Un peligro real
El fenómeno históricamente no es nuevo, cada vez que un estado de situaciones y necesidades sugieren o plantean los caminos del cambio y el progreso, nos encontraremos con sectores o fuerzas que oponen resistencia, argumentándose razones variadas, algunas de ellas por falta adecuada de un análisis del entorno que nos rodea, otras por mediaciones ideológicas y políticas de una memoria histórica, que se resiste entender que la realidad ha cambiado y que el discurso no puede ser el que sirvió a propósitos y reivindicaciones del pasado.
Un observador que procure objetividad, podrá constatar el poder que ostentan las organizaciones que tutelan y controlan el mundo de la actividad delictiva, sobre todo las que se articulan al narcotráfico y delitos conexos, como son los propios del mercado negro de venta y distribución de armas, lo mismo que el blanqueo de capitales y la nefasta contracultura del pandillerismo.
Muy a pesar de los esfuerzos, de nuestros organismos de seguridad, para contrarrestar esta realidad, la misma da cuenta de algunas deficiencias, lo que obliga a recomponer las nomenclaturas aludidas de tal suerte que cuenten con mayor capacidad operativa y organizativa para cumplir con el mandato constitucional de proteger la vida y bienes de los que habitamos el territorio.
Hemos, en conjunto con distinguidos juristas, analizado los alcances de la propuesta de decretos leyes de seguridad democrática-ciudadana, y no hemos encontrado posibilidad de resurgimiento de militarismo alguno. Todo lo contrario, las propuestas de decretos leyes, enfatizan el mandato relativo al pleno cumplimiento y protección de los derechos humanos y a la dignidad de la persona, plena subordinación a las autoridades civiles y el compromiso de crear dentro del Ministerio de Gobierno y Justicia, la Dirección de Defensa de los Derechos Humanos.
