde el comienzo expuestos a la tentación de hacer titulares o cuando los participantes iniciales no son de alto nivel suficiente en su correspondiente partido y en el país y, por ello, no tienen la capacidad de sobrepasar estrechos intereses sectarios.
En razón de las mismas experiencias reafirmo mi convicción de que en democracia se puede ser opositor vertical y fiscalizar críticamente la obra del Ejecutivo, sin dejar de contribuir de buena fe a la elaboración de políticas de Estado que expresen la unidad de raíz de nuestra Patria y la unidad de horizonte de nuestro pueblo. Se pueden conjugar así la confrontación pluralista y la cooperación unitaria, pues la democracia exige ambas. Quien piensa que el diálogo sobre algunos puntos debe silenciar la controversia sobre todos, o es un avivato o no sabe de democracia real. (ariyan@sinfo.net)