Un mundo libre de minas
En el marco de la I Conferencia de Examen de la Convención de Ottawa que tendrá lugar en Nairobi del 29 de noviembre al 3 de diciembre, líderes de 143 países, el Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales debatirán sobre los avances frente a los compromisos que asumieron los Estados de cooperar financiera y materialmente en las tareas de limpieza de explosivos sin detonar como en la asistencia para la rehabilitación de víctimas.
La comunidad internacional y la sociedad civil de los Estados Miembros se han movilizado para enfrentar la problemática derivada frente a los 110 millones de minas diseminadas en el mundo, que por acción del hombre representan un peligro letal para la población civil, no sólo por la muerte fulminante sino por los estragos generados por las mutilaciones, que distraen extraordinarios recursos en la rehabilitación.
La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción se firmó el 3 de diciembre de 1997 y entró en vigor el 1 de marzo de 1999. Hasta octubre de este año, de los 152 países que la habían firmado, 143 la han ratificado; sin embargo, la universalización de esta convención podría favorecerse con la adhesión de países importantes como China, Rusia, la India, Pakistán y Estados Unidos, acorde con la campaña mundial que impulsa el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
La Convención de Ottawa entiende por mina antipersonal: "Toda mina concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que incapacite, hiera o mate a una o más personas". Pero, para los estrategas militares, estos letales artefactos son una extraordinaria arma defensiva diseñadas para soportar las inclemencias del tiempo y su peligro potencial reside en que son vigilantes de tiempo completo en el acecho de sus víctimas, pues pueden permanecer activados durante más de 50 años. Irónicamente, estamos en presencia de un siniestro sistema de vigilancia barato con alto poder destructivo que no discrimina a sus víctimas; mientras que su producción no sobrepasa los tres dólares por unidad; su extracción podría costar hasta mil dólares cada una.
Ante estas circunstancias, se impone la racionalidad y la manifestación de voluntad política de los gobiernos para destruir los arsenales, detener su fabricación y comercialización como para participar en los esfuerzos de Naciones Unidas para erradicar esta secuela de muerte.
Panamá, que por mandato constitucional no tiene ejército, ha cumplido con su compromiso internacional de prohibir la producción, uso y almacenamiento de minas y siempre se ha identificado con los propósitos de su prohibición mundial como a favor de la eliminación permanente de las minas terrestres, porque constituyen una terrible amenaza para la humanidad, agravado por los costos económicos y sociales que representa su erradicación a largo plazo, dado que los países fabricantes se niegan a dar aportes económicos al fondo de Naciones Unidas destinado a financiar las tareas de limpieza y extracción.
En Panamá funciona la Comisión Nacional Permanente para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario integrada por varias instituciones, de cuyos deberes se desprende la difusión de medidas para apoyar la acción en contra de las minas antipersonales con el fin de darle un carácter universal a la aplicación de la Convención de Ottawa de la forma más eficaz. Precisamente cuando, 68 países en el mundo se encuentran amenazados por la contaminación de campos minados, tal como revelan cifras por accidentes en Camboya, Viet Nam, Laos, Afganistán, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Irak, Angola y Ruanda.
Esta dramática realidad no es ajena a nuestro entorno, por lo que no se descartan la existencia de campos minados como secuela del conflicto civil que vive Colombia desde hace 40 años, precisamente en zonas fronterizas donde la presencia oficial de ambos países es inexistente. La ceremonia simbólica del pasado 25 de octubre en Colombia, en el que ocho mil 460 minas antipersonales fueron detonadas, nos revela que tanto el ejército como los grupos paramilitares y la guerrilla deben destruir ese tipo de armas y deben contribuir a la extracción de las mismas para evitar víctimas inocentes.
Nuestro país se enfrenta a la disyuntiva de reclamar la urgente limpieza de los polígonos de tiro y áreas de entrenamiento militar, que constituyen potenciales trampas de muerte para los campesinos; por lo que será menester recurrir a la diplomacia bilateral y la multilateral para solicitar asistencia técnica de Naciones Unidas en esta delicada y peligrosa tarea que se ha iniciado con éxito en Colombia, Nicaragua y Viet Nam.
La comunidad internacional y la sociedad civil de los Estados Miembros se han movilizado para enfrentar la problemática derivada frente a los 110 millones de minas diseminadas en el mundo, que por acción del hombre representan un peligro letal para la población civil, no sólo por la muerte fulminante sino por los estragos generados por las mutilaciones, que distraen extraordinarios recursos en la rehabilitación.
La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción se firmó el 3 de diciembre de 1997 y entró en vigor el 1 de marzo de 1999. Hasta octubre de este año, de los 152 países que la habían firmado, 143 la han ratificado; sin embargo, la universalización de esta convención podría favorecerse con la adhesión de países importantes como China, Rusia, la India, Pakistán y Estados Unidos, acorde con la campaña mundial que impulsa el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
La Convención de Ottawa entiende por mina antipersonal: "Toda mina concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que incapacite, hiera o mate a una o más personas". Pero, para los estrategas militares, estos letales artefactos son una extraordinaria arma defensiva diseñadas para soportar las inclemencias del tiempo y su peligro potencial reside en que son vigilantes de tiempo completo en el acecho de sus víctimas, pues pueden permanecer activados durante más de 50 años. Irónicamente, estamos en presencia de un siniestro sistema de vigilancia barato con alto poder destructivo que no discrimina a sus víctimas; mientras que su producción no sobrepasa los tres dólares por unidad; su extracción podría costar hasta mil dólares cada una.
Ante estas circunstancias, se impone la racionalidad y la manifestación de voluntad política de los gobiernos para destruir los arsenales, detener su fabricación y comercialización como para participar en los esfuerzos de Naciones Unidas para erradicar esta secuela de muerte.
Panamá, que por mandato constitucional no tiene ejército, ha cumplido con su compromiso internacional de prohibir la producción, uso y almacenamiento de minas y siempre se ha identificado con los propósitos de su prohibición mundial como a favor de la eliminación permanente de las minas terrestres, porque constituyen una terrible amenaza para la humanidad, agravado por los costos económicos y sociales que representa su erradicación a largo plazo, dado que los países fabricantes se niegan a dar aportes económicos al fondo de Naciones Unidas destinado a financiar las tareas de limpieza y extracción.
En Panamá funciona la Comisión Nacional Permanente para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario integrada por varias instituciones, de cuyos deberes se desprende la difusión de medidas para apoyar la acción en contra de las minas antipersonales con el fin de darle un carácter universal a la aplicación de la Convención de Ottawa de la forma más eficaz. Precisamente cuando, 68 países en el mundo se encuentran amenazados por la contaminación de campos minados, tal como revelan cifras por accidentes en Camboya, Viet Nam, Laos, Afganistán, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Irak, Angola y Ruanda.
Esta dramática realidad no es ajena a nuestro entorno, por lo que no se descartan la existencia de campos minados como secuela del conflicto civil que vive Colombia desde hace 40 años, precisamente en zonas fronterizas donde la presencia oficial de ambos países es inexistente. La ceremonia simbólica del pasado 25 de octubre en Colombia, en el que ocho mil 460 minas antipersonales fueron detonadas, nos revela que tanto el ejército como los grupos paramilitares y la guerrilla deben destruir ese tipo de armas y deben contribuir a la extracción de las mismas para evitar víctimas inocentes.
Nuestro país se enfrenta a la disyuntiva de reclamar la urgente limpieza de los polígonos de tiro y áreas de entrenamiento militar, que constituyen potenciales trampas de muerte para los campesinos; por lo que será menester recurrir a la diplomacia bilateral y la multilateral para solicitar asistencia técnica de Naciones Unidas en esta delicada y peligrosa tarea que se ha iniciado con éxito en Colombia, Nicaragua y Viet Nam.
