Transporte público y sanciones
En la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley que, entre otras cosas, persigue incrementar las penas en los casos de lesiones y muertes que se causen por culpa o negligencia en accidentes de tránsito. Es indudable que la iniciativa busca frenar la actual espiral de muertes y heridos que inunda las calles del país.
En principio parece no haber desacuerdo con la iniciativa, reforzando acaso las medidas educacionales que deben ir aparejadas con las sanciones, y el cuidado de una adecuada gradación, desde una simple amonestación, seguida por multas, suspensión de licencia y hasta penas de cárcel en casos extremos, sin perjuicio de la obligación de indemnizar los daños civiles ocasionados a las víctimas.
La polémica se plantea respecto a la iniciativa de endurecer las medidas punitivas en el caso de conductores del transporte público. Algunos legisladores como Rubén Arosemena, de la bancada Popular, favorecen esa propuesta, mientras que otros como el perredista Jerry Wilson Morales, discrepan, considerándola discriminatoria y perjudicial para los transportistas.
Con seguridad otros argumentarán que estadísticamente, hay más accidentes entre vehículos particulares que entre los del transporte público, aunque nadie se haya preocupado de hacer un estudio serio a ese respecto. Estimamos no obstante que la percepción mayoritaria es que los diablo rojos y taxistas viven en un estado de total impunidad, que les permite situarse fuera del alcance de las autoridades y la Ley.
Otra realidad es que los transportistas, por el hecho de dedicarse a un oficio que a la vez constituye un servicio al público, debieran contar con mayor pericia, educación y responsabilidad que los simples particulares, dado que llevan en sus manos vidas ajenas.
El solo peso y tamaños de algunos vehículos de transporte público, tales como camiones, mulas y buses, incrementan el riesgo y gravedad de los daños; y por ese solo hecho, la responsabilidad debiera ser mayor. Igual cabe afirmar respecto a los requisitos que debe exigirse para el otorgamiento de cupos y licencias profesionales, cuyo rigor debe ser mayor tratándose del transporte público. Así, es por ejemplo en Inglaterra.
Pero en modo alguno puede pretenderse que respondan igual un conductor de motocicleta que el de un bus. Precisamente, fue el conductor de un pesado camión quien acabó prematuramente con la vida del colega Pepe Zamora, al pasarse una luz roja en la Ricardo J. Alfaro, cosa que no habría ocurrido de haberlo hecho un vehículo liviano particular.
En principio parece no haber desacuerdo con la iniciativa, reforzando acaso las medidas educacionales que deben ir aparejadas con las sanciones, y el cuidado de una adecuada gradación, desde una simple amonestación, seguida por multas, suspensión de licencia y hasta penas de cárcel en casos extremos, sin perjuicio de la obligación de indemnizar los daños civiles ocasionados a las víctimas.
La polémica se plantea respecto a la iniciativa de endurecer las medidas punitivas en el caso de conductores del transporte público. Algunos legisladores como Rubén Arosemena, de la bancada Popular, favorecen esa propuesta, mientras que otros como el perredista Jerry Wilson Morales, discrepan, considerándola discriminatoria y perjudicial para los transportistas.
Con seguridad otros argumentarán que estadísticamente, hay más accidentes entre vehículos particulares que entre los del transporte público, aunque nadie se haya preocupado de hacer un estudio serio a ese respecto. Estimamos no obstante que la percepción mayoritaria es que los diablo rojos y taxistas viven en un estado de total impunidad, que les permite situarse fuera del alcance de las autoridades y la Ley.
Otra realidad es que los transportistas, por el hecho de dedicarse a un oficio que a la vez constituye un servicio al público, debieran contar con mayor pericia, educación y responsabilidad que los simples particulares, dado que llevan en sus manos vidas ajenas.
El solo peso y tamaños de algunos vehículos de transporte público, tales como camiones, mulas y buses, incrementan el riesgo y gravedad de los daños; y por ese solo hecho, la responsabilidad debiera ser mayor. Igual cabe afirmar respecto a los requisitos que debe exigirse para el otorgamiento de cupos y licencias profesionales, cuyo rigor debe ser mayor tratándose del transporte público. Así, es por ejemplo en Inglaterra.
Pero en modo alguno puede pretenderse que respondan igual un conductor de motocicleta que el de un bus. Precisamente, fue el conductor de un pesado camión quien acabó prematuramente con la vida del colega Pepe Zamora, al pasarse una luz roja en la Ricardo J. Alfaro, cosa que no habría ocurrido de haberlo hecho un vehículo liviano particular.
