Una cita con la responsabilidad de gobernar
A escasos tres meses de nuestras primeras elecciones en el siglo XXI, la evaluación de la frustrante gestión del gobierno que agoniza ha perdido importancia, cobrando relevancia la preocupante realidad de Panamá que dicho gobierno nos deja como herencia. De lo que se trata ahora, entre todos, es de empujar la carreta de nuestro país hacia metas realizables, tanto a corto como a largo plazo, en el camino de salir de hueco económico, social y político en que nos dejan.
De todo es conocido que el nivel de endeudamiento es preocupante. Este gobierno ha incrementado la deuda en más de US$ 1,300 millones con respecto al gobierno anterior. Endeudarse con responsabilidad y sabiduría no tiene por qué ser un inconveniente, pero hacerlo para gastos corrientes, exhibe una insana e irresponsable conducta gubernamental. Frente a esta realidad, el próximo gobierno tendrá dos caminos para obtener espacio en el presupuesto de cara a las inversiones necesarias: esforzarse en aumentar los ingresos y dar una seria batalla para aminorar los gastos.
En primer lugar, deberá desarrollarse una estrategia de política económica que tenga objetivos muy claros y precisos: tratados de libre comercio que privilegien las inversiones y el desarrollo del comercio, a fin de reducir el desempleo; incremento de la demanda a través de un mercado de capitales que esté al servicio del ciudadano, y no éste al servicio de aquél; incremento de la productividad, utilizando estímulos adecuados a la clase empresarial y la trabajadora, que no se conviertan en privilegios; otorgar créditos blandos por medio de las instituciones financieras estatales a los profesionales, a los oficios y al trabajador con estabilidad, impulsando así la generación de microempresarios (Ejemplo, todo odontólogo de nacionalidad panameña, con idoneidad y 10 años de práctica podría adquirir el equipo de consultorio mediante arrendamiento financiero); y la reducción en forma vegetativa y paulatina de la planilla estatal, empezando sólo, verbigracia, con no llenar los puestos de trabajo de personas que se jubilan.
Por otra parte, habrá que ejecutar una verdadera reforma fiscal equitativa que tenga por objetivo el crecimiento económico y no la mera recaudación tributaria, aumentando así los ingresos del Estado como resultado del consecuente desarrollo económico. Ejecutado todo lo anterior, las medidas que responsablemente debamos tomar, entre todos, con respecto a la CSS serán mucho más equitativas y solidarias. Sin embargo, la CSS tiene además de problemas financieros, graves disfunciones en su gestión administrativa y de prestación de los servicios que brinda a los asegurados. La informatización de sus sistemas de compra, inventario, citas, cuadrícula médica, contabilidad, gestión de personal, etc., es parte de las obligaciones de la Caja hacia sus cotizantes. Es inaceptable que un enfermo espere meses para una cita, cuando existen probadas herramientas tecnológicas que pueden acortar los plazos por la vía de una mayor eficiencia de la gestión.
Se hace necesario que la campaña electoral se fundamente en propuestas que tengan objetivos nacionales, que, por cierto, en este agotado quinquenio gubernamental han brillado por su ausencia. El nuevo partido gobernante sin conflictos y muy acoplado a los intereses de la sociedad, deberá contar entre sus filas y la de los independientes, con profesionales idóneos capaces de administrar el Estado, teniendo como norte los mejores intereses de la sociedad: progreso, sensibilidad social y diálogo desde la firmeza y claridad de objetivos, que no pueden ser otros que los del crecimiento económico y la generación de empleo, orientándose para ello hacia un modelo de mayor equidad y competitividad.
En cuanto al control del gasto, será imprescindible una revisión de las partidas presupuestarias desde la óptica de la eficacia de las mismas, por lo que se requerirá un riguroso análisis de coste-beneficio de cada una de ellas, procurando que la totalidad de la gestión económica gubernamental sea evaluada por resultados.
Hasta ahora el único candidato que se ha comprometido en forma clara y decisiva con un mejoramiento de la educación es Martín Torrijos, que, entre otras medidas, invertirá un porcentaje de los ingresos del Canal en este sector clave para el futuro del país, ya que el mismo es una pieza insustituible para el desarrollo económico y el principal trampolín para avanzar con paso firme hacia la igualdad de oportunidades.
Otra arista de suma jerarquía en un país que mira hacia el progreso, es el Organo Judicial, tanto por la eficiencia de su gestión diaria como por la calidad de la justicia que imparte. Esto difícilmente se va conseguir con un presupuesto inicuo, que en la actualidad se aprueba únicamente con miras al cumplimiento de las exigencias de la Carta Magna, que le otorga al Ministerio Público y al poder Judicial un presupuesto no inferior al 2 % de los ingresos corrientes. El presupuesto dedicado a estos dos pilares de una sociedad de progreso debe ser el necesario para que la justicia se produzca en forma rápida y eficiente, y que además el sistema penitenciario cumpla el fin del artículo 28 de la Constitución panameña: seguridad, rehabilitación, y defensa social. Para estos fines, se hace necesario un cuerpo de jueces y funcionarios de carrera que obtengan su posición por la calidad de sus conocimientos y su probada conducta ética, lo que puede conseguirse mediante un sistema de oposiciones, públicas para el ingreso e institucionales para el ascenso. La seguridad jurídica de todos es un requisito necesario para la paz social y la inversión promotora de progreso.
El futuro gobierno deberá impulsar con urgencia un programa modernizador de las estructuras económicas, sociales y políticas nacionales, haciendo gala de sensibilidad social y prudencia, para así cumplir su cita con la responsabilidad de gobernar. Y en esto no quiero ni debo rehuir el debate ideológico subyacente: ha llegado la hora de hacer un giro hacia la izquierda, hasta llegar al centro, ya que en este país en los últimos años se ha realizado un ejercicio político muy escorado hacia la derecha. Es hora de reclamar, en honor a Norberto Bobbio, no sólo los derechos sino también los deberes de los Estados y sus ciudadanos. Un Estado existe para cumplir su deber y procurar no extinguirse. Los ciudadanos, igualmente, viven para cumplir sus deberes y morir. En ambos casos, mantener presente lo segundo hace más fácil lo primero.
De todo es conocido que el nivel de endeudamiento es preocupante. Este gobierno ha incrementado la deuda en más de US$ 1,300 millones con respecto al gobierno anterior. Endeudarse con responsabilidad y sabiduría no tiene por qué ser un inconveniente, pero hacerlo para gastos corrientes, exhibe una insana e irresponsable conducta gubernamental. Frente a esta realidad, el próximo gobierno tendrá dos caminos para obtener espacio en el presupuesto de cara a las inversiones necesarias: esforzarse en aumentar los ingresos y dar una seria batalla para aminorar los gastos.
En primer lugar, deberá desarrollarse una estrategia de política económica que tenga objetivos muy claros y precisos: tratados de libre comercio que privilegien las inversiones y el desarrollo del comercio, a fin de reducir el desempleo; incremento de la demanda a través de un mercado de capitales que esté al servicio del ciudadano, y no éste al servicio de aquél; incremento de la productividad, utilizando estímulos adecuados a la clase empresarial y la trabajadora, que no se conviertan en privilegios; otorgar créditos blandos por medio de las instituciones financieras estatales a los profesionales, a los oficios y al trabajador con estabilidad, impulsando así la generación de microempresarios (Ejemplo, todo odontólogo de nacionalidad panameña, con idoneidad y 10 años de práctica podría adquirir el equipo de consultorio mediante arrendamiento financiero); y la reducción en forma vegetativa y paulatina de la planilla estatal, empezando sólo, verbigracia, con no llenar los puestos de trabajo de personas que se jubilan.
Por otra parte, habrá que ejecutar una verdadera reforma fiscal equitativa que tenga por objetivo el crecimiento económico y no la mera recaudación tributaria, aumentando así los ingresos del Estado como resultado del consecuente desarrollo económico. Ejecutado todo lo anterior, las medidas que responsablemente debamos tomar, entre todos, con respecto a la CSS serán mucho más equitativas y solidarias. Sin embargo, la CSS tiene además de problemas financieros, graves disfunciones en su gestión administrativa y de prestación de los servicios que brinda a los asegurados. La informatización de sus sistemas de compra, inventario, citas, cuadrícula médica, contabilidad, gestión de personal, etc., es parte de las obligaciones de la Caja hacia sus cotizantes. Es inaceptable que un enfermo espere meses para una cita, cuando existen probadas herramientas tecnológicas que pueden acortar los plazos por la vía de una mayor eficiencia de la gestión.
Se hace necesario que la campaña electoral se fundamente en propuestas que tengan objetivos nacionales, que, por cierto, en este agotado quinquenio gubernamental han brillado por su ausencia. El nuevo partido gobernante sin conflictos y muy acoplado a los intereses de la sociedad, deberá contar entre sus filas y la de los independientes, con profesionales idóneos capaces de administrar el Estado, teniendo como norte los mejores intereses de la sociedad: progreso, sensibilidad social y diálogo desde la firmeza y claridad de objetivos, que no pueden ser otros que los del crecimiento económico y la generación de empleo, orientándose para ello hacia un modelo de mayor equidad y competitividad.
En cuanto al control del gasto, será imprescindible una revisión de las partidas presupuestarias desde la óptica de la eficacia de las mismas, por lo que se requerirá un riguroso análisis de coste-beneficio de cada una de ellas, procurando que la totalidad de la gestión económica gubernamental sea evaluada por resultados.
Hasta ahora el único candidato que se ha comprometido en forma clara y decisiva con un mejoramiento de la educación es Martín Torrijos, que, entre otras medidas, invertirá un porcentaje de los ingresos del Canal en este sector clave para el futuro del país, ya que el mismo es una pieza insustituible para el desarrollo económico y el principal trampolín para avanzar con paso firme hacia la igualdad de oportunidades.
Otra arista de suma jerarquía en un país que mira hacia el progreso, es el Organo Judicial, tanto por la eficiencia de su gestión diaria como por la calidad de la justicia que imparte. Esto difícilmente se va conseguir con un presupuesto inicuo, que en la actualidad se aprueba únicamente con miras al cumplimiento de las exigencias de la Carta Magna, que le otorga al Ministerio Público y al poder Judicial un presupuesto no inferior al 2 % de los ingresos corrientes. El presupuesto dedicado a estos dos pilares de una sociedad de progreso debe ser el necesario para que la justicia se produzca en forma rápida y eficiente, y que además el sistema penitenciario cumpla el fin del artículo 28 de la Constitución panameña: seguridad, rehabilitación, y defensa social. Para estos fines, se hace necesario un cuerpo de jueces y funcionarios de carrera que obtengan su posición por la calidad de sus conocimientos y su probada conducta ética, lo que puede conseguirse mediante un sistema de oposiciones, públicas para el ingreso e institucionales para el ascenso. La seguridad jurídica de todos es un requisito necesario para la paz social y la inversión promotora de progreso.
El futuro gobierno deberá impulsar con urgencia un programa modernizador de las estructuras económicas, sociales y políticas nacionales, haciendo gala de sensibilidad social y prudencia, para así cumplir su cita con la responsabilidad de gobernar. Y en esto no quiero ni debo rehuir el debate ideológico subyacente: ha llegado la hora de hacer un giro hacia la izquierda, hasta llegar al centro, ya que en este país en los últimos años se ha realizado un ejercicio político muy escorado hacia la derecha. Es hora de reclamar, en honor a Norberto Bobbio, no sólo los derechos sino también los deberes de los Estados y sus ciudadanos. Un Estado existe para cumplir su deber y procurar no extinguirse. Los ciudadanos, igualmente, viven para cumplir sus deberes y morir. En ambos casos, mantener presente lo segundo hace más fácil lo primero.
