Tribunal electoral: ¡las declaraciones y las intenciones no bastan!
La construcción de un estado democrático sólo es posible mediante la concurrencia de muchas voluntades y únicamente se logrará si quienes, sinceramente, la anhelamos nos convertimos en una mayoría vigilante y militante para derribar los obstáculos que nos separan de la meta.
El Círculo de Columnistas invitó el pasado 14 de enero a los magistrados del Tribunal Electoral, acudieron dos de ellos, para conocer los planes de esa corporación sobre las tres consultas populares que deberán realizarse este y el próximo año, cuyo desarrollo y resultados determinarán, sin exageraciones eufemísticas, la suerte de nuestra todavía muy incipiente democracia.
Aunque en forma breve, un poco de historia.
En mayo de 1989, el pueblo panameño sepultó bajo una avalancha de votos las intenciones de la dictadura de repetir el fraude electoral de 1984, pero con la complicidad de un tribunal electoral al servicio de los cuarteles los comicios fueron anulados. Sólo después del trauma de la invasión norteamericana, en diciembre de ese año 1989, los candidatos ganadores pudieron asumir el ejecicio del poder que habían ganado legítimamente y debían haber inagurado el 1 de septiembre anterior.
Aquí es opotuno que no se olvide cuál fue el papel que entonces jugaron algunos de los actuales gobernantes y promotores del proyecto de reelección presidencial. Yo no recuerdo que ninguno de ellos levantara su voz de protesta contra la anulación de las elecciones.
Desde el inicio de su gestión, la administración que presidió Guillermo Endara manifestó su intención de devolver al pueblo el derecho de elegir y de garantizar la realización de un torneo electoral ejemplar.
La administración de la ADOCivilista, y muy especialmente el presidente Endara, cumplieron su compromiso. El gobierno fue neutral, no hubo candidatos oficiales. No se permitió el uso de los recursos del Estado para favorecer candidatos y al Tribunal Electoral se le dieron todos los recursos y el apoyo necesario para que cumpliera su misión.
Además del compromiso de la anterior administración, llevado hasta sus últimas consecuencias, otros factores concurrieron para que las elecciones de 1994 fueran las más honestas y transparentes de nuestra historia republicana. Los partidos políticos, la sociedad civil organizada, los medios de comunicación, la ciudadanía en general, y el Tribunal Electoral cumplieron su papel.
Nunca he estimado los méritos que correspondieron a quienes, entonces, integraban el Tribunal Electoral, aunque creo que en algunos momentos se exageró su protagonismo. Si las elecciones de 1994 fueron el ejemplo de civismo que nos ayudó a lavar la imagen internacional de Panamá, ello se debió al concurso de todos los factores que he mencionado. El país, toda la sociedad panameña contribuyó. Eso no debemos olvidarlo.
Pero el pasado es el pasado. Con las elecciones de 1994 dimos un gran paso adelante, pero su solo recuerdo no construye el futuro.
En la fecha en que este artículo ve la luz pública, estamos frente a los que pueden ser los 15 meses más importantes para el futuro de nuestra nación. Es bueno que lo tengamos presente. Y es más importante, aún, que pensemos cuál será nuestra participación es este decisivo periodo.
En primer lugar, es un hecho que el actual gobierno inspira mucha menos confianza que la administración anterior. Los antecedentes y ejecutorias de sus personeros más calificados, empeñados en una absurda y personalizada campaña reeleccionista indican a las claras que sus intenciones son muy diferentes. Así lo percibe la mayoría de los panameños, como lo demuestran las encuestas más recientes.
Las desorbitadas y multimillonarias campañas de propaganda oficial, el intento de monopolizar los medios de comunicación y el evidente deterioro de la independencia que debe existir entre los poderes del Estado, son causa de justificada alarma y fuente de preocupación ciudadana.
La comunidad tiene la percepción, por demás fundada, de que el "estilo" utilizado por la actual administración, para subordinar a otros órganos del Estado, no respetará la autonomía del tribunal Electoral. La airada reacción de algunos personeros del partido gobernante contra el reciente decreto que regula la propaganda sobre el CMA o el anterior sobre la presencia de propaganda política en actos oficiales, evidencia que la batalla apenas se inicia y que recrudecerá, a medida que se vaya caldeando el ambiente político.
En segundo lugar, a pesar de que su presidente, en el encuentro que menciono, ratificó la independencia del Tribunal, o por lo menos la suya, es evidente que las declaraciones no bastan.
Todos recordamos que hace algunos meses, el mismo magistrado cometió el desliz de afirmar que si el actual mandatario volviera a ser postulado para las elecciones de 1999, no tendría que separarse de la presidencia. Y, ayer, nada más, nos vuelve a sorprender con declaraciones, a mi juicio apresuradas, sobre las acciones que el Tribunal podría tomar en relación con el fallo dictado por el Tribunal de Honor del Partido Molirena.
Para ser objetivo, me parece que la intención del magistrado fuera la de adelantar su juicio sobre el caso, pero no es menos cierto que sus expresiones dan pábulo a las tergiversaciones.
El Tribunal Electoral, después de caer en el mayor de los desprestigios por su conducta en el proceso electoral de 1989, recuperó imagen en el torneo de 1994, pero a sus actuales integrantes, o por lo menos a dos de ellos, no se les escapa que su nivel de credibilidad ha descendido y que muchos sectores de la vida nacional los miran con sospecha.
En tercer lugar, como ya he dicho muchas veces, el Tribunal Electoral, por sí solo, no determinará que las consultas electorales de este año y las elecciones de 1999 reediten el ejercicio democrático de 1994, pero su conducta influirá enormemente.
Soy un firme convencido que la trnasparencia y eficacia de las próximas consultas populares dependerá principalmente, y por encima de la conducta del gobierno o de las actuaciones del Tribunal Electoral, de que el resto de la sociedad panameña asuma, nuevamente, la vigilancia militante que tuvo en 1994.
El Círculo de Columnistas invitó el pasado 14 de enero a los magistrados del Tribunal Electoral, acudieron dos de ellos, para conocer los planes de esa corporación sobre las tres consultas populares que deberán realizarse este y el próximo año, cuyo desarrollo y resultados determinarán, sin exageraciones eufemísticas, la suerte de nuestra todavía muy incipiente democracia.
Aunque en forma breve, un poco de historia.
En mayo de 1989, el pueblo panameño sepultó bajo una avalancha de votos las intenciones de la dictadura de repetir el fraude electoral de 1984, pero con la complicidad de un tribunal electoral al servicio de los cuarteles los comicios fueron anulados. Sólo después del trauma de la invasión norteamericana, en diciembre de ese año 1989, los candidatos ganadores pudieron asumir el ejecicio del poder que habían ganado legítimamente y debían haber inagurado el 1 de septiembre anterior.
Aquí es opotuno que no se olvide cuál fue el papel que entonces jugaron algunos de los actuales gobernantes y promotores del proyecto de reelección presidencial. Yo no recuerdo que ninguno de ellos levantara su voz de protesta contra la anulación de las elecciones.
Desde el inicio de su gestión, la administración que presidió Guillermo Endara manifestó su intención de devolver al pueblo el derecho de elegir y de garantizar la realización de un torneo electoral ejemplar.
La administración de la ADOCivilista, y muy especialmente el presidente Endara, cumplieron su compromiso. El gobierno fue neutral, no hubo candidatos oficiales. No se permitió el uso de los recursos del Estado para favorecer candidatos y al Tribunal Electoral se le dieron todos los recursos y el apoyo necesario para que cumpliera su misión.
Además del compromiso de la anterior administración, llevado hasta sus últimas consecuencias, otros factores concurrieron para que las elecciones de 1994 fueran las más honestas y transparentes de nuestra historia republicana. Los partidos políticos, la sociedad civil organizada, los medios de comunicación, la ciudadanía en general, y el Tribunal Electoral cumplieron su papel.
Nunca he estimado los méritos que correspondieron a quienes, entonces, integraban el Tribunal Electoral, aunque creo que en algunos momentos se exageró su protagonismo. Si las elecciones de 1994 fueron el ejemplo de civismo que nos ayudó a lavar la imagen internacional de Panamá, ello se debió al concurso de todos los factores que he mencionado. El país, toda la sociedad panameña contribuyó. Eso no debemos olvidarlo.
Pero el pasado es el pasado. Con las elecciones de 1994 dimos un gran paso adelante, pero su solo recuerdo no construye el futuro.
En la fecha en que este artículo ve la luz pública, estamos frente a los que pueden ser los 15 meses más importantes para el futuro de nuestra nación. Es bueno que lo tengamos presente. Y es más importante, aún, que pensemos cuál será nuestra participación es este decisivo periodo.
En primer lugar, es un hecho que el actual gobierno inspira mucha menos confianza que la administración anterior. Los antecedentes y ejecutorias de sus personeros más calificados, empeñados en una absurda y personalizada campaña reeleccionista indican a las claras que sus intenciones son muy diferentes. Así lo percibe la mayoría de los panameños, como lo demuestran las encuestas más recientes.
Las desorbitadas y multimillonarias campañas de propaganda oficial, el intento de monopolizar los medios de comunicación y el evidente deterioro de la independencia que debe existir entre los poderes del Estado, son causa de justificada alarma y fuente de preocupación ciudadana.
La comunidad tiene la percepción, por demás fundada, de que el "estilo" utilizado por la actual administración, para subordinar a otros órganos del Estado, no respetará la autonomía del tribunal Electoral. La airada reacción de algunos personeros del partido gobernante contra el reciente decreto que regula la propaganda sobre el CMA o el anterior sobre la presencia de propaganda política en actos oficiales, evidencia que la batalla apenas se inicia y que recrudecerá, a medida que se vaya caldeando el ambiente político.
En segundo lugar, a pesar de que su presidente, en el encuentro que menciono, ratificó la independencia del Tribunal, o por lo menos la suya, es evidente que las declaraciones no bastan.
Todos recordamos que hace algunos meses, el mismo magistrado cometió el desliz de afirmar que si el actual mandatario volviera a ser postulado para las elecciones de 1999, no tendría que separarse de la presidencia. Y, ayer, nada más, nos vuelve a sorprender con declaraciones, a mi juicio apresuradas, sobre las acciones que el Tribunal podría tomar en relación con el fallo dictado por el Tribunal de Honor del Partido Molirena.
Para ser objetivo, me parece que la intención del magistrado fuera la de adelantar su juicio sobre el caso, pero no es menos cierto que sus expresiones dan pábulo a las tergiversaciones.
El Tribunal Electoral, después de caer en el mayor de los desprestigios por su conducta en el proceso electoral de 1989, recuperó imagen en el torneo de 1994, pero a sus actuales integrantes, o por lo menos a dos de ellos, no se les escapa que su nivel de credibilidad ha descendido y que muchos sectores de la vida nacional los miran con sospecha.
En tercer lugar, como ya he dicho muchas veces, el Tribunal Electoral, por sí solo, no determinará que las consultas electorales de este año y las elecciones de 1999 reediten el ejercicio democrático de 1994, pero su conducta influirá enormemente.
Soy un firme convencido que la trnasparencia y eficacia de las próximas consultas populares dependerá principalmente, y por encima de la conducta del gobierno o de las actuaciones del Tribunal Electoral, de que el resto de la sociedad panameña asuma, nuevamente, la vigilancia militante que tuvo en 1994.
