Tributos de la política vs.Política tributaria

Nubarrones de recesión van asomando en el horizonte, pero durante esta campaña política la economía sigue huérfana de protagonismo. En el debate del 17 de marzo, Balbina Herrera y Ricardo Martinelli reiteraron un sinnúmero de promesas electorales que se traducen en niveles astronómicos de gasto e inversión. Ambos postergaron los detalles sobre cómo mejorar las condiciones fiscales que les permitan cumplir, sin sobrepasar nuestros topes de endeudamiento, con tantos compromisos multimillonarios en tiempos difíciles.

Los candidatos nos abruman con su exuberante prodigalidad para gastar los limitados recursos del Estado. No hay fondos públicos ni impuestos que alcancen para financiar semejantes promesas. Por más “botellas” que propongan romper en un futuro gobierno, sus discursos continúan dando la espalda al equilibrio, al ahorro y a la moderación fiscal.

El plan de gobierno de Martinelli adelanta ciertas innovaciones en materia tributaria. Una es de carácter formal: la eliminación del Cálculo Alternativo del Impuesto sobre la Renta (CAIR). Este no es un impuesto sino un método para prevenir la evasión fiscal que resulta notoriamente engorroso para los contribuyentes afectados. Aunque su impacto inflacionario, ocasionado por las recaudaciones que genera, es insignificante, el impopular CAIR daría paso a algún mecanismo perfeccionado de supervisión.

Otra novedad tributaria otorgaría “un crédito fiscal de $600.00 [sic] anuales por hijo o dependiente que esté estudiando en escuela privada”, una aplicación del concepto de “vales escolares”. Exitoso en varios países pero rechazado por gremios magisteriales, dicho concepto busca incrementar la competitividad entre la educación pública y la particular, fortaleciendo el derecho de los padres de familia a escoger entre una y otra con el aporte económico del Estado.

Sin embargo, esta propuesta no parece bien estructurada, pues solo beneficiaría a quienes ya disponen de los recursos para pagar una educación particular y por ende no tienen dificultad en seleccionar la educación que prefieran.

Un crédito fiscal sería contrario a esa misma libertad de escoger, favoreciendo a cualquier educación particular por más insuficiente que fuera, por encima de los niveles de enseñanza pública, en especial de aquellos que el Estado tiene la obligación constitucional de ofrecer a cada estudiante.

Por otro lado, la propuesta de bajar la tasa máxima de impuesto sobre la renta de las personas naturales de 27% a 20% es bienvenida. Pero no queda claro cuál sería la renta sustitutiva que financiaría la diferencia en el Presupuesto General del Estado. El artículo 276 de nuestra Constitución prohíbe a la Asamblea Nacional derogar o modificar las leyes que establezcan los ingresos comprendidos en el Presupuesto, sin crear simultáneamente rentas sustitutivas o aumentar las existentes.

¿Se aumentaría el ITBMS de 5% a 8 ó 10%, como ejemplo? El plan guarda silencio.

Queda pendiente analizar el impuesto único sobre la renta "para las empresas", o “flat tax”, en apariencia la propuesta más controversial.