Transporte, vergüenza nacional
Las noticias sobre el transporte público de pasajeros que nos llegan desde el Palacio de Las Garzas son inquietantes, por decir lo menos. Las apariencias nos hablan de "preferencia" del Ejecutivo a favor de los transportistas, y de poca atención a las demandas de los usuarios. Porque si bien todos los funcionarios vinculados al tema manejan un discurso donde el asunto principal es el bienestar de la sociedad que monta bus, los hechos demuestran poca o nula acción concreta. Por el contrario, los actos de estos empleados públicos parecen estar en el lado de la balanza donde están los buseros, y no donde está el padecimiento del resto de país.
¿Qué componenda se está fraguando esta vez en contra de los usuarios? ¿Por qué el Ejecutivo le tiene tanto miedo a los buseros? ¿Qué trato hay bajo la mesa? Todas son preguntas legítimas, si se toma en cuenta la poca información transparente que le llega al pueblo. La primera y natural reacción no es otra que pensar lo peor.
Durante los días que siguieron al incendio del bus 8B-06, en el que murieron 18 panameños, el país pareció entrar en una nueva etapa, y fue posible imaginar que la situación cambiaría para bien. Hoy sabemos que todo fue un sueño, y que es muy probable que nada cambie. Al menos, eso nos dice la actitud aparente que llega de Palacio.
Preocupante resulta, que un gobierno que se está jactando todos los días de su cercanía con el pueblo, no haya podido resolver este asunto. Y es fácil pensar que no se resuelve porque más rentable es mantener la anarquía, que ha permitido que unos cuantos se enriquezcan con los cupos, con el reciente robo al erario público por la exoneración al diesel, con el tráfico de piezas, con los bajos costos de personal, con los mínimos mantenimientos y con todos los beneficios que los gobiernos les han otorgado a los buseros en los últimos cuarenta años.
Resulta terrible que el país se tenga que conformar con semejante incertidumbre, porque nadie manda, nadie pone orden, y la poca vergüenza se toma el control de la situación.
¿Qué componenda se está fraguando esta vez en contra de los usuarios? ¿Por qué el Ejecutivo le tiene tanto miedo a los buseros? ¿Qué trato hay bajo la mesa? Todas son preguntas legítimas, si se toma en cuenta la poca información transparente que le llega al pueblo. La primera y natural reacción no es otra que pensar lo peor.
Durante los días que siguieron al incendio del bus 8B-06, en el que murieron 18 panameños, el país pareció entrar en una nueva etapa, y fue posible imaginar que la situación cambiaría para bien. Hoy sabemos que todo fue un sueño, y que es muy probable que nada cambie. Al menos, eso nos dice la actitud aparente que llega de Palacio.
Preocupante resulta, que un gobierno que se está jactando todos los días de su cercanía con el pueblo, no haya podido resolver este asunto. Y es fácil pensar que no se resuelve porque más rentable es mantener la anarquía, que ha permitido que unos cuantos se enriquezcan con los cupos, con el reciente robo al erario público por la exoneración al diesel, con el tráfico de piezas, con los bajos costos de personal, con los mínimos mantenimientos y con todos los beneficios que los gobiernos les han otorgado a los buseros en los últimos cuarenta años.
Resulta terrible que el país se tenga que conformar con semejante incertidumbre, porque nadie manda, nadie pone orden, y la poca vergüenza se toma el control de la situación.
