Una bahía por sanear
En la Avenida Balboa, justo a orillas de las aguas de la Bahía de Panamá, se dejó de respirar hace mucho un agradable olor a mar.
La razón: más de 95 mil toneladas de materia contaminante no biodegradable que son vertidas cada año a los ríos y arroyos de la capital por empresas industriales agropecuarias y de servicios que van a parar a la bahía, sumado por supuesto, a la participación que en ese tienen los ocupantes de las viviendas particulares.
El año pasado, la empresa consultora internacional The Louis Berger Group presentó, luego de que la Autoridad Nacional del Ambiente lo solicitara, los resultados de un estudio de donde se desprenden estas cifras.
Los números hablan en detalle de más de 140 millones de galones de aguas residuales que terminan su destino en la Bahía de Panamá.
Lo cierto es que el proceso de saneamiento ya está en camino. Se trata de una obra proyectada por fases a 15 años, cuyo costo estimado es de 352 millones de dólares.
En la primera fase se busca aplicar controles de las aguas residuales hasta en el 50%, ya que se reemplazará el sistema de recolección con nuevas tuberías a un costo de 150 millones de dólares.
Para ello, el Gobierno del Japón aportará el 40%, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 40% y el 20% restante lo aportará el Gobierno de Panamá.
Esta fase de saneamiento incluye la parte más poblada del distrito de Panamá, que va desde el Casco Viejo, en San Felipe, hasta Panamá Viejo, que comprende una población de alrededor de medio millón de habitantes.
No obstante, éste y otros delitos, tal como lo explicó Olmos, no podrán sancionarse hasta tanto las fiscalías ambientales adquieran el papel que les compete a través de la partida requerida para esos propósitos.
Una breve mirada al Régimen Ecológico y el Régimen Agrario de la Constitución Nacional podría llevarnos a contraposiciones sobre el tema ambiental y las áreas verdes de Panamá.
El artículo 116 del primero, señala textualmente: "el Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y aguas se llevan a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia.
Sólo unas líneas después, el artículo 119 del segundo régimen citado, indica: "el Estado no permitirá la existencia de áreas incultas, improductivas y ociosas y regulará las relaciones de trabajo en el agro, fomentando una máxima productividad y justa distribución de los beneficios de ésta".
Mientras en principio se solicite racionalidad, absteniéndose de la depredación, en otros términos se expresa la necesidad de fomentar la productividad.
En este sentido entonces, cabe preguntarse ¿puede evitarse la depredación y a la vez fomentar la productividad?.
La razón: más de 95 mil toneladas de materia contaminante no biodegradable que son vertidas cada año a los ríos y arroyos de la capital por empresas industriales agropecuarias y de servicios que van a parar a la bahía, sumado por supuesto, a la participación que en ese tienen los ocupantes de las viviendas particulares.
El año pasado, la empresa consultora internacional The Louis Berger Group presentó, luego de que la Autoridad Nacional del Ambiente lo solicitara, los resultados de un estudio de donde se desprenden estas cifras.
Los números hablan en detalle de más de 140 millones de galones de aguas residuales que terminan su destino en la Bahía de Panamá.
Lo cierto es que el proceso de saneamiento ya está en camino. Se trata de una obra proyectada por fases a 15 años, cuyo costo estimado es de 352 millones de dólares.
En la primera fase se busca aplicar controles de las aguas residuales hasta en el 50%, ya que se reemplazará el sistema de recolección con nuevas tuberías a un costo de 150 millones de dólares.
Para ello, el Gobierno del Japón aportará el 40%, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 40% y el 20% restante lo aportará el Gobierno de Panamá.
Esta fase de saneamiento incluye la parte más poblada del distrito de Panamá, que va desde el Casco Viejo, en San Felipe, hasta Panamá Viejo, que comprende una población de alrededor de medio millón de habitantes.
No obstante, éste y otros delitos, tal como lo explicó Olmos, no podrán sancionarse hasta tanto las fiscalías ambientales adquieran el papel que les compete a través de la partida requerida para esos propósitos.
Una breve mirada al Régimen Ecológico y el Régimen Agrario de la Constitución Nacional podría llevarnos a contraposiciones sobre el tema ambiental y las áreas verdes de Panamá.
El artículo 116 del primero, señala textualmente: "el Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y aguas se llevan a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia.
Sólo unas líneas después, el artículo 119 del segundo régimen citado, indica: "el Estado no permitirá la existencia de áreas incultas, improductivas y ociosas y regulará las relaciones de trabajo en el agro, fomentando una máxima productividad y justa distribución de los beneficios de ésta".
Mientras en principio se solicite racionalidad, absteniéndose de la depredación, en otros términos se expresa la necesidad de fomentar la productividad.
En este sentido entonces, cabe preguntarse ¿puede evitarse la depredación y a la vez fomentar la productividad?.
