Un compromiso con Colón
He insistido en la idea de que los problemas socioeconómicos de Colón deben ser elevados al ámbito de Estado. En los últimos meses, el Estado ha generado una expectativa sobre el futuro del proyecto denominado Centro Multimodal e Industrial de Servicios Internacionales (CEMIS). Los componentes del proyecto son complementos al complejo de infraestructuras de comercio y servicios internacionales existentes que conforman la base material del modelo económico de desarrollo vigente en esta región del país, que de hecho, es determinante en el funcionamiento del sector de comercio y servicios en el resto de la economía nacional.
A 52 años de su creación, la Zona Libre de Colón ha alcanzado su madurez económica y ha agotado su capacidad generadora de empleo. Este hecho innegable parece haber inducido la búsqueda de alternativas urgentes que permitan aprovechar las ventajas comparativas que oferta la posición geográfica, los recursos ociosos, y toda la infraestructura material y económica existente para la generación de proyectos de inversión que a la vez que prometan la generación masiva de empleos pueda convertirnos en la plataforma de exportación de toda América.
El desarrollo de un moderno complejo industrial y la construcción de un centro aeroportuario internacional para el manejo de carga y pasajeros son tareas necesarias y pendientes que han limitado la competitividad comercial de las empresas instaladas en la Zona Libre de Colón, no han permitido una mayor rentabilidad del sistema de transporte, ni explotar nuestra ventaja como plataforma de exportación para incursionar en la cadena de producción de bienes de alta tecnología y gran demanda en el mercado internacional.
Después trazados los objetivos y recorrido un largo trecho, repleto de estudios, trámites administrativos, formalidades legales y propuestas para la ejecución del proyecto, y mientras el Gobierno presenta a los colonenses el desarrollo del Centro Multimodal como alternativa a la falta de inversiones públicas y privadas en la región, ha surgido una controversia por el contenido del contrato presentado ante el Legislativo para su aprobación, y quienes en primera instancia apoyaron el proyecto, hoy manifiestan inconformidades legítimas, pero que nos presentan como insalvables y exigen la no-aprobación del mismo, dejando a Colón y los colonenses entre la espada y la pared.
A pesar de la polémica existente, pareciera no estar en discusión la conveniencia o no de explotar las facilidades aeroportuarias ni el desarrollo de una zona industrial que complemente la actividad comercial y de servicios de la Zona Libre de Colón que, sumado a las ventajas del Canal de Panamá y su posible expansión, el ferrocarril transístmico y sus interconexiones a las facilidades de los puertos marítimos, la existencia de un centro bancario internacional, la infraestructura del conglomerado de empresas de seguros y reaseguros, la eventual implementación de los centros de llamadas internacionales o "Call Centers" y el desarrollo de un polo de un moderno centro de atracciones turísticas con puertos de cruceros y hoteles, conformarían el centro de comercio y servicios más completo de América.
Otros sectores apoyan el proyecto, pero se oponen a lo que consideran privilegios o concesiones excesivas, y manifiestan su interés en su desarrollo, pero piden la modificación del contrato en algunos aspectos. De lo que se trata es de enfrentar con madurez y objetividad el reto. Si el estado actual de cosas permite cierta inconformidad, es preciso dar luces sobre los puntos de discordia y corregirlos. Ese es el espíritu de este escrito.
Definitivamente el período de concesión debe ser reducido y los términos del contrato revisados al momento de su renovación sobre la base de normas de cumplimiento y la realidad económica nacional como se hace con Refinería Panamá y otras empresas. Las actividades que no sean propias de un área de comercio internacional no pueden ser permitidas, mucho menos si están llamadas a competir con el comercio y los servicios locales.
Hay que limitar la posibilidad de que los incentivos otorgados al consorcio puedan ser traspasados unilateral e ilimitadamente a las empresas contratistas y usuarios del proyecto. Esto debe ser regulado y debe formar parte del contenido del contrato.
El Estado debe otorgar seguridad jurídica a los inversionistas, permanencia en las reglas del juego, pero no puede renunciar, limitar o condicionar su derecho soberano de otorgar o crear nuevos incentivos para la atracción de otros inversionistas a las exigencias de un contrato o de un sector económico en particular. Este principio también es aplicable a las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón.
Es preciso que el contrato tenga una expresión de beneficios sociales, particularmente en materia de empleo debe promoverse alguna norma técnica o algún tipo de medida que incentive la contratación de personal residente en Colón. Adicionalmente las rentas, alquileres, tasas, derechos e impuestos resultantes de la ejecución del contrato deben ser redistribuidas beneficiando en mayor medida la economía regional.
Muchas otras serán las recomendaciones que permitan mejorar o limitar el alcance del proyecto, pero en independencia de los argumentos a favor o en contra, lo único que los profesionales y desempleados colonenses no podemos permitir al Ejecutivo ni al Legislativo es que en medio de presiones económicas o enfrentamientos políticos se pierda la oportunidad de garantizar una inversión de al menos 400 millones de dólares en Colón que permitirá la creación de nuevas plazas de empleo, la generación de un mayor nivel de actividad económica y en consecuencia mayores ingresos.
Lo correcto es que luego del debate público, el Ejecutivo en común acuerdo con la parte contratante, haga las modificaciones al contrato que manteniendo los incentivos a la inversión garanticen la rentabilidad del patrimonio del Estado, para luego solicitar su aprobación en la Asamblea.
A 52 años de su creación, la Zona Libre de Colón ha alcanzado su madurez económica y ha agotado su capacidad generadora de empleo. Este hecho innegable parece haber inducido la búsqueda de alternativas urgentes que permitan aprovechar las ventajas comparativas que oferta la posición geográfica, los recursos ociosos, y toda la infraestructura material y económica existente para la generación de proyectos de inversión que a la vez que prometan la generación masiva de empleos pueda convertirnos en la plataforma de exportación de toda América.
El desarrollo de un moderno complejo industrial y la construcción de un centro aeroportuario internacional para el manejo de carga y pasajeros son tareas necesarias y pendientes que han limitado la competitividad comercial de las empresas instaladas en la Zona Libre de Colón, no han permitido una mayor rentabilidad del sistema de transporte, ni explotar nuestra ventaja como plataforma de exportación para incursionar en la cadena de producción de bienes de alta tecnología y gran demanda en el mercado internacional.
Después trazados los objetivos y recorrido un largo trecho, repleto de estudios, trámites administrativos, formalidades legales y propuestas para la ejecución del proyecto, y mientras el Gobierno presenta a los colonenses el desarrollo del Centro Multimodal como alternativa a la falta de inversiones públicas y privadas en la región, ha surgido una controversia por el contenido del contrato presentado ante el Legislativo para su aprobación, y quienes en primera instancia apoyaron el proyecto, hoy manifiestan inconformidades legítimas, pero que nos presentan como insalvables y exigen la no-aprobación del mismo, dejando a Colón y los colonenses entre la espada y la pared.
A pesar de la polémica existente, pareciera no estar en discusión la conveniencia o no de explotar las facilidades aeroportuarias ni el desarrollo de una zona industrial que complemente la actividad comercial y de servicios de la Zona Libre de Colón que, sumado a las ventajas del Canal de Panamá y su posible expansión, el ferrocarril transístmico y sus interconexiones a las facilidades de los puertos marítimos, la existencia de un centro bancario internacional, la infraestructura del conglomerado de empresas de seguros y reaseguros, la eventual implementación de los centros de llamadas internacionales o "Call Centers" y el desarrollo de un polo de un moderno centro de atracciones turísticas con puertos de cruceros y hoteles, conformarían el centro de comercio y servicios más completo de América.
Otros sectores apoyan el proyecto, pero se oponen a lo que consideran privilegios o concesiones excesivas, y manifiestan su interés en su desarrollo, pero piden la modificación del contrato en algunos aspectos. De lo que se trata es de enfrentar con madurez y objetividad el reto. Si el estado actual de cosas permite cierta inconformidad, es preciso dar luces sobre los puntos de discordia y corregirlos. Ese es el espíritu de este escrito.
Definitivamente el período de concesión debe ser reducido y los términos del contrato revisados al momento de su renovación sobre la base de normas de cumplimiento y la realidad económica nacional como se hace con Refinería Panamá y otras empresas. Las actividades que no sean propias de un área de comercio internacional no pueden ser permitidas, mucho menos si están llamadas a competir con el comercio y los servicios locales.
Hay que limitar la posibilidad de que los incentivos otorgados al consorcio puedan ser traspasados unilateral e ilimitadamente a las empresas contratistas y usuarios del proyecto. Esto debe ser regulado y debe formar parte del contenido del contrato.
El Estado debe otorgar seguridad jurídica a los inversionistas, permanencia en las reglas del juego, pero no puede renunciar, limitar o condicionar su derecho soberano de otorgar o crear nuevos incentivos para la atracción de otros inversionistas a las exigencias de un contrato o de un sector económico en particular. Este principio también es aplicable a las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón.
Es preciso que el contrato tenga una expresión de beneficios sociales, particularmente en materia de empleo debe promoverse alguna norma técnica o algún tipo de medida que incentive la contratación de personal residente en Colón. Adicionalmente las rentas, alquileres, tasas, derechos e impuestos resultantes de la ejecución del contrato deben ser redistribuidas beneficiando en mayor medida la economía regional.
Muchas otras serán las recomendaciones que permitan mejorar o limitar el alcance del proyecto, pero en independencia de los argumentos a favor o en contra, lo único que los profesionales y desempleados colonenses no podemos permitir al Ejecutivo ni al Legislativo es que en medio de presiones económicas o enfrentamientos políticos se pierda la oportunidad de garantizar una inversión de al menos 400 millones de dólares en Colón que permitirá la creación de nuevas plazas de empleo, la generación de un mayor nivel de actividad económica y en consecuencia mayores ingresos.
Lo correcto es que luego del debate público, el Ejecutivo en común acuerdo con la parte contratante, haga las modificaciones al contrato que manteniendo los incentivos a la inversión garanticen la rentabilidad del patrimonio del Estado, para luego solicitar su aprobación en la Asamblea.
