Trabajo decente
Siguiendo el enfoque de la OIT, que define el trabajo decente como una labor productiva, realizada en condiciones de libertad, equidad, seguridad, dignidad y respeto a los derechos, la cual, además, le otorga a quien la ejerce una remuneración adecuada y una protección social suficiente, se puede concluir que Panamá, pese a las cifras oficiales, que apenas reconoce una desocupación del 5.6% de la población económicamente activa, tiene un grave problema de empleo.
Esto se hace patente si, por ejemplo, se tiene en cuenta que el 44% de los ocupados no agrícolas es trabajador informal, en condiciones que sólo el 35% de los ocupados del sector agropecuario puede ser considerado como empleado pleno. Así mismo de acuerdo a cifras de la OIT para el año 2007, el 41% de los trabajadores de las actividades no agrícolas obtenía una remuneración inferior al salario mínimo, mientras que el 91% de los trabajadores agrícolas se encontraba en esa situación. Esto, vale la pena agregar, se dio pese a las altas tasas de crecimiento observadas recientemente en la economía, mostrando el fracaso social del modelo de fundamentalismo de mercado en que las mismas operaron.
La solución a este problema conlleva la implantación de un conjunto de medidas integrales que van desde mejorar los sistemas de salud y educación pública, hasta el reforzamiento de las leyes laborales, pasando por el desarrollo de un sistema estatal de ciencia y tecnología. Esta solución, sin embargo, también pasa por un cambio en el estilo de desarrollo de la economía.
El estilo de crecimiento tradicional de Panamá, llevado al extremo por la política neoliberal, se basa en una plataforma de servicios, que si bien genera divisas y crecimiento de intermitente, está sostenida sobre una base incapaz de ampliar suficientemente el trabajo decente. Un ejemplo extremo de esta situación la encontramos en el sector de la intermediación financiera, cuyo PIB se expandió en 19.3% en el 2007, mientras que el empleo en este sector creció en tan solo 1.5%.
Para superar la situación descrita hace falta lograr un mayor dinamismo no sólo en el sector agropecuario, cuya función básica debe ser la seguridad alimentaria, sino del sector industrial, el que es fundamental por su capacidad de generar empleo y como difusor de la innovación tecnológica. La generación de cadenas productivas entre estos dos sectores y de éstos con el de los servicios también resulta esencial. Lo importante en este caso es reconocer, como lo hacen Bruce Greenwald y Joseph Stiglitz, que esto sólo será posible si el proceso se lleva adelante con una efectiva protección del mercado interno, para lo cual es necesario superar los criterios estrictamente librecambistas promovidos por los fundamentalistas.
Frente al problema que representa la presencia de un mercado de un país con una población de, aproximadamente, 3.3 millones de habitantes, resultan esenciales dos políticas para su ampliación. La primera se refiere a poner en marcha un proceso de redistribución del ingreso, el cual permitiría que una mayor parte de la población participe efectivamente en el mercado. La segunda se orienta hacia una forma alternativa de integración internacional, la cual deberá apuntar hacia vínculos de complementariedad y solidaridad internacional. Esto significa evitar el TPC y apuntar hacia los nuevos procesos integracionistas que se desarrollan en Suramérica.
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