Transparencia y política social
De la misma manera como los entes estatales tienen la obligación de colocar en el nodo de transparencia de la Defensoría del Pueblo la planilla completa de su personal con los nombres completos, posición que desempeña y salario que devenga, igual debería exigírsele al Ministerio de Desarrollo Social que le dé la misma medida de transparencia a los subsidios de dinero en efectivo que se le trasladan todos los meses a miles de personas a título de beneficiario de un programa de protección social. No importa si se trata de la “Red de oportunidades”, creatura del anterior gobierno, o de “100 a los 70”, hechura del actual Ejecutivo. En ambos casos se trata de dinero del Tesoro Nacional, construido con los aportes de todos los contribuyentes. Recientemente, el Ministro Ferrufino denunció irregularidades en el Programa de “100 a los 70”, pues personas pudientes querían cobrar el beneficio concebido para personas en condición de pobreza. Semanas antes de concluir el mandato del anterior gobierno, la Ministra Roquebert se apersonó a la Fiscalía a hacer la denuncia sobre diversas irregularidades. Hay evidencias pues de que cualquiera que sea el programa que involucre transferencia de dinero en efectivo a personas pobres o muy pobres, hay riesgos cuyo control escapan a las mejores intenciones del gobierno. Al hacer públicos estos pagos, la ciudadanía y los medios de comunicación podemos colaborar en su fiscalización. Un buen gobierno lo entiende y le daría la bienvenida a esta forma de participación.
