Tras el caso Pinochet
Ta liberación del general Augusto Pinochet por el secretario británico del Interior, Jack Straw, aduciendo razones de salud, conlleva un cúmulo de consecuencias que trascienden a sus protagonistas y a los detalles de los hechos y los enrevesados procedimientos que tuvieron por escenario los estrados judiciales y las cancillerías de España, Inglaterra y Chile.
Recordemos que todo se inició con una petición del juez español, Baltazar Garzón, elevada a la justicia británica, para que el dictador chileno fuera detenido mientras hacía una visita particular en Londres, para su extraditación y juzgamiento en España, por violación de los derechos humanos de miles de personas, incluyendo algunos españoles.
Los delitos imputados al general Pinochet fueron cometidos durante el período 1973-1985 que siguió al derrocamiento sangriento del Presidente de Chile, Salvador Allende. Muchos chilenos y extranjeros fueron asesinados y torturados entonces por uniformados a las órdenes de Pinochet.
Tras dos instancias, la Justicia británica resolvió que la inmunidad de que gozaba en su país por su calidad de parlamentario, no le excusaba de responder a la justicia; que debía por tanto ser enviado a España para su juzgamiento.
En uno de sus últimos recursos, agotadas ya las instancias judiciales, los abogados del exdictador elevaron al ministro del Interior Straw una petición para que, en consideración al precario deterioro de la salud del procesado, éste fuera liberado y devuelto a su país, dada la imposibilidad de que resistiera los embates e interrogatorios del juicio. Un dictamen médico sustentó la petición.
La decisión de Straw, de acceder finalmente a la liberación de Pinochet sólo por razones de salud, arrebató al exdictador la oportunidad de sustituir su imagen de criminal por la de víctima; y le restó el poco aliento de dignidad que le quedaba, de caer como buen militar peleando en los estrados bajo el aliento de sus seguidores. Su sonrisa de retorno no puede borrar la humillación inferida en castigo.
En lo demás, su caso ha fortalecido una nueva tendencia que será sin duda la tónica jurídica del nuevo siglo y que es el del debilitamiento de las soberanías y la transnacionalización del Derecho, de lo que son claras muestras los tribunales internacionales, tales como la Comisión que resuelve diferencias en la Organización Mundial de Comercio y el remozado Tribunal de La Haya, que acaba de condenar a militares serbios y bosnios procesados por crímenes de guerra.
Es por tanto de esperar que en pocos años veremos surgir más crímenes internacionales, perseguibles en cualquier país, no importa dónde se cometa el ilícito. Tal será el caso de delitos como el narcotráfico, magnas estafas financieras, el terrorismo y los ataques cibernéticos, que trascienden las fronteras patrias. En lo sucesivo, las naciones tendrán que resignarse ante el progresivo declinar del territorialismo nacional del Derecho.
Recordemos que todo se inició con una petición del juez español, Baltazar Garzón, elevada a la justicia británica, para que el dictador chileno fuera detenido mientras hacía una visita particular en Londres, para su extraditación y juzgamiento en España, por violación de los derechos humanos de miles de personas, incluyendo algunos españoles.
Los delitos imputados al general Pinochet fueron cometidos durante el período 1973-1985 que siguió al derrocamiento sangriento del Presidente de Chile, Salvador Allende. Muchos chilenos y extranjeros fueron asesinados y torturados entonces por uniformados a las órdenes de Pinochet.
Tras dos instancias, la Justicia británica resolvió que la inmunidad de que gozaba en su país por su calidad de parlamentario, no le excusaba de responder a la justicia; que debía por tanto ser enviado a España para su juzgamiento.
En uno de sus últimos recursos, agotadas ya las instancias judiciales, los abogados del exdictador elevaron al ministro del Interior Straw una petición para que, en consideración al precario deterioro de la salud del procesado, éste fuera liberado y devuelto a su país, dada la imposibilidad de que resistiera los embates e interrogatorios del juicio. Un dictamen médico sustentó la petición.
La decisión de Straw, de acceder finalmente a la liberación de Pinochet sólo por razones de salud, arrebató al exdictador la oportunidad de sustituir su imagen de criminal por la de víctima; y le restó el poco aliento de dignidad que le quedaba, de caer como buen militar peleando en los estrados bajo el aliento de sus seguidores. Su sonrisa de retorno no puede borrar la humillación inferida en castigo.
En lo demás, su caso ha fortalecido una nueva tendencia que será sin duda la tónica jurídica del nuevo siglo y que es el del debilitamiento de las soberanías y la transnacionalización del Derecho, de lo que son claras muestras los tribunales internacionales, tales como la Comisión que resuelve diferencias en la Organización Mundial de Comercio y el remozado Tribunal de La Haya, que acaba de condenar a militares serbios y bosnios procesados por crímenes de guerra.
Es por tanto de esperar que en pocos años veremos surgir más crímenes internacionales, perseguibles en cualquier país, no importa dónde se cometa el ilícito. Tal será el caso de delitos como el narcotráfico, magnas estafas financieras, el terrorismo y los ataques cibernéticos, que trascienden las fronteras patrias. En lo sucesivo, las naciones tendrán que resignarse ante el progresivo declinar del territorialismo nacional del Derecho.
