Una carrera envenenada
La Ley 24 de 2007, que acaba de ser sancionada por el Presidente de la República y publicada en la Gaceta Oficial No. 25, 826 el miércoles 3 de julio, contiene una disposición envenenada que desvirtúa el propósito de profesionalizar el servicio público panameño con la carrera administrativa.
En efecto, el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley 24, reza textualmente: "Los servidores públicos que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, hayan laborado por dos o más años en forma ininterrumpida en la Administración Pública y desempeñen labores de apoyo a la estructura de cargos de cada institución, serán incorporados a la Carrera Administrativa de forma automática, sin verificar si reúnen los requisitos mínimos para el cargo y sin concurso".
Ese texto es una estocada mortal al espíritu original de la Ley de Carrera Administrativa de 1994. Además, es tan burda la intromisión de la politiquería en esta disposición, que lo único que le faltó al legislador fue mencionar que se trata de funcionarios nombrados en el actual gobierno.
Se supone que la Ley de Carrera Administrativa no debería hacer excepciones de esa naturaleza, ya que lo que se busca es precisamente certificar la idoneidad de quienes ingresen al régimen especial en calidad de servidores públicos profesionales de carrera.
Es penoso que el jefe del Ejecutivo no haya objetado por inconveniente el artículo 14 transcrito. De ganar la oposición las elecciones de 2009, derogará la norma y excluirá a quienes han ingresado al régimen por esa vía, y así "ad infinitum".
En efecto, el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley 24, reza textualmente: "Los servidores públicos que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, hayan laborado por dos o más años en forma ininterrumpida en la Administración Pública y desempeñen labores de apoyo a la estructura de cargos de cada institución, serán incorporados a la Carrera Administrativa de forma automática, sin verificar si reúnen los requisitos mínimos para el cargo y sin concurso".
Ese texto es una estocada mortal al espíritu original de la Ley de Carrera Administrativa de 1994. Además, es tan burda la intromisión de la politiquería en esta disposición, que lo único que le faltó al legislador fue mencionar que se trata de funcionarios nombrados en el actual gobierno.
Se supone que la Ley de Carrera Administrativa no debería hacer excepciones de esa naturaleza, ya que lo que se busca es precisamente certificar la idoneidad de quienes ingresen al régimen especial en calidad de servidores públicos profesionales de carrera.
Es penoso que el jefe del Ejecutivo no haya objetado por inconveniente el artículo 14 transcrito. De ganar la oposición las elecciones de 2009, derogará la norma y excluirá a quienes han ingresado al régimen por esa vía, y así "ad infinitum".
