Trasfondo del fondo
¿Qué es lo que está en juego con la posibilidad de utilizar 2, 500 millones de balboas que es el monto del Fondo Fiduciario, sumado a las acciones de la empresa de teléfonos y de las generadoras eléctricas? Es bueno recordar que esos dineros son producto de las privatizaciones, impuestas como parte de un modelo global neoliberal, y algunas de las cuales se realizaron con el rechazo de muchos sectores de la ciudadanía. Esos recursos pertenecen al país, y no pueden ser dilapidados, malgastados o mal invertidos. La decisión de utilizarlos sea directamente o a través de la generación de intereses, supone una gran responsabilidad de los gobernantes y dirigentes políticos nacionales.
Estaría de acuerdo con el uso de parte de esos fondos, si estos sirvieran efectivamente al principal desafío al que se enfrenta nuestro país: el combate contra la pobreza. ¿Pero qué condiciones son necesarias, para que el uso de estos fondos sean efectivos en función de superar el desafío planteado?
Debe existir, claramente establecido, un plan estratégico consensando nacionalmente que establezca la ruta de usos de esos y otros recursos. La Agenda Nacional contra la Pobreza, propuesta en el CADE de este año es una gran oportunidad para asumir los aportes de la sociedad civil, los trabajadores, indígenas y empresarios, al igual que el aporte de partidos políticos, y de otros sectores sociales, estableciéndose una nueva agenda de convergencia de una estrategia unificada contra la pobreza, y por la disminución de la brecha con la extrema riqueza, en este país poseedor del nada envidiable título de ser una de la naciones con la peor distribución del ingreso en el globo. Si esto no se asume, y el gobierno impone un plan desconcertado, se convierte ya en un factor contrario al buen uso de los recursos.
Esta nueva agenda debe expresar un proceso de trabajo, y no sólo un conjunto de obras puntuales, y debe poseer mecanismos precisos de monitoreo y seguimiento por parte de diversos actores sociales, no sólo de uso de los fondos, sino de la efectividad de las acciones.
Los recursos del Fondo que se usen, no pueden constituirse en evasión de los cambios de fondo que el país necesita para combatir la pobreza. No deben utilizarse como una manera de rehuir el generar esos necesarios cambios, sino todo lo contrario. Los recursos deben servir precisamente como semillero y palanca de esos cambios. Nuestra economía y nuestra sociedad es una máquina de producir pobreza y riqueza, extremas entre sí, y esto no se resuelve sólo con inversión en infraestructura, sino con apoyo estratégico a proceso de cambios. Como por ejemplo:
El proceso de transformación agraria y rural, que resuelva la baja productividad en el campo, ligada a la tenencia de la tierra, deficiente tecnología, bajo acceso al crédito y a la adecuada comercialización, malos caminos y transporte, cobertura escasa y deficiente en educación y salud. El proceso de descentralización política administrativa del Estado, a través de la delegación de competencias y recursos a municipios y comarcas, y el fortalecimiento del poder local, como está consignado en el Pacto firmado en la campaña electoral de 1999, por los candidatos presidenciales a nombre de las fuerzas políticas partidistas que les acompañaban. El proceso de ampliar cobertura y calidad de la educación, desde erradicar el analfabetismo, propiciar la mejoría substantiva de todos los niveles educativos y la educación de adultos.
Estos procesos, y la otras acciones a seguir, pierden sentido si no se intensifica la participación ciudadana, lo que supondría un cambio en le estilo del desarrollo que no sólo es de forma, sino de fondo. Se trata de ponerle punto final al estilo autoritario, paternalista de los gobiernos hacia una nueva cultura política de participación ciudadana, no sólo en las consultas, sino en el proceso de toma de decisiones. Para ello, deberían suceder cosas como por ejemplo el derecho a voto de la sociedad civil en la Comisión de Reformas Electorales; la consulta real a la sociedad civil en proyectos de ley, como el 90 que adiciona al Código Penal normas de protección a la seguridad y funcionamiento ciudadano; como la necesidad de una Ley de Participación Ciudadana que otorgue derecho a iniciativa legislativa; o la implementación de derechos a referéndum, cabildo, plebiscito en el ámbito municipal.
Los recursos del Fondo, ni ningún otro, pueden ser botín, rapiña o piñata actual o prospectiva para políticos inescrupulosos; ni convertirse en formas de coacción del voto pobre en futuras elecciones. El haz de la transparencia y la vigilancia ciudadana debe iluminar el cumplimiento de su uso, en la necesaria nueva Agenda. En esta perspectiva, podríamos salir del estancamiento que nos encontramos sumidos, al asumir sin mezquindades una propuesta nacional " de todos y para el bien de todos", como lo escribió José Martí.
Estaría de acuerdo con el uso de parte de esos fondos, si estos sirvieran efectivamente al principal desafío al que se enfrenta nuestro país: el combate contra la pobreza. ¿Pero qué condiciones son necesarias, para que el uso de estos fondos sean efectivos en función de superar el desafío planteado?
Debe existir, claramente establecido, un plan estratégico consensando nacionalmente que establezca la ruta de usos de esos y otros recursos. La Agenda Nacional contra la Pobreza, propuesta en el CADE de este año es una gran oportunidad para asumir los aportes de la sociedad civil, los trabajadores, indígenas y empresarios, al igual que el aporte de partidos políticos, y de otros sectores sociales, estableciéndose una nueva agenda de convergencia de una estrategia unificada contra la pobreza, y por la disminución de la brecha con la extrema riqueza, en este país poseedor del nada envidiable título de ser una de la naciones con la peor distribución del ingreso en el globo. Si esto no se asume, y el gobierno impone un plan desconcertado, se convierte ya en un factor contrario al buen uso de los recursos.
Esta nueva agenda debe expresar un proceso de trabajo, y no sólo un conjunto de obras puntuales, y debe poseer mecanismos precisos de monitoreo y seguimiento por parte de diversos actores sociales, no sólo de uso de los fondos, sino de la efectividad de las acciones.
Los recursos del Fondo que se usen, no pueden constituirse en evasión de los cambios de fondo que el país necesita para combatir la pobreza. No deben utilizarse como una manera de rehuir el generar esos necesarios cambios, sino todo lo contrario. Los recursos deben servir precisamente como semillero y palanca de esos cambios. Nuestra economía y nuestra sociedad es una máquina de producir pobreza y riqueza, extremas entre sí, y esto no se resuelve sólo con inversión en infraestructura, sino con apoyo estratégico a proceso de cambios. Como por ejemplo:
El proceso de transformación agraria y rural, que resuelva la baja productividad en el campo, ligada a la tenencia de la tierra, deficiente tecnología, bajo acceso al crédito y a la adecuada comercialización, malos caminos y transporte, cobertura escasa y deficiente en educación y salud. El proceso de descentralización política administrativa del Estado, a través de la delegación de competencias y recursos a municipios y comarcas, y el fortalecimiento del poder local, como está consignado en el Pacto firmado en la campaña electoral de 1999, por los candidatos presidenciales a nombre de las fuerzas políticas partidistas que les acompañaban. El proceso de ampliar cobertura y calidad de la educación, desde erradicar el analfabetismo, propiciar la mejoría substantiva de todos los niveles educativos y la educación de adultos.
Estos procesos, y la otras acciones a seguir, pierden sentido si no se intensifica la participación ciudadana, lo que supondría un cambio en le estilo del desarrollo que no sólo es de forma, sino de fondo. Se trata de ponerle punto final al estilo autoritario, paternalista de los gobiernos hacia una nueva cultura política de participación ciudadana, no sólo en las consultas, sino en el proceso de toma de decisiones. Para ello, deberían suceder cosas como por ejemplo el derecho a voto de la sociedad civil en la Comisión de Reformas Electorales; la consulta real a la sociedad civil en proyectos de ley, como el 90 que adiciona al Código Penal normas de protección a la seguridad y funcionamiento ciudadano; como la necesidad de una Ley de Participación Ciudadana que otorgue derecho a iniciativa legislativa; o la implementación de derechos a referéndum, cabildo, plebiscito en el ámbito municipal.
Los recursos del Fondo, ni ningún otro, pueden ser botín, rapiña o piñata actual o prospectiva para políticos inescrupulosos; ni convertirse en formas de coacción del voto pobre en futuras elecciones. El haz de la transparencia y la vigilancia ciudadana debe iluminar el cumplimiento de su uso, en la necesaria nueva Agenda. En esta perspectiva, podríamos salir del estancamiento que nos encontramos sumidos, al asumir sin mezquindades una propuesta nacional " de todos y para el bien de todos", como lo escribió José Martí.
