Transporte público: pesadilla y trampa de muerte
Las características patológicas y morbosas del transporte público nacional (buses y taxis) constituyen uno de los malestares más comunes que experimenta la sociedad panameña, circunstancia que durante las últimas tres décadas, y sin temor a equivocarnos, se ha acrecentado hasta llegar a convertirse en una seria amenaza para la seguridad física de la ciudadanía en general; pues, hoy, son muchos los hogares panameños que viven luto y dolor causado por aquellos que en nuestra sociedad tienen contradictoriamente la responsabilidad de transportar a las personas a sus trabajos, escuelas y hogares.
Los antecedentes que pueden conducirnos a ubicar las razones de este desorden datan de muchos años y sentencian que lo que empieza mal debe terminar mal. Cuando Torrijos decide entregar el transporte público a cada trabajador del transporte (transportista), a fin de ganar simpatías, y luego sumar y convertir a gran parte de este sector (sindicalistas y miembros del gremio) en una especie de quinta columna del régimen dictatorial que emprendió, gran parte de este sector disfrutó a través de sus sindicatos, beneficios y prebendas que incluso llegaron a convertir a algunos de sus representantes en magnates del transporte, circunstancia facilitada por el negociado de cupos y por la galantería que dispensaron a la dictadura. Todavía viene a la memoria la disponibilidad casi total del transporte público para esperar afuera de los ministerios y conducir a los obligados empleados públicos a los “actos de masas” convocados por la dictadura, y qué no decir de la no circulación de autobuses para las fechas en que la Cruzada Civilista convocaba a mítines y marchas.
Sobre este escenario de paternalismo, patrocinio, amiguismo y complicidad, se ha desarrollado desde el “proceso revolucionario” en adelante la empresa del transporte en Panamá. Desde entonces, la prestación de este servicio jamás ha funcionado con criterio empresarial; siempre ha estado huérfana de objetivos y metas; ha sido en el pasado reciente, y lamentablemente en el presente, un método de ganar dinero para los bellacos que tradicionalmente se han movido en los círculos de poder y que hoy, desgraciadamente, encuentran amigos en los diversos partidos que se alternan el poder en democracia.
Los trabajadores del volante, en su gran mayoría, nunca han visto al usuario como un cliente a quien se debe satisfacer, hacer sentir cómodo. Por el contrario, hemos tenido que tolerar a una turba de patanes, maleantes e irresponsables que nunca han sabido que todo trabajador tiene obligaciones en el desempeño de sus labores que, para conservar una plaza de empleo, debe el trabajador conducirse con un mínimo de eficiencia y responsabilidad. No entienden que deben respeto a sus superiores (autoridades y usuarios) y compañeros de trabajo. Tampoco comprenden que su herramienta de trabajo puede convertirse en un arma letal en contra de la seguridad física de otros seres humanos, sean pasajeros, peatones, conductores, etc. Han estado todos estos años divorciados de los principios más elementales de urbanidad, son groseros, irresponsables, negligentes, incompetentes, irrespetuosos, etc., pues han decidido por décadas y a diario, violar todo con tal de mantener su mentalidad fantástica, recogen y dejan pasajeros fuera de paradas; no hacen alto; no respetan la luz roja; conducen con la puerta abierta; llevan un sujeto que guinda de la puerta del bus (el pavo); conducen en el paño izquierdo; acostumbran a crear un tercer paño donde no existe, con tal de pasar primero; hacen regatas en vía pública; y mantienen troneras y equipos de sonido terminantemente prohibidos, etc.
Este estado de cosas concebido en la era más oscura de la República, la dictadura de 21 años, lamentablemente ha sido tolerado, incluso, por los propios transportistas en perjuicio de sus propios intereses, donde cientos de panameños han visto pasar sus años mozos sin la esperanza de obtener, al final de su trabajo, la posibilidad de un retiro decoroso; pues, entre otras cosas, este tipo de negocio ha estado excluido del pago de seguridad social al que se ve obligado cualquier otro tipo de empresa, por pequeña que sea, justificado por la farsa de que se trata de una actividad entregada a transportistas, cuando sabemos perfectamente que los verdaderos dueños de cupos lucran este servicio al margen de sus trabajadores, usuarios y ciudadanía en general mediante la utilización de vehículos viejos e inadecuados y en pésimo estado de funcionamiento: fallas mecánicas, frenos, llantas lisas, etc. que facilitan, unido al desprecio que por los seres humanos sienten sus conductores, los accidentes que dejan luto y dolor en la familia panameña.
Adicional a ello, “aspectos culturales” parecen militar a favor de este desorden. Durante años hemos tenido que soportar la prestación de este servicio con características que dejan mucho que decir de la seriedad con que los panameños vemos las cosas.
Ha sido costumbre dotar a los automotores para el servicio de buses y taxis, de flecos, calcomanías, pinturas de paisajes y artistas o cuanta cosa se le ocurra al dueño del vehículo, así como equipos de sonidos estridentes, bocinas en igual condiciones, luces inadecuadas, troneras; es decir, cualquier cantidad de accesorios que lejos de contribuir a la seriedad del servicio a la comodidad y seguridad de usuarios, ayudan al desorden y al desarrollo de una “subcultura del transporte” que día a día se convierte en una escuela de insensibilidad laboral y social que ha reducido a la ciudadanía hasta resignarse a tolerar estos hechos y a participar de idéntica irresponsabilidad; pues igualmente el usuario espera o abandona el bus o taxi en lugares inadecuados y qué no decir del peatón que también es irresponsable al cruzar calles y vías, fuera de líneas de seguridad y puentes peatonales.
Vemos, pues, cómo tropezamos necesariamente con un elemento de descomposición social que durante años se ha desarrollado, generando los actuales hechos; por lo tanto, la urgente intervención de las autoridades en la solución del problema se hace necesaria. Deben actuar con valentía y no pretender solucionar la situación realizando concesiones a un sector que no tiene intenciones de cambiar, actuando de modo cobarde frente a las circunstancias. Las personas involucradas en el transporte no están excluidas de las leyes que se aplican al resto de la ciudadanía.
La energía con que las autoridades actúan frente a otros eventos de la vida nacional debe ser igualmente empleada para dar solución a este malestar, aunque eso implique cancelar certificados de operaciones o diseñar otro modo de prestación del servicio en el que estos sujetos, llamados transportistas, se conviertan en empleados de empresas que presten dicho servicio y que éstas, a su vez, les exijan un comportamiento acorde con el de cualquier trabajador panameño, con responsabilidad y esmero para la conservación de la plaza de trabajo.
Por lo pronto, que las autoridades actuales, principalmente por iniciativa de la Autoridad del Tránsito, empiecen a cancelar licencias de conducir, cupos o certificados de operaciones. Esto, unido a una verdadera vigilancia y seguimiento de la conducta de los conductores, podrá dar buenos resultados. Superar el policía de tránsito escondido para colocar una boleta, puede contribuir en gran medida.
Es tiempo de que los gobiernos de turno abandonen los simples deseos de recaudación, por los de servir a la ciudadanía, y que los objetivos estén destinados a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del territorio, pues hasta ahora existen contradicciones. Así como la supuesta ineficiencia e improductividad del servicio de telefonía (INTEL) y del suministro de energía eléctrica (IRHE) dieron paso a que gobiernos anteriores justificaran su privatización, las condiciones del transporte público rebasan las razones para estudiar seriamente alternativas a la prestación de dicho servicio, cueste lo que cueste.
(apenalba@cableonda.net)
Sorpresivamente, poco después de esta decisión, los emberá – wounaán retiran el proyecto del Ministerio de Gobierno y lo llevan a la comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Legislativa, añade Milanés.
“Desde aquella época hemos pedido reuniones y la presidencia de la comisión ha falseado la información haciendo creer que han convocado encuentros, lo que no es cierto”.
Se le acusa de instigadora, pero para Milanés sus motivos para oponerse son claros. “Los hermanos emberá y wounaán no tienen argumento de sustentación para pedir tierras colectivas segregadas de la provincia del Darién o en ella porque ellos ya pidieron una comarca con exceso de territorio que se les dio de manera inconsulta”.
La negativa del grupo que preside radica sobre todo en el hecho de que se quiera hacer ver que no se trata de creación de comarcas, lo que para ellos “es equivalente sólo que con otro nombre: tierra colectiva”.
A este respecto, el asesor legar de la Fundación Dobo Yala, Alexis Alvarado aclaró en su momento a El Panamá América que no “estamos solicitando más tierras, sólo requerimos los títulos de propiedad de los territorios habitados históricamente por nuestra gente”.
“La ley que proponemos no segrega tierras de Darién ni de los municipios actuales, tampoco se crean nuevos corregimientos, es simplemente titular colectivamente y estar sujetos al régimen municipal”, subrayó Alvarado.
Milanés, en tanto, no claudica. “Por qué pidieron una comarca con el argumento de que todos estarían en un área geográfica y territorial exclusiva para preservar su todo; cultura, costumbres, bailes, idiomas”... cuestiona.
Subraya además que no se justifica que luego de segregadas estas tierras, en 1983, un grupo no estén dentro de ella. “Solicitaron una comarca, se les dio y ahora siguen viviendo fuera de ésta”.
Para la legisladora se mencionan 52 pueblos para comunidades indígenas, aduciendo que son éstos los que quedaron fuera, sin embargo, para ella no son más que “52 comarcas, pues el régimen que plantea el proyecto es estrictamente comarcal sin una estructura geopolítica y administrativa definida”.
En términos numéricos Milanés de Lay sostiene que del 16% adjudicable para la provincia, los indígenas que discuten tierras colectivas adquirirían un 10%, porque el 84% del territorio del Darién es área protegida y dentro de este porcentaje se incluyen las Comarcas Emberá – Wounaán y la kuna de Wargandi, restándonos únicamente el “6%, siendo una mayoría abismal los no indígenas”.
Según dijo, de los más de 4 mil 200 kilómetros que componen las tierras comarcales, un 97% está “baldío, desocupado... ocioso”.
Desde su punto de vista “chiricanos, santeños, veragüenses, no podrían venir a estas tierras ocupadas por los indios a trabajarlas pero ellos sí pueden hacerlo en estas provincias”.
“Nuestra propuesta”, resume Milanés, “es que la comarca es para los emberá – wounaán y la provincia de Darién para los no indígenas”.
El campesino Ramiro Barrios, representante de los interioranos de Darién, también está dispuesto para la lucha. “Somos más de 40 mil no indígenas que necesitamos esos terrenos, ellos tienen comarcas con exceso de tierra y son sólo unos 8 mil, para qué quieren más”.
Además, indica Barrios, radicado en Santa Fe desde 1995, “el presupuesto para los indígenas es sólo para ellos, el de los no indígenas es para el negro, el campesino y también el indio. Salen doblemente favorecidos en todo”.
¿Y qué hay de la tala?, preguntamos y Barrios admite: “sí, lo aceptamos, pero lo hacemos porque no se nos enseñó otra cosa. Es por necesidad, aunque el indígena tala la madera con aprobación de las autoridades”.
Por su parte, María Sujey Blanco, dirigente de los grupos afros de la región no pierde la esperanza de que los emberá reconozcan que debe haber punto intermedio para este conflicto.
“Estamos aún a la espera de las acciones de nuestros hermanos de tierras colectivas. Ojalá recapaciten”.
Pese a lo intenso de las discusiones, Blanco considera que el Gobierno no da aún “ni un sí ni un no definitivo, pues se quiere evitar el descontento de ambos grupos por ser este un año preelectoral”.
El cacique regional del área Pusadrua, Leovigildo Doviaza atribuye la polémica a una “actitud politiquera de la legisladora y su grupo”, mientras que Sixto Lay, de la dirigencia afro y representante del corregimiento de La Palma lo explica de otra forma.
“Los que actúan políticamente son los indios porque las tierras son para beneficios personales de los caciques y dirigentes de las comunidades indígenas. El 65% que sale del Darién, según consta en ANAM, sale de estas regiones”.
Doviaza, acompañado por la dirigencia indígena, las mujeres, hombres y niños del pueblo de Mogue, prometió durante el congreso local que “nadie los sacará de la tierra que los vio nacer. Si mañana hay sangre es por la señora legisladora y no por los indígenas” manifiesta enérgicamente y los aplausos de su gente evidencian el beneplácito.
Aprobado en primer debate del último periodo de la Asamblea Legislativa, deberá volver a discusión en septiembre próximo.
Se trata del proyecto de Ley No. 17 de 2003 “mediante el cual se reconocen y se desarrollan los derechos del pueblo emberá y wounaán de tierras colectivas”.
En sus primeros artículos se deja constancia de que el objetivo de la ley es establecer el procedimiento especial para solicitar el reconocimiento de la propiedad colectiva de tierras ocupadas tradicionalmente por ambas etnias.
“La aplicación de la presente ley se hará conforme a lo que establece la Constitución Política, las leyes indígenas, los Convenios Internacionales ratificados por Panamá, las costumbres y tradiciones propias de estos pueblos”, menciona.
Se señala también el procedimiento para la adjudicación del territorio que se hará en conjunto con la Dirección Regional de Reforma Agraria.
Alipio Opua, dirigente de Arimae, a unas tres horas y media por la carretera a Darién, tiene muy claro el recuerdo de una lucha de antaño, de leyes incumplidas y enfrentamientos de vieja data.
Todo empezó, según dice, en 1969. La comunidad donde reside junto a más de 800 indígenas se funda antes de la construcción de la Panamericana, “aún no se pensaba en caminos”.
Pero, desde ese tiempo, “hemos tenido muchos problemas... serios problemas”, expresa.
El y su gente hablan de unos límites que se extendían hasta la región de Agua Fría No. 2, unas 72 mil hectáreas.
Para 1978, llega galopante la invasión de colonos. Y Opua sostiene, que con ello, se vieron obligados a “recortar territorio, sin embargo, interioranos y afros siguieron avanzando”.
Hoy aseguran “haber cedido” hasta una población indígena denominada Embera – Puru. “Sólo hasta allí aceptaremos”, adelanta categóricamente.
Un grupo de campesinos de una región llamada Vista Alegre aún no estaban satisfechos. Hasta hace poco, explicó Opua, “logramos un acuerdo con ellos después de la intervención de Reforma Agraria”.
El pacto se efectuó el miércoles 23 de abril de este año en presencia de representantes de ambas comunidades, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones.
Un documento con la firma de las partes, entregado a este medio, detalla que se reconoce mutuamente la importancia de la delimitación de sus tierras.
Los emberá – wounaán de Arimae y Emberá Puru ceden ante la entrega de 45 hectáreas, según el estudio tenencial de la Reserva de Arimae confeccionado por el Departamento de Catastro Rural de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, a unas 13 familias.
Opua manifiesta que regresaron tranquilos a sus tambos (casas indígenas hechas de madera y pencas amarradas entre sí). “Estábamos convencidos de que se respetaría la ley y terminarían las invasiones”.
No pasaron muchos días para que se percataran de lo contrario. Es así como, por petición de ellos, se envía nota al viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, el 28 de abril, para que se haga cumplir el acuerdo previo.
La carta fue firmada por la directora nacional de Política Indigenista, Marianella Martinelli.
“Solicitamos a usted (viceministro) su firma en la nota adjunta dirigida a la profesora Lesbia Aldeano, gobernadora de la provincia de Darién mediante la cual se le solicita hacer cumplir el acuerdo suscrito entre moradores y campesinos de Arimae, Vista Alegre y Emberá Puru”.
Agrega “el acuerdo señala desalojar a los invasores que no estén incluidos en el mismo e impedir cualquier otra invasión”.
Un mes después, el 23 de mayo, la tónica se mantenía. Esta vez el subdirector Nacional de Política Indigenista encargado, Dorian Ríos, envía una nota al jefe de la Zona de Policía de Santa Fe.
En ella reitera la necesidad de velar por el cumplimiento de lo acordado, al tiempo que añade “hemos tenido conocimiento por las autoridades del área de Pusadrua, que campesinos están invadiendo Arimae y las autoridades locales no están haciendo nada”.
“Pedimos su apoyo para que se desarrolle una inspección”. Todavía esperan que la medida se haga cumplir, afirma Opua.
La situación se agrava con el pasar de los días. Sólo el martes 22 de julio se dio la alerta en Panamá de que cerca de 80 indios habían cerrado la vía a la altura de Arimae en reclamo de tierras a orillas de la carretera que estaban siendo invadidas.
Se armaron con machetes y juraron defender con sus vidas estos territorios que consideran suyos. El incidente exigió la presencia de autoridades locales y de Gobierno y Justicia. Aunque dicho en buen panameño, por los vientos que soplan, el asunto “pica y se extiende”.
Los antecedentes que pueden conducirnos a ubicar las razones de este desorden datan de muchos años y sentencian que lo que empieza mal debe terminar mal. Cuando Torrijos decide entregar el transporte público a cada trabajador del transporte (transportista), a fin de ganar simpatías, y luego sumar y convertir a gran parte de este sector (sindicalistas y miembros del gremio) en una especie de quinta columna del régimen dictatorial que emprendió, gran parte de este sector disfrutó a través de sus sindicatos, beneficios y prebendas que incluso llegaron a convertir a algunos de sus representantes en magnates del transporte, circunstancia facilitada por el negociado de cupos y por la galantería que dispensaron a la dictadura. Todavía viene a la memoria la disponibilidad casi total del transporte público para esperar afuera de los ministerios y conducir a los obligados empleados públicos a los “actos de masas” convocados por la dictadura, y qué no decir de la no circulación de autobuses para las fechas en que la Cruzada Civilista convocaba a mítines y marchas.
Sobre este escenario de paternalismo, patrocinio, amiguismo y complicidad, se ha desarrollado desde el “proceso revolucionario” en adelante la empresa del transporte en Panamá. Desde entonces, la prestación de este servicio jamás ha funcionado con criterio empresarial; siempre ha estado huérfana de objetivos y metas; ha sido en el pasado reciente, y lamentablemente en el presente, un método de ganar dinero para los bellacos que tradicionalmente se han movido en los círculos de poder y que hoy, desgraciadamente, encuentran amigos en los diversos partidos que se alternan el poder en democracia.
Los trabajadores del volante, en su gran mayoría, nunca han visto al usuario como un cliente a quien se debe satisfacer, hacer sentir cómodo. Por el contrario, hemos tenido que tolerar a una turba de patanes, maleantes e irresponsables que nunca han sabido que todo trabajador tiene obligaciones en el desempeño de sus labores que, para conservar una plaza de empleo, debe el trabajador conducirse con un mínimo de eficiencia y responsabilidad. No entienden que deben respeto a sus superiores (autoridades y usuarios) y compañeros de trabajo. Tampoco comprenden que su herramienta de trabajo puede convertirse en un arma letal en contra de la seguridad física de otros seres humanos, sean pasajeros, peatones, conductores, etc. Han estado todos estos años divorciados de los principios más elementales de urbanidad, son groseros, irresponsables, negligentes, incompetentes, irrespetuosos, etc., pues han decidido por décadas y a diario, violar todo con tal de mantener su mentalidad fantástica, recogen y dejan pasajeros fuera de paradas; no hacen alto; no respetan la luz roja; conducen con la puerta abierta; llevan un sujeto que guinda de la puerta del bus (el pavo); conducen en el paño izquierdo; acostumbran a crear un tercer paño donde no existe, con tal de pasar primero; hacen regatas en vía pública; y mantienen troneras y equipos de sonido terminantemente prohibidos, etc.
Este estado de cosas concebido en la era más oscura de la República, la dictadura de 21 años, lamentablemente ha sido tolerado, incluso, por los propios transportistas en perjuicio de sus propios intereses, donde cientos de panameños han visto pasar sus años mozos sin la esperanza de obtener, al final de su trabajo, la posibilidad de un retiro decoroso; pues, entre otras cosas, este tipo de negocio ha estado excluido del pago de seguridad social al que se ve obligado cualquier otro tipo de empresa, por pequeña que sea, justificado por la farsa de que se trata de una actividad entregada a transportistas, cuando sabemos perfectamente que los verdaderos dueños de cupos lucran este servicio al margen de sus trabajadores, usuarios y ciudadanía en general mediante la utilización de vehículos viejos e inadecuados y en pésimo estado de funcionamiento: fallas mecánicas, frenos, llantas lisas, etc. que facilitan, unido al desprecio que por los seres humanos sienten sus conductores, los accidentes que dejan luto y dolor en la familia panameña.
Adicional a ello, “aspectos culturales” parecen militar a favor de este desorden. Durante años hemos tenido que soportar la prestación de este servicio con características que dejan mucho que decir de la seriedad con que los panameños vemos las cosas.
Ha sido costumbre dotar a los automotores para el servicio de buses y taxis, de flecos, calcomanías, pinturas de paisajes y artistas o cuanta cosa se le ocurra al dueño del vehículo, así como equipos de sonidos estridentes, bocinas en igual condiciones, luces inadecuadas, troneras; es decir, cualquier cantidad de accesorios que lejos de contribuir a la seriedad del servicio a la comodidad y seguridad de usuarios, ayudan al desorden y al desarrollo de una “subcultura del transporte” que día a día se convierte en una escuela de insensibilidad laboral y social que ha reducido a la ciudadanía hasta resignarse a tolerar estos hechos y a participar de idéntica irresponsabilidad; pues igualmente el usuario espera o abandona el bus o taxi en lugares inadecuados y qué no decir del peatón que también es irresponsable al cruzar calles y vías, fuera de líneas de seguridad y puentes peatonales.
Vemos, pues, cómo tropezamos necesariamente con un elemento de descomposición social que durante años se ha desarrollado, generando los actuales hechos; por lo tanto, la urgente intervención de las autoridades en la solución del problema se hace necesaria. Deben actuar con valentía y no pretender solucionar la situación realizando concesiones a un sector que no tiene intenciones de cambiar, actuando de modo cobarde frente a las circunstancias. Las personas involucradas en el transporte no están excluidas de las leyes que se aplican al resto de la ciudadanía.
La energía con que las autoridades actúan frente a otros eventos de la vida nacional debe ser igualmente empleada para dar solución a este malestar, aunque eso implique cancelar certificados de operaciones o diseñar otro modo de prestación del servicio en el que estos sujetos, llamados transportistas, se conviertan en empleados de empresas que presten dicho servicio y que éstas, a su vez, les exijan un comportamiento acorde con el de cualquier trabajador panameño, con responsabilidad y esmero para la conservación de la plaza de trabajo.
Por lo pronto, que las autoridades actuales, principalmente por iniciativa de la Autoridad del Tránsito, empiecen a cancelar licencias de conducir, cupos o certificados de operaciones. Esto, unido a una verdadera vigilancia y seguimiento de la conducta de los conductores, podrá dar buenos resultados. Superar el policía de tránsito escondido para colocar una boleta, puede contribuir en gran medida.
Es tiempo de que los gobiernos de turno abandonen los simples deseos de recaudación, por los de servir a la ciudadanía, y que los objetivos estén destinados a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del territorio, pues hasta ahora existen contradicciones. Así como la supuesta ineficiencia e improductividad del servicio de telefonía (INTEL) y del suministro de energía eléctrica (IRHE) dieron paso a que gobiernos anteriores justificaran su privatización, las condiciones del transporte público rebasan las razones para estudiar seriamente alternativas a la prestación de dicho servicio, cueste lo que cueste.
(apenalba@cableonda.net)
Sorpresivamente, poco después de esta decisión, los emberá – wounaán retiran el proyecto del Ministerio de Gobierno y lo llevan a la comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Legislativa, añade Milanés.
“Desde aquella época hemos pedido reuniones y la presidencia de la comisión ha falseado la información haciendo creer que han convocado encuentros, lo que no es cierto”.
Se le acusa de instigadora, pero para Milanés sus motivos para oponerse son claros. “Los hermanos emberá y wounaán no tienen argumento de sustentación para pedir tierras colectivas segregadas de la provincia del Darién o en ella porque ellos ya pidieron una comarca con exceso de territorio que se les dio de manera inconsulta”.
La negativa del grupo que preside radica sobre todo en el hecho de que se quiera hacer ver que no se trata de creación de comarcas, lo que para ellos “es equivalente sólo que con otro nombre: tierra colectiva”.
A este respecto, el asesor legar de la Fundación Dobo Yala, Alexis Alvarado aclaró en su momento a El Panamá América que no “estamos solicitando más tierras, sólo requerimos los títulos de propiedad de los territorios habitados históricamente por nuestra gente”.
“La ley que proponemos no segrega tierras de Darién ni de los municipios actuales, tampoco se crean nuevos corregimientos, es simplemente titular colectivamente y estar sujetos al régimen municipal”, subrayó Alvarado.
Milanés, en tanto, no claudica. “Por qué pidieron una comarca con el argumento de que todos estarían en un área geográfica y territorial exclusiva para preservar su todo; cultura, costumbres, bailes, idiomas”... cuestiona.
Subraya además que no se justifica que luego de segregadas estas tierras, en 1983, un grupo no estén dentro de ella. “Solicitaron una comarca, se les dio y ahora siguen viviendo fuera de ésta”.
Para la legisladora se mencionan 52 pueblos para comunidades indígenas, aduciendo que son éstos los que quedaron fuera, sin embargo, para ella no son más que “52 comarcas, pues el régimen que plantea el proyecto es estrictamente comarcal sin una estructura geopolítica y administrativa definida”.
En términos numéricos Milanés de Lay sostiene que del 16% adjudicable para la provincia, los indígenas que discuten tierras colectivas adquirirían un 10%, porque el 84% del territorio del Darién es área protegida y dentro de este porcentaje se incluyen las Comarcas Emberá – Wounaán y la kuna de Wargandi, restándonos únicamente el “6%, siendo una mayoría abismal los no indígenas”.
Según dijo, de los más de 4 mil 200 kilómetros que componen las tierras comarcales, un 97% está “baldío, desocupado... ocioso”.
Desde su punto de vista “chiricanos, santeños, veragüenses, no podrían venir a estas tierras ocupadas por los indios a trabajarlas pero ellos sí pueden hacerlo en estas provincias”.
“Nuestra propuesta”, resume Milanés, “es que la comarca es para los emberá – wounaán y la provincia de Darién para los no indígenas”.
El campesino Ramiro Barrios, representante de los interioranos de Darién, también está dispuesto para la lucha. “Somos más de 40 mil no indígenas que necesitamos esos terrenos, ellos tienen comarcas con exceso de tierra y son sólo unos 8 mil, para qué quieren más”.
Además, indica Barrios, radicado en Santa Fe desde 1995, “el presupuesto para los indígenas es sólo para ellos, el de los no indígenas es para el negro, el campesino y también el indio. Salen doblemente favorecidos en todo”.
¿Y qué hay de la tala?, preguntamos y Barrios admite: “sí, lo aceptamos, pero lo hacemos porque no se nos enseñó otra cosa. Es por necesidad, aunque el indígena tala la madera con aprobación de las autoridades”.
Por su parte, María Sujey Blanco, dirigente de los grupos afros de la región no pierde la esperanza de que los emberá reconozcan que debe haber punto intermedio para este conflicto.
“Estamos aún a la espera de las acciones de nuestros hermanos de tierras colectivas. Ojalá recapaciten”.
Pese a lo intenso de las discusiones, Blanco considera que el Gobierno no da aún “ni un sí ni un no definitivo, pues se quiere evitar el descontento de ambos grupos por ser este un año preelectoral”.
El cacique regional del área Pusadrua, Leovigildo Doviaza atribuye la polémica a una “actitud politiquera de la legisladora y su grupo”, mientras que Sixto Lay, de la dirigencia afro y representante del corregimiento de La Palma lo explica de otra forma.
“Los que actúan políticamente son los indios porque las tierras son para beneficios personales de los caciques y dirigentes de las comunidades indígenas. El 65% que sale del Darién, según consta en ANAM, sale de estas regiones”.
Doviaza, acompañado por la dirigencia indígena, las mujeres, hombres y niños del pueblo de Mogue, prometió durante el congreso local que “nadie los sacará de la tierra que los vio nacer. Si mañana hay sangre es por la señora legisladora y no por los indígenas” manifiesta enérgicamente y los aplausos de su gente evidencian el beneplácito.
Aprobado en primer debate del último periodo de la Asamblea Legislativa, deberá volver a discusión en septiembre próximo.
Se trata del proyecto de Ley No. 17 de 2003 “mediante el cual se reconocen y se desarrollan los derechos del pueblo emberá y wounaán de tierras colectivas”.
En sus primeros artículos se deja constancia de que el objetivo de la ley es establecer el procedimiento especial para solicitar el reconocimiento de la propiedad colectiva de tierras ocupadas tradicionalmente por ambas etnias.
“La aplicación de la presente ley se hará conforme a lo que establece la Constitución Política, las leyes indígenas, los Convenios Internacionales ratificados por Panamá, las costumbres y tradiciones propias de estos pueblos”, menciona.
Se señala también el procedimiento para la adjudicación del territorio que se hará en conjunto con la Dirección Regional de Reforma Agraria.
Alipio Opua, dirigente de Arimae, a unas tres horas y media por la carretera a Darién, tiene muy claro el recuerdo de una lucha de antaño, de leyes incumplidas y enfrentamientos de vieja data.
Todo empezó, según dice, en 1969. La comunidad donde reside junto a más de 800 indígenas se funda antes de la construcción de la Panamericana, “aún no se pensaba en caminos”.
Pero, desde ese tiempo, “hemos tenido muchos problemas... serios problemas”, expresa.
El y su gente hablan de unos límites que se extendían hasta la región de Agua Fría No. 2, unas 72 mil hectáreas.
Para 1978, llega galopante la invasión de colonos. Y Opua sostiene, que con ello, se vieron obligados a “recortar territorio, sin embargo, interioranos y afros siguieron avanzando”.
Hoy aseguran “haber cedido” hasta una población indígena denominada Embera – Puru. “Sólo hasta allí aceptaremos”, adelanta categóricamente.
Un grupo de campesinos de una región llamada Vista Alegre aún no estaban satisfechos. Hasta hace poco, explicó Opua, “logramos un acuerdo con ellos después de la intervención de Reforma Agraria”.
El pacto se efectuó el miércoles 23 de abril de este año en presencia de representantes de ambas comunidades, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones.
Un documento con la firma de las partes, entregado a este medio, detalla que se reconoce mutuamente la importancia de la delimitación de sus tierras.
Los emberá – wounaán de Arimae y Emberá Puru ceden ante la entrega de 45 hectáreas, según el estudio tenencial de la Reserva de Arimae confeccionado por el Departamento de Catastro Rural de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, a unas 13 familias.
Opua manifiesta que regresaron tranquilos a sus tambos (casas indígenas hechas de madera y pencas amarradas entre sí). “Estábamos convencidos de que se respetaría la ley y terminarían las invasiones”.
No pasaron muchos días para que se percataran de lo contrario. Es así como, por petición de ellos, se envía nota al viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, el 28 de abril, para que se haga cumplir el acuerdo previo.
La carta fue firmada por la directora nacional de Política Indigenista, Marianella Martinelli.
“Solicitamos a usted (viceministro) su firma en la nota adjunta dirigida a la profesora Lesbia Aldeano, gobernadora de la provincia de Darién mediante la cual se le solicita hacer cumplir el acuerdo suscrito entre moradores y campesinos de Arimae, Vista Alegre y Emberá Puru”.
Agrega “el acuerdo señala desalojar a los invasores que no estén incluidos en el mismo e impedir cualquier otra invasión”.
Un mes después, el 23 de mayo, la tónica se mantenía. Esta vez el subdirector Nacional de Política Indigenista encargado, Dorian Ríos, envía una nota al jefe de la Zona de Policía de Santa Fe.
En ella reitera la necesidad de velar por el cumplimiento de lo acordado, al tiempo que añade “hemos tenido conocimiento por las autoridades del área de Pusadrua, que campesinos están invadiendo Arimae y las autoridades locales no están haciendo nada”.
“Pedimos su apoyo para que se desarrolle una inspección”. Todavía esperan que la medida se haga cumplir, afirma Opua.
La situación se agrava con el pasar de los días. Sólo el martes 22 de julio se dio la alerta en Panamá de que cerca de 80 indios habían cerrado la vía a la altura de Arimae en reclamo de tierras a orillas de la carretera que estaban siendo invadidas.
Se armaron con machetes y juraron defender con sus vidas estos territorios que consideran suyos. El incidente exigió la presencia de autoridades locales y de Gobierno y Justicia. Aunque dicho en buen panameño, por los vientos que soplan, el asunto “pica y se extiende”.
