Un asilo inmerecido
Hace año y medio resido en el hermoso y legendario Perú, país al cual me encuentro muy unida a través de fuertes raíces familiares y donde conservo excelentes amigos desde hace bastante tiempo.
Durante mi estadía en la capital peruana he podido observar de cerca la grave crisis política que enfrenta la nación, situación que sin duda se agravó a raíz de la celebración de los accidentados comicios de abril y junio que originaron multitudinarias protestas y que derivó en el reciente anuncio del presidente Fujimori de desactivar el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) y de convocar a nuevas elecciones.
No obstante, la mayoría de peruanos sabe que estas decisiones no fueron tomadas por un deseo de acabar con la crisis cada vez más aguda, sino porque era lo que se imponía luego de la difusión del vídeo donde se ve claramente al hoy ex-jefe del SIN, Vladimiro Montesinos entregándole 15 mil dólares a un recién electo congresista de oposición para que se pasara a las filas del oficialismo.
Lejos de explicar a la opinión pública qué medidas correctivas serían aplicadas y cuál era el status actual de Montesinos, las autoridades gubernamentales asumieron una actitud de misterio e incertidumbre que no contribuía a calmar los exaltados ánimos de un pueblo cansado de las injusticias.
Así estaban las cosas cuando el pasado sábado la ciudad de Lima amaneció con la noticia de que el gobierno de Alberto Fujimori había solicitado al de Mireya Moscoso asilo político para el ex jefe del SIN.
Como ciudadana panameña y profesional de la comunicación no puedo negar la gran preocupación que causó en mí esta información, que de inmediato me motivó a reflexionar en torno a esta grave situación.
Como todos sabemos, el derecho de asilo es una institución de carácter humanitario para perseguidos políticos y no para quienes tienen procesos judiciales, como es el caso de Montesinos.
Prueba de ello es que la pasada semana miembros del gabinete y autoridades judiciales anunciaron el inicio de una investigación sobre el acto de corrupción proyectado por las estaciones televisivas. Inclusive se informó que tanto Montesinos como el congresista sobornado ya habían declarado ante el Ministerio Público, lo cual representaba la aceptación tácita del carácter común de los delitos.
Por supuesto que se trata de un tema muy complejo con muchas aristas, pero es indudable que en este caso existe un claro acto de corrupción que ha sido repudiado por la población peruana entera y que ha generado otros elementos que dan lugar a no pocas suspicacias.
¿Cómo entender que el propio gobierno sea el que pida asilo para uno de sus funcionarios?; ¿por qué el pedido no fue hecho por Montesinos a nivel de embajadas?; ¿a razón de qué se ha manejado el caso como un asunto oficial del Gobierno peruano en un escenario estrictamente internacional?
Desde que se dieron a conocer las supuestas negativas de otros países de conceder el asilo y las posteriores conversaciones con el Gobierno panameño para que lo aceptase, los medios peruanos han consultado con reconocidos constitucionalistas y diplomáticos locales que han rechazado tajantemente esta iniciativa por no cumplirse las condiciones necesarias para aplicar la figura.
Mientras transcurrían las horas yo seguía cuestionándome: ¿por qué Panamá tiene que ser conocido como el paraíso para gobernantes y dictadores repudiados en sus países de origen?; ¿no nos basta con los personajes de la política internacional que, lejos de mantener un perfil bajo y llevar una vida apacible, se dan la gran vida en nuestro territorio?; ¿acaso no hemos criticado situaciones similares cuando se trataba de oficiales de las Fuerzas de Defensa norieguistas que llegaron a otras naciones aduciendo ser "perseguidos politicos", cuando sabíamos perfectamente sus reales condiciones?
Después de haber vivido 21 años de dictadura en la cual se cometieron gran cantidad de abusos contra el pueblo panameño, me resistía a creer que el gobierno de la Sra. Moscoso estuviese siquiera considerando seriamente la posibilidad de acceder a tan irregular petición de su homólogo peruano.
Por otro lado, he tenido acceso a resultados de una encuesta realizada hace un par de semanas en Panamá por la empresa Dichter&Neira en la cual se evalúa la gestión del gobierno de Mireya Moscoso desde diversos ángulos, siendo uno de ellos "su eficiencia frente a la corrupción". Precisamente en este aspecto las cifras muestran que un 48.6% de los encuestados opina que la presidenta es poco eficiente combatiendo la corrupción gubernamental y el 22.2%, que es nada eficiente.
A la luz de estos datos que han debido ser analizados por el equipo de la Sra. Moscoso, me parecía un gran error darle asilo a una persona abiertamente acusada de corrupta en todas las dimensiones posibles (incluyendo una supuesta vinculación con trasiego de armas a guerrillas colombianas).
Confieso que sentí un profundo alivio al enterarme del rechazo inicial a estas pretensiones y no dudé en elogiar lo que consideraba una muy sabia decisión. Lastimosamente esta agradable sensación no duró mucho porque el domingo supimos que Montesinos había salido del país rumbo a Panamá, donde aguardaría la concesión de asilo -- esta vez territorial -- que estaba siendo reconsiderada a petición expresa de mandatarios del continente y del Secretario General de la OEA.
Entonces surgieron más interrogantes: ¿cuál es el interés de estos países en que este personaje permanezca precisamente en Panamá? Si tanto les preocupa la democracia peruana ¿por qué mejor no le ofrecen ellos sus territorios?; ¿o acaso será cierto el rumor de que Montesinos está empecinado en establecerse en Panamá porque allí tiene negocios y propiedades, lo cual le resulta económicamente conveniente? ... Y si esto último fuera exacto, ¿hasta dónde llega la prepotencia y el poder de este hombre que se atreve a exigir condiciones aun cuando se trata de asegurar su integridad personal?
La actuación del gobierno panameño que, al momento de redactar esta nota no había dado una respuesta definitiva, ha originado diversas reacciones en el pueblo peruano. Personalmente he recibido llamadas que me expresan desde gratitud por librar a la nación del "tío Vladi", hasta burlas y repudio por la debilidad de las autoridades panameñas (siendo mayoritarios estos últimos comentarios).
Entiendo el sentir de estas personas pues la idea que flota en el ambiente es que Montesinos ha evadido la justicia contando con apoyo del círculo militar, del gobierno fujimorista y del resto de naciones hemisféricas .... ¡Ah!, y eso sin mencionar que muchos medios presentan el hecho como "la fuga del delincuente al despreocupado y placentero país del trópico", versión que afecta la imagen de Panamá.
La mejor forma de garantizar el bienestar de la democracia en Perú consiste en hacer prevalecer la justicia y presionar a las autoridades a que muestren firmes señales de querer enmendar errores cometidos para alcanzar la ansiada reconciliación. Por consiguiente, no puedo aceptar que la única ayuda que pueda brindar Panamá, a este proceso, sea enlodando una vez más su imagen y, peor aún, promoviendo la impunidad a nivel internacional, esto sería una verdadera lástima.
Durante mi estadía en la capital peruana he podido observar de cerca la grave crisis política que enfrenta la nación, situación que sin duda se agravó a raíz de la celebración de los accidentados comicios de abril y junio que originaron multitudinarias protestas y que derivó en el reciente anuncio del presidente Fujimori de desactivar el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) y de convocar a nuevas elecciones.
No obstante, la mayoría de peruanos sabe que estas decisiones no fueron tomadas por un deseo de acabar con la crisis cada vez más aguda, sino porque era lo que se imponía luego de la difusión del vídeo donde se ve claramente al hoy ex-jefe del SIN, Vladimiro Montesinos entregándole 15 mil dólares a un recién electo congresista de oposición para que se pasara a las filas del oficialismo.
Lejos de explicar a la opinión pública qué medidas correctivas serían aplicadas y cuál era el status actual de Montesinos, las autoridades gubernamentales asumieron una actitud de misterio e incertidumbre que no contribuía a calmar los exaltados ánimos de un pueblo cansado de las injusticias.
Así estaban las cosas cuando el pasado sábado la ciudad de Lima amaneció con la noticia de que el gobierno de Alberto Fujimori había solicitado al de Mireya Moscoso asilo político para el ex jefe del SIN.
Como ciudadana panameña y profesional de la comunicación no puedo negar la gran preocupación que causó en mí esta información, que de inmediato me motivó a reflexionar en torno a esta grave situación.
Como todos sabemos, el derecho de asilo es una institución de carácter humanitario para perseguidos políticos y no para quienes tienen procesos judiciales, como es el caso de Montesinos.
Prueba de ello es que la pasada semana miembros del gabinete y autoridades judiciales anunciaron el inicio de una investigación sobre el acto de corrupción proyectado por las estaciones televisivas. Inclusive se informó que tanto Montesinos como el congresista sobornado ya habían declarado ante el Ministerio Público, lo cual representaba la aceptación tácita del carácter común de los delitos.
Por supuesto que se trata de un tema muy complejo con muchas aristas, pero es indudable que en este caso existe un claro acto de corrupción que ha sido repudiado por la población peruana entera y que ha generado otros elementos que dan lugar a no pocas suspicacias.
¿Cómo entender que el propio gobierno sea el que pida asilo para uno de sus funcionarios?; ¿por qué el pedido no fue hecho por Montesinos a nivel de embajadas?; ¿a razón de qué se ha manejado el caso como un asunto oficial del Gobierno peruano en un escenario estrictamente internacional?
Desde que se dieron a conocer las supuestas negativas de otros países de conceder el asilo y las posteriores conversaciones con el Gobierno panameño para que lo aceptase, los medios peruanos han consultado con reconocidos constitucionalistas y diplomáticos locales que han rechazado tajantemente esta iniciativa por no cumplirse las condiciones necesarias para aplicar la figura.
Mientras transcurrían las horas yo seguía cuestionándome: ¿por qué Panamá tiene que ser conocido como el paraíso para gobernantes y dictadores repudiados en sus países de origen?; ¿no nos basta con los personajes de la política internacional que, lejos de mantener un perfil bajo y llevar una vida apacible, se dan la gran vida en nuestro territorio?; ¿acaso no hemos criticado situaciones similares cuando se trataba de oficiales de las Fuerzas de Defensa norieguistas que llegaron a otras naciones aduciendo ser "perseguidos politicos", cuando sabíamos perfectamente sus reales condiciones?
Después de haber vivido 21 años de dictadura en la cual se cometieron gran cantidad de abusos contra el pueblo panameño, me resistía a creer que el gobierno de la Sra. Moscoso estuviese siquiera considerando seriamente la posibilidad de acceder a tan irregular petición de su homólogo peruano.
Por otro lado, he tenido acceso a resultados de una encuesta realizada hace un par de semanas en Panamá por la empresa Dichter&Neira en la cual se evalúa la gestión del gobierno de Mireya Moscoso desde diversos ángulos, siendo uno de ellos "su eficiencia frente a la corrupción". Precisamente en este aspecto las cifras muestran que un 48.6% de los encuestados opina que la presidenta es poco eficiente combatiendo la corrupción gubernamental y el 22.2%, que es nada eficiente.
A la luz de estos datos que han debido ser analizados por el equipo de la Sra. Moscoso, me parecía un gran error darle asilo a una persona abiertamente acusada de corrupta en todas las dimensiones posibles (incluyendo una supuesta vinculación con trasiego de armas a guerrillas colombianas).
Confieso que sentí un profundo alivio al enterarme del rechazo inicial a estas pretensiones y no dudé en elogiar lo que consideraba una muy sabia decisión. Lastimosamente esta agradable sensación no duró mucho porque el domingo supimos que Montesinos había salido del país rumbo a Panamá, donde aguardaría la concesión de asilo -- esta vez territorial -- que estaba siendo reconsiderada a petición expresa de mandatarios del continente y del Secretario General de la OEA.
Entonces surgieron más interrogantes: ¿cuál es el interés de estos países en que este personaje permanezca precisamente en Panamá? Si tanto les preocupa la democracia peruana ¿por qué mejor no le ofrecen ellos sus territorios?; ¿o acaso será cierto el rumor de que Montesinos está empecinado en establecerse en Panamá porque allí tiene negocios y propiedades, lo cual le resulta económicamente conveniente? ... Y si esto último fuera exacto, ¿hasta dónde llega la prepotencia y el poder de este hombre que se atreve a exigir condiciones aun cuando se trata de asegurar su integridad personal?
La actuación del gobierno panameño que, al momento de redactar esta nota no había dado una respuesta definitiva, ha originado diversas reacciones en el pueblo peruano. Personalmente he recibido llamadas que me expresan desde gratitud por librar a la nación del "tío Vladi", hasta burlas y repudio por la debilidad de las autoridades panameñas (siendo mayoritarios estos últimos comentarios).
Entiendo el sentir de estas personas pues la idea que flota en el ambiente es que Montesinos ha evadido la justicia contando con apoyo del círculo militar, del gobierno fujimorista y del resto de naciones hemisféricas .... ¡Ah!, y eso sin mencionar que muchos medios presentan el hecho como "la fuga del delincuente al despreocupado y placentero país del trópico", versión que afecta la imagen de Panamá.
La mejor forma de garantizar el bienestar de la democracia en Perú consiste en hacer prevalecer la justicia y presionar a las autoridades a que muestren firmes señales de querer enmendar errores cometidos para alcanzar la ansiada reconciliación. Por consiguiente, no puedo aceptar que la única ayuda que pueda brindar Panamá, a este proceso, sea enlodando una vez más su imagen y, peor aún, promoviendo la impunidad a nivel internacional, esto sería una verdadera lástima.
