Un proyecto llamado CEMIS
He dejado de ser Representante Legal del CEMIS, S.A., y Colon International Airport, S.A. y fui reemplazado por el Dr. Gabriel Castro. Sin embargo, he ofrecido mis servicios como consultor del proyecto CEMIS, porque nadie conoce más éste que yo. He dedicado tres años de mi vida al mismo, con el fin de constituir a Panamá como un centro logístico y comercial dominante en el hemisferio. Cada día que tomo el periódico, leo la misma evaluación sobre la situación económica de Panamá: que la gente no confía en la economía, y que no quieren invertir. Por qué deberían confiar, cuando lees sobre compañías en liquidación tales como: El Triángulo, Sears, Providence Group, Banco Disa, Fotokina, por nombrar algunas, además de compañías multinacionales como Kraft, que están anunciando su salida de Panamá.
El Consorcio San Lorenzo y sus proyectos - el Centro Multimodal Industrial y de Servicios y Aeropuerto Internacional de Colón, con planes de crear miles de empleos reales e invertir millones en Panamá- han estado ligados a disputas legales. Desafortunadamente, no hemos tenido la oportunidad de explicar a la comunidad panameña de qué tratan realmente estos grandes proyectos. Lastimosamente, hemos pasado la mayoría del tiempo defendiéndonos.
El tamaño y alcance de estos proyectos se compara a los más grandes logros de la ingeniería en la historia del país desde la construcción del Canal de Panamá. Ambas obras generarán un mínimo de 40,000 nuevos trabajos, e invertirán un mínimo de B/.400 millones. El impacto económico global podría continuar por más de 50 años, y los efectos inmediatos podrían ser evidentes en cuanto inicien los trabajos de construcción.
El desarrollo del Parque Industrial del CEMIS (complementario al proyecto del aeropuerto) reconoce la localización geográfica única de Panamá e incorporará la Zona Libre de Colón en la red global del comercio mundial. Al finalizar este proyecto millionario, la nación panameña estará a la vanguardia de la logística global.
Cuando se trata de construir un mega-proyecto, se necesita mucha planificación. Esto requiere de nuestra asistencia a reuniones fuera del país para así explicar a inversionistas potenciales cómo funciona el CEMIS. Desafortunadamente, se continúa reportando que quiero salir de Panamá para "evadir la acción de la justicia." Nada está más lejos de la realidad. Estoy casado con una panameña y tenemos tres hijos nacidos en este país. Tengo 30 años manteniendo un curriculum de trabajo impecable, el cual ha sido destruido en seis meses en Panamá. En julio de este año comencé a defender mis garantías constitucionales y derechos civiles para tratar de limpiar mi nombre.
Hace pocos días, McKinney and Company, nuestros asociados, solicitaron mi presencia en sus oficinas ubicadas en Virginia, Estados Unidos, para una importante reunión de negocios el pasado 14 de agosto. Mi permiso de salida fue negado, impidiéndome asistir y cumplir con esta solicitud, a sabiendas de que he sido cooperador durante todo el proceso legal.
Con relación a lo anterior, deseo aclarar ante la opinión pública que por disputa familiar de los Rodín, un juez de Colón, en un fallo cuestionable, emitió una orden de detención, la cual impidió al Ministerio Público permitir mi salida del país.
222 ...se continúa reportando que quiero salir de Panamá para "evadir la acción de la justicia." Nada está más lejos de la realidad.
Es importante darse cuenta que los inversionistas que están fuera de Panamá están observando con cautela los acontecimientos. El caso CEMIS no puede probar que somos un buen ejemplo externo de cómo se hacen los negocios en Panamá.
Los posibles inversionistas extranjeros directos, como los que estaba supuesto a visitar en Virginia, están preocupados por el compromiso del gobierno al dirigir la inversión extranjera, estabilidad legal, y la prensa que ataca los proyectos de inversión privada en Panamá.
Los inversionistas extranjeros están observando lo que está sucediendo con el CEMIS y están considerando invertir su dinero en países vecinos - por consiguiente, arrebatándole la oportunidad de conseguir trabajo a 160,000 panameños desempleados.
Me gustaría pedirles que NO divulguen noticias en donde el caso CEMIS se convierta en un instrumento político para que la clase política se deslegitime entre sí, por el bien de todo el pueblo y los trabajadores panameños que están desempleados, especialmente los de Colón.
Sin embargo, expresó que no están de acuerdo con que la distribución se haga por estudiante, ya que eso perjudicaría a los planteles más apartados en los cuales la matrícula en mucho más baja.
José Ramón García, dirigente de los profesores, manifestó que con estos cambios se permitirá que todos los planteles del país, sin ningún tipo de restricción, reciban dinero para la reparación y el mantenimiento.
Destacó que éste es un cambio muy positivo, pues al final se logró aprobar un proyecto de ley que tuvo el aval de todos los actores del Diálogo Nacional por la Transformación de la Educación.
La ministra de Educación, Doris Rosas de Mata se mostró satisfecha con los cambios introducidos al proyecto original y reconoció que los mismos habían contribuido a mejorar la propuesta original. Salvo algunas excepciones, los legisladores en su mayoría habían contribuido a mejorar la propuesta original.
Mientras que el legislador Wilson se mostró también inconforme por la negativa de algunos sectores a aprobar una modificación que pretendía establecer que no se podía cobrar en los planteles públicos ningún monto en concepto de tómbolas, rifas u otros aportes que deben hacer los padres de familia a los planteles.
Insistió en que la idea original de la Ley 13 era eliminar el cobro de la matrícula en los planteles oficiales, pero se ha buscado la fórmula para obligar a los padres de familia a pagar rifas, tómbolas, laboratorios, informática y otros renglones que se constituyen en obstáculos para que los estudiantes puedan tener acceso a una educación gratuita como lo dispone la Constitución Nacional.
Queda pendiente para el período ordinario el proyecto de ley mediante el cual se crean y regulan las juntas regionales de educación, propuesta que será presentada ante el pleno de la Asamblea Legislativa la primera semana del mes de septiembre.
La ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, indicó que se volverá a convocar la mesa del Diálogo, a fin de evaluar la propuesta que fue presentada ante el pleno de la Asamblea Legislativa y que no fue aprobada.
El legislador Elías Castillo, presidente de la Comisión de Educación, expresó la disposición de los legisladores a discutir el proyecto de ley sobre la descentralización de las juntas regionales de educación, una vez se inicie el período de sesiones ordinarias, el próximo mes.
Destacó que la intención es discutir de inmediato el proyecto de ley tan pronto sea consultado, pero destacó que al igual que se hizo en esta ocasión, si los legisladores consideran que se deben introducir cambios para mejorar la propuesta original, así lo van a hacer.
Castillo manifestó que desde un principio se declaró que no se impediría la participación a ningún sector que se mostrara interesado en la discusión de los proyectos de ley y por eso se extendió un poco más de lo programado la discusión del proyecto de ley en primer debate.
La ministra de Educación dijo que uno de los puntos de mayor conflicto en el proyecto de las juntas regionales es la designación de los directores, que en su opinión deben ser elegidos por concurso, pero tomando en consideración algunos requisitos extraacadémicos como la honorabilidad del profesional.
Indicó que el hecho de que los directores regionales actuales hayan sido elegidos por consenso, se constituyó en un obstáculo para su trabajo, porque en muchas ocasiones había directores con los cuales se les dificultó trabajar por diversas circunstancias.
Mientras que el legislador Wilson dijo que el proyecto a discutir en septiembre lo único hará será crear nueva burocracia que costaría al Estado hasta B/.10 millones anuales en pago de planillas y se creará un "mini" Ministerio de Educación en cada región.
Habrá que esperar hasta el próximo mes y los nuevos encuentros entre los participantes del Diálogo Nacional por la Transformación de la Educación para conocer la nueva propuesta y los cambios que se introduzcan, a fin de lograr el consenso entre los actores de las conversaciones y los legisladores.
El Consorcio San Lorenzo y sus proyectos - el Centro Multimodal Industrial y de Servicios y Aeropuerto Internacional de Colón, con planes de crear miles de empleos reales e invertir millones en Panamá- han estado ligados a disputas legales. Desafortunadamente, no hemos tenido la oportunidad de explicar a la comunidad panameña de qué tratan realmente estos grandes proyectos. Lastimosamente, hemos pasado la mayoría del tiempo defendiéndonos.
El tamaño y alcance de estos proyectos se compara a los más grandes logros de la ingeniería en la historia del país desde la construcción del Canal de Panamá. Ambas obras generarán un mínimo de 40,000 nuevos trabajos, e invertirán un mínimo de B/.400 millones. El impacto económico global podría continuar por más de 50 años, y los efectos inmediatos podrían ser evidentes en cuanto inicien los trabajos de construcción.
El desarrollo del Parque Industrial del CEMIS (complementario al proyecto del aeropuerto) reconoce la localización geográfica única de Panamá e incorporará la Zona Libre de Colón en la red global del comercio mundial. Al finalizar este proyecto millionario, la nación panameña estará a la vanguardia de la logística global.
Cuando se trata de construir un mega-proyecto, se necesita mucha planificación. Esto requiere de nuestra asistencia a reuniones fuera del país para así explicar a inversionistas potenciales cómo funciona el CEMIS. Desafortunadamente, se continúa reportando que quiero salir de Panamá para "evadir la acción de la justicia." Nada está más lejos de la realidad. Estoy casado con una panameña y tenemos tres hijos nacidos en este país. Tengo 30 años manteniendo un curriculum de trabajo impecable, el cual ha sido destruido en seis meses en Panamá. En julio de este año comencé a defender mis garantías constitucionales y derechos civiles para tratar de limpiar mi nombre.
Hace pocos días, McKinney and Company, nuestros asociados, solicitaron mi presencia en sus oficinas ubicadas en Virginia, Estados Unidos, para una importante reunión de negocios el pasado 14 de agosto. Mi permiso de salida fue negado, impidiéndome asistir y cumplir con esta solicitud, a sabiendas de que he sido cooperador durante todo el proceso legal.
Con relación a lo anterior, deseo aclarar ante la opinión pública que por disputa familiar de los Rodín, un juez de Colón, en un fallo cuestionable, emitió una orden de detención, la cual impidió al Ministerio Público permitir mi salida del país.
222 ...se continúa reportando que quiero salir de Panamá para "evadir la acción de la justicia." Nada está más lejos de la realidad.
Es importante darse cuenta que los inversionistas que están fuera de Panamá están observando con cautela los acontecimientos. El caso CEMIS no puede probar que somos un buen ejemplo externo de cómo se hacen los negocios en Panamá.
Los posibles inversionistas extranjeros directos, como los que estaba supuesto a visitar en Virginia, están preocupados por el compromiso del gobierno al dirigir la inversión extranjera, estabilidad legal, y la prensa que ataca los proyectos de inversión privada en Panamá.
Los inversionistas extranjeros están observando lo que está sucediendo con el CEMIS y están considerando invertir su dinero en países vecinos - por consiguiente, arrebatándole la oportunidad de conseguir trabajo a 160,000 panameños desempleados.
Me gustaría pedirles que NO divulguen noticias en donde el caso CEMIS se convierta en un instrumento político para que la clase política se deslegitime entre sí, por el bien de todo el pueblo y los trabajadores panameños que están desempleados, especialmente los de Colón.
Sin embargo, expresó que no están de acuerdo con que la distribución se haga por estudiante, ya que eso perjudicaría a los planteles más apartados en los cuales la matrícula en mucho más baja.
José Ramón García, dirigente de los profesores, manifestó que con estos cambios se permitirá que todos los planteles del país, sin ningún tipo de restricción, reciban dinero para la reparación y el mantenimiento.
Destacó que éste es un cambio muy positivo, pues al final se logró aprobar un proyecto de ley que tuvo el aval de todos los actores del Diálogo Nacional por la Transformación de la Educación.
La ministra de Educación, Doris Rosas de Mata se mostró satisfecha con los cambios introducidos al proyecto original y reconoció que los mismos habían contribuido a mejorar la propuesta original. Salvo algunas excepciones, los legisladores en su mayoría habían contribuido a mejorar la propuesta original.
Mientras que el legislador Wilson se mostró también inconforme por la negativa de algunos sectores a aprobar una modificación que pretendía establecer que no se podía cobrar en los planteles públicos ningún monto en concepto de tómbolas, rifas u otros aportes que deben hacer los padres de familia a los planteles.
Insistió en que la idea original de la Ley 13 era eliminar el cobro de la matrícula en los planteles oficiales, pero se ha buscado la fórmula para obligar a los padres de familia a pagar rifas, tómbolas, laboratorios, informática y otros renglones que se constituyen en obstáculos para que los estudiantes puedan tener acceso a una educación gratuita como lo dispone la Constitución Nacional.
Queda pendiente para el período ordinario el proyecto de ley mediante el cual se crean y regulan las juntas regionales de educación, propuesta que será presentada ante el pleno de la Asamblea Legislativa la primera semana del mes de septiembre.
La ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, indicó que se volverá a convocar la mesa del Diálogo, a fin de evaluar la propuesta que fue presentada ante el pleno de la Asamblea Legislativa y que no fue aprobada.
El legislador Elías Castillo, presidente de la Comisión de Educación, expresó la disposición de los legisladores a discutir el proyecto de ley sobre la descentralización de las juntas regionales de educación, una vez se inicie el período de sesiones ordinarias, el próximo mes.
Destacó que la intención es discutir de inmediato el proyecto de ley tan pronto sea consultado, pero destacó que al igual que se hizo en esta ocasión, si los legisladores consideran que se deben introducir cambios para mejorar la propuesta original, así lo van a hacer.
Castillo manifestó que desde un principio se declaró que no se impediría la participación a ningún sector que se mostrara interesado en la discusión de los proyectos de ley y por eso se extendió un poco más de lo programado la discusión del proyecto de ley en primer debate.
La ministra de Educación dijo que uno de los puntos de mayor conflicto en el proyecto de las juntas regionales es la designación de los directores, que en su opinión deben ser elegidos por concurso, pero tomando en consideración algunos requisitos extraacadémicos como la honorabilidad del profesional.
Indicó que el hecho de que los directores regionales actuales hayan sido elegidos por consenso, se constituyó en un obstáculo para su trabajo, porque en muchas ocasiones había directores con los cuales se les dificultó trabajar por diversas circunstancias.
Mientras que el legislador Wilson dijo que el proyecto a discutir en septiembre lo único hará será crear nueva burocracia que costaría al Estado hasta B/.10 millones anuales en pago de planillas y se creará un "mini" Ministerio de Educación en cada región.
Habrá que esperar hasta el próximo mes y los nuevos encuentros entre los participantes del Diálogo Nacional por la Transformación de la Educación para conocer la nueva propuesta y los cambios que se introduzcan, a fin de lograr el consenso entre los actores de las conversaciones y los legisladores.
