Un "botín político"
Miedo. Incertidumbre. Angustia. Son algunos de los sentimientos que por estas horas invaden a muchos empleados públicos. Y no es para menos, porque la experiencia demuestra que cada proceso electoral define el ganador de un botín político que arrasa con la carrera administrativa.
Los hechos corroboran este círculo vicioso al que tanto temen los empleados, porque cada nuevo gobierno realiza designaciones masivas que luego son revisadas por el presidente que lo sucede en el poder.
El ex mandatario Ernesto Pérez Balladares, a pocos meses de entregar la presidencia, otorgó casi 10 mil acreditaciones a servidores públicos para ingresar a la Carrera Administrativa. Y no sería el único. Sólo en el Instituto Nacional de Cultura (INAC) el 31 de agosto de 1999, a pocas horas de entrar el nuevo Gobierno de Mireya Moscoso, se otorgaron 106 acreditaciones.
Y la historia no termina allí. La ministra de la Presidencia, Mirna Pitti anunció, a menos de un año de que finalice el actual gobierno, que se reactivará la Carrera Administrativa para otorgar 15 mil nuevas acreditaciones a los servidores públicos antes de que termine esta gestión.
De concretarse esta medida, los antecedentes permiten sospechar que será revisada por el nuevo gobierno que asuma el año próximo, sobre todo si no es del mismo color político que el actual. Así las cosas, la historia está por empezar, nuevamente.
En ese sentido, los números y argumentos oficiales poco tienen que ver con la apreciación de los gremios. Según el secretario general encargado de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Alfredo Berrocal, Guillermo Endara Galimani votó cerca de 20 mil funcionarios, aduciendo, "vinculaciones a una sonada golpista a la llegada del régimen post-invasión". Todo con base en la Ley 25 del 14 de diciembre de 1990.
A la ascensión de Pérez Balladares otros 10 mil probaron el amargo sabor del desempleo. Hoy, sin embargo, la situación se vislumbra más preocupante, sobre todo si se mira a través del cristal de FENASEP.
"La cuenta es de 25 mil a los que en términos populares, se les ha volteado la paila y vienen más", advierte el gremio.
El 27 de octubre de 1999, la mandataria Mireya Moscoso emitió el resuelto número 122 mediante el cual dejó sin efecto la Carrera Administrativa e inició la revisión de las 10 mil acreditaciones que otorgó Pérez Balladares a los servidores públicos.
Dos años tomó al Gobierno de Moscoso hacer las revisiones. "De las 10 mil acreditaciones, sólo alrededor del 27% se anularon, principalmente las que se otorgaron en el INAC", reveló una importante fuente a El Panamá América.
Según esos datos, de 10,148 acreditaciones que se revisaron, 2,826 se anularon en total. Mientras que, en las entidades descentralizadas, alrededor del 50 % de las acreditaciones fueron anuladas por la Dirección de Carrera Administrativa.
Como sucede cada vez que un gobierno comienza la retirada, la administra-ción pública aparece nuevamente en el centro de la escena. Los gremios ya lanzaron la voz de alerta. Están convencidos de que al calor de la política criolla el tema de los despidos seguirá cobrando fuerzas.
A varias instituciones del Estado se les tiene en la mira por denuncias recientes. Según interpreta Berrocal, todo parece indicar que se está acomodando la ley de carrera administrativa en perjuicio de quienes debieran ser sus beneficiarios.
El Panamá América intentó entrevistar a Alberto Guerra, director de la Carrera Administrativa pero su secretaria informó que se encontraba de viaje y que el lunes (ayer) se comunicaría con el periodico, cosa que no sucedió hasta el cierre de esta edicion.
Los hechos corroboran este círculo vicioso al que tanto temen los empleados, porque cada nuevo gobierno realiza designaciones masivas que luego son revisadas por el presidente que lo sucede en el poder.
El ex mandatario Ernesto Pérez Balladares, a pocos meses de entregar la presidencia, otorgó casi 10 mil acreditaciones a servidores públicos para ingresar a la Carrera Administrativa. Y no sería el único. Sólo en el Instituto Nacional de Cultura (INAC) el 31 de agosto de 1999, a pocas horas de entrar el nuevo Gobierno de Mireya Moscoso, se otorgaron 106 acreditaciones.
Y la historia no termina allí. La ministra de la Presidencia, Mirna Pitti anunció, a menos de un año de que finalice el actual gobierno, que se reactivará la Carrera Administrativa para otorgar 15 mil nuevas acreditaciones a los servidores públicos antes de que termine esta gestión.
De concretarse esta medida, los antecedentes permiten sospechar que será revisada por el nuevo gobierno que asuma el año próximo, sobre todo si no es del mismo color político que el actual. Así las cosas, la historia está por empezar, nuevamente.
En ese sentido, los números y argumentos oficiales poco tienen que ver con la apreciación de los gremios. Según el secretario general encargado de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Alfredo Berrocal, Guillermo Endara Galimani votó cerca de 20 mil funcionarios, aduciendo, "vinculaciones a una sonada golpista a la llegada del régimen post-invasión". Todo con base en la Ley 25 del 14 de diciembre de 1990.
A la ascensión de Pérez Balladares otros 10 mil probaron el amargo sabor del desempleo. Hoy, sin embargo, la situación se vislumbra más preocupante, sobre todo si se mira a través del cristal de FENASEP.
"La cuenta es de 25 mil a los que en términos populares, se les ha volteado la paila y vienen más", advierte el gremio.
El 27 de octubre de 1999, la mandataria Mireya Moscoso emitió el resuelto número 122 mediante el cual dejó sin efecto la Carrera Administrativa e inició la revisión de las 10 mil acreditaciones que otorgó Pérez Balladares a los servidores públicos.
Dos años tomó al Gobierno de Moscoso hacer las revisiones. "De las 10 mil acreditaciones, sólo alrededor del 27% se anularon, principalmente las que se otorgaron en el INAC", reveló una importante fuente a El Panamá América.
Según esos datos, de 10,148 acreditaciones que se revisaron, 2,826 se anularon en total. Mientras que, en las entidades descentralizadas, alrededor del 50 % de las acreditaciones fueron anuladas por la Dirección de Carrera Administrativa.
Como sucede cada vez que un gobierno comienza la retirada, la administra-ción pública aparece nuevamente en el centro de la escena. Los gremios ya lanzaron la voz de alerta. Están convencidos de que al calor de la política criolla el tema de los despidos seguirá cobrando fuerzas.
A varias instituciones del Estado se les tiene en la mira por denuncias recientes. Según interpreta Berrocal, todo parece indicar que se está acomodando la ley de carrera administrativa en perjuicio de quienes debieran ser sus beneficiarios.
El Panamá América intentó entrevistar a Alberto Guerra, director de la Carrera Administrativa pero su secretaria informó que se encontraba de viaje y que el lunes (ayer) se comunicaría con el periodico, cosa que no sucedió hasta el cierre de esta edicion.
