Un plan para reducir el crimen
La mayoría de los legisladores de la pasada Asamblea, no respaldó el paquete de leyes que pretendía endurecer las penas a menores y adultos, declarando en esa ocasión el actual presidente del Legislativo, Jerry Wilson, que las medidas que se lleguen a tomar sobre criminalidad y seguridad ciudadana deben ser integrales, consultadas por expertos, para no actuar a la ligera creando normas que no resuelvan un fenómeno multifactorial.
Creo que ha sido el análisis más serio y científico de la Asamblea Legislativa, pero apenas es el comienzo para visualizar el fenómeno criminal, porque Panamá constituye un universo complejo en el que se reúnen espacios urbanos diversos, en función de múltiples variables demográficas, políticas, económicas y culturales. Resulta difícil aislar las dinámicas de la seguridad urbana con respecto al conjunto del país.
Partiendo de ello, es que vengo planteando desde hace años la ejecución de un Plan Nacional de Política Criminal a través de la creación de la Dirección Nacional de Política Criminal, porque en el universo de componentes que involucra la problemática criminal, hay que diagnosticar los cuatro ejes fundamentales en que se dinamiza el Estado para salvaguardar la paz y la seguridad ciudadana: 1. Los encargados de ejecutar planes de prevención del delito; 2. Los estamentos de investigación del delito; 3. La administración de justicia; 4. Las identidades encargadas del tratamiento y custodia de los detenidos, y los organismos civiles con la participación ciudadana.
Atendiendo el primer eje, observamos que la familia panameña, generalmente, la conforman hogares disfuncionales; es decir, sólo cuentan con un adulto responsable, producto de la cantidad de divorcios y de padres irresponsables, a su vez ahogados en una crisis de valores que inciden en su desintegración. Ante esta situación, qué ha hecho el Estado para establecer programas que contribuyan a solidificar la principal figura de toda sociedad: la familia. Es decir, qué ha hecho el MINJUNFA, y , los encargados de los centros de cumplimento de pena de adolescentes. Bastaría decir que muy poco. Más que un ministerio decorativo, como lo llaman muchos, debe ser una institución con una participación más dinámica en el campo preventivo y evaluar el por qué de sus fracasos en los centros de resocialización de jóvenes, porque de ello dependerá la credibilidad o no de que los menores pueden ser readaptados.
La administración de justicia penal, ha evidenciado que pese a las modificaciones al Código Judicial y al Penal, hay dos realidades ineludibles. Una es que, a pesar que el Judicial ha buscado los mecanismos para que los administradores de justicia utilicen la medida de detención preventiva sólo en casos en que se amerite como último recurso del juzgador, los funcionarios siguen institucionalizando la detención preventiva lo que se refleja en la sobrepoblación carcelaria. La otra es que, a pesar de aumentar las penas de delitos en el Código Penal, éstos no disminuyen porque los factores que inciden a que una persona delinca sobrepasan la amenaza de la pena.
El Sistema Penitenciario, encargado de la custodia y de la famosa rehabilitación o readaptación de los detenidos, dista mucho de llamarse así; primero, por la sobrepoblación carcelaria, la carencia de recursos y por el abandono de la sociedad civil en contribuir a ayudar a miles de hombres que dentro de las causas que lo llevaron a infringir la ley, no desean seguir con esta forma de vida; y segundo, por el costo millonario que representa al Estado el mantenimiento de cada detenido (B/.36.00 diarios).
La sociedad civil pareciera haber reaccionado al querer organizarse y evitar ser víctima de la inseguridad ciudadana. Vecinos Vigilantes, Alianza Pro-Justicia, que incluye a varias organizaciones vinculadas a la justicia panameña, a través de estudios y seminarios han planteado soluciones palpables. Ahora bien, ¿qué ha hecho el Estado frente a estas sugerencias? No hay que ser sabio para entender que las ha ignorado.
El nuevo gobierno no debe demorar en desarrollar un Plan Nacional de Prevención del Delito (PNPD) para generar nuevas estrategias efectivas de control del delito, a fin de ejecutar medidas de prevención a través de recursos extrapenales, interviniendo antes que el hecho delictivo se produzca, buscando reducir los costos humanos y sociales de la inseguridad urbana como los del sistema penal, que colaboren los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales en cada una de las comunidades, y procurando generar una estrecha cooperación entre las instituciones, nacionales, provinciales y municipales con la ejecución de la Ley de Descentralización de los Municipios. Así se puede reducir la inseguridad objetiva y subjetiva, contribuir a profundizar la democratización de las formas de gobierno para atacar la criminalidad.
(orcasa2070@yahoo.com)
Existen dos visiones totalmente diferentes de lo que es la libertad y la justicia. La primera, presentada en esta columna, argumenta a favor de la igualdad de oportunidades: que la ley proteja de igual manera a cada individuo y a su propiedad, sin darle ventajas a nadie.
Esa igualdad de oportunidades conduce, inevitablemente, a desigualdad de resultados porque éstos dependen de muchos factores, tales como habilidad personal, trabajo duro, seriedad y suerte.
La desigualdad de resultados no presupone una injusticia porque justicia significa que cada uno recibe lo que se merece.
La visión contraria define igualdad en el resultado, cuando la gente es políticamente, socialmente y económicamente igual.
Winston Churchill explicó la diferencia así:
""Todos los hombres son creados iguales" mantiene la Declaración de Independencia americana. "Todos los hombres serán mantenidos en igualdad" dicen los socialistas".
Eso último sólo se logra bajo gobiernos totalitarios.
(*)Académica del Independent Institute y comentarista de foxnews.com.
(c)www.aipenet.com
Creo que ha sido el análisis más serio y científico de la Asamblea Legislativa, pero apenas es el comienzo para visualizar el fenómeno criminal, porque Panamá constituye un universo complejo en el que se reúnen espacios urbanos diversos, en función de múltiples variables demográficas, políticas, económicas y culturales. Resulta difícil aislar las dinámicas de la seguridad urbana con respecto al conjunto del país.
Partiendo de ello, es que vengo planteando desde hace años la ejecución de un Plan Nacional de Política Criminal a través de la creación de la Dirección Nacional de Política Criminal, porque en el universo de componentes que involucra la problemática criminal, hay que diagnosticar los cuatro ejes fundamentales en que se dinamiza el Estado para salvaguardar la paz y la seguridad ciudadana: 1. Los encargados de ejecutar planes de prevención del delito; 2. Los estamentos de investigación del delito; 3. La administración de justicia; 4. Las identidades encargadas del tratamiento y custodia de los detenidos, y los organismos civiles con la participación ciudadana.
Atendiendo el primer eje, observamos que la familia panameña, generalmente, la conforman hogares disfuncionales; es decir, sólo cuentan con un adulto responsable, producto de la cantidad de divorcios y de padres irresponsables, a su vez ahogados en una crisis de valores que inciden en su desintegración. Ante esta situación, qué ha hecho el Estado para establecer programas que contribuyan a solidificar la principal figura de toda sociedad: la familia. Es decir, qué ha hecho el MINJUNFA, y , los encargados de los centros de cumplimento de pena de adolescentes. Bastaría decir que muy poco. Más que un ministerio decorativo, como lo llaman muchos, debe ser una institución con una participación más dinámica en el campo preventivo y evaluar el por qué de sus fracasos en los centros de resocialización de jóvenes, porque de ello dependerá la credibilidad o no de que los menores pueden ser readaptados.
La administración de justicia penal, ha evidenciado que pese a las modificaciones al Código Judicial y al Penal, hay dos realidades ineludibles. Una es que, a pesar que el Judicial ha buscado los mecanismos para que los administradores de justicia utilicen la medida de detención preventiva sólo en casos en que se amerite como último recurso del juzgador, los funcionarios siguen institucionalizando la detención preventiva lo que se refleja en la sobrepoblación carcelaria. La otra es que, a pesar de aumentar las penas de delitos en el Código Penal, éstos no disminuyen porque los factores que inciden a que una persona delinca sobrepasan la amenaza de la pena.
El Sistema Penitenciario, encargado de la custodia y de la famosa rehabilitación o readaptación de los detenidos, dista mucho de llamarse así; primero, por la sobrepoblación carcelaria, la carencia de recursos y por el abandono de la sociedad civil en contribuir a ayudar a miles de hombres que dentro de las causas que lo llevaron a infringir la ley, no desean seguir con esta forma de vida; y segundo, por el costo millonario que representa al Estado el mantenimiento de cada detenido (B/.36.00 diarios).
La sociedad civil pareciera haber reaccionado al querer organizarse y evitar ser víctima de la inseguridad ciudadana. Vecinos Vigilantes, Alianza Pro-Justicia, que incluye a varias organizaciones vinculadas a la justicia panameña, a través de estudios y seminarios han planteado soluciones palpables. Ahora bien, ¿qué ha hecho el Estado frente a estas sugerencias? No hay que ser sabio para entender que las ha ignorado.
El nuevo gobierno no debe demorar en desarrollar un Plan Nacional de Prevención del Delito (PNPD) para generar nuevas estrategias efectivas de control del delito, a fin de ejecutar medidas de prevención a través de recursos extrapenales, interviniendo antes que el hecho delictivo se produzca, buscando reducir los costos humanos y sociales de la inseguridad urbana como los del sistema penal, que colaboren los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales en cada una de las comunidades, y procurando generar una estrecha cooperación entre las instituciones, nacionales, provinciales y municipales con la ejecución de la Ley de Descentralización de los Municipios. Así se puede reducir la inseguridad objetiva y subjetiva, contribuir a profundizar la democratización de las formas de gobierno para atacar la criminalidad.
(orcasa2070@yahoo.com)
Existen dos visiones totalmente diferentes de lo que es la libertad y la justicia. La primera, presentada en esta columna, argumenta a favor de la igualdad de oportunidades: que la ley proteja de igual manera a cada individuo y a su propiedad, sin darle ventajas a nadie.
Esa igualdad de oportunidades conduce, inevitablemente, a desigualdad de resultados porque éstos dependen de muchos factores, tales como habilidad personal, trabajo duro, seriedad y suerte.
La desigualdad de resultados no presupone una injusticia porque justicia significa que cada uno recibe lo que se merece.
La visión contraria define igualdad en el resultado, cuando la gente es políticamente, socialmente y económicamente igual.
Winston Churchill explicó la diferencia así:
""Todos los hombres son creados iguales" mantiene la Declaración de Independencia americana. "Todos los hombres serán mantenidos en igualdad" dicen los socialistas".
Eso último sólo se logra bajo gobiernos totalitarios.
(*)Académica del Independent Institute y comentarista de foxnews.com.
(c)www.aipenet.com
