Trágica omisión en la CSS
Consternación ciudadana ha causado, con justificadas razones, la tragedia ocurrida en Panamá como consecuencia del envenenamiento de cientos de personas que al ingerir lo que pensaban eran medicinas, se incluyeron sin saberlo en una lista de la muerte.
Todo indica que el catastrófico resultado se produce al final de una larga cadena de omisiones por parte de las autoridades encargadas de velar por la buena marcha de la institución de seguridad social del país.
Desde el año 1999, las personas encargadas del Laboratorio de Medicamentos de la Caja de Seguro Social (CSS) dieron a conocer su preocupación por el estado de abandono y las condiciones lamentables en las que tenían que realizar su trabajo. Tales manifestaciones las plasmaron en reiteradas notas que hicieron llegar desde entonces a quienes ejercieron el cargo de Director de la Caja.
Salvo por respuestas de carácter meramente cosmético, en el fondo, la situación no varió sustancialmente, y así quedó plasmado en sendos informes de auditoría sobre buenas prácticas de manufactura y almacenamiento de medicamentos.
Lo acaecido en la Caja de Seguro Social, por supuesto que se trata del peor suceso en la historia de la medicina pública de nuestra nación, y no habría ocurrido si se hubieran tomado los correctivos necesarios y urgentes que fueron desatendidos por las administraciones que se sucedieron desde 1999 hasta la fecha.
Las víctimas fallecidas y sus familiares, las víctimas que han sobrevivido y que padecen una serie de secuelas que les hacen más difícil su vida, y todos los asegurados y beneficiarios de la CSS, merecen que se enderece el errático rumbo que ha llevado esa noble institución.
Todo indica que el catastrófico resultado se produce al final de una larga cadena de omisiones por parte de las autoridades encargadas de velar por la buena marcha de la institución de seguridad social del país.
Desde el año 1999, las personas encargadas del Laboratorio de Medicamentos de la Caja de Seguro Social (CSS) dieron a conocer su preocupación por el estado de abandono y las condiciones lamentables en las que tenían que realizar su trabajo. Tales manifestaciones las plasmaron en reiteradas notas que hicieron llegar desde entonces a quienes ejercieron el cargo de Director de la Caja.
Salvo por respuestas de carácter meramente cosmético, en el fondo, la situación no varió sustancialmente, y así quedó plasmado en sendos informes de auditoría sobre buenas prácticas de manufactura y almacenamiento de medicamentos.
Lo acaecido en la Caja de Seguro Social, por supuesto que se trata del peor suceso en la historia de la medicina pública de nuestra nación, y no habría ocurrido si se hubieran tomado los correctivos necesarios y urgentes que fueron desatendidos por las administraciones que se sucedieron desde 1999 hasta la fecha.
Las víctimas fallecidas y sus familiares, las víctimas que han sobrevivido y que padecen una serie de secuelas que les hacen más difícil su vida, y todos los asegurados y beneficiarios de la CSS, merecen que se enderece el errático rumbo que ha llevado esa noble institución.