Una cuestión intrascendente
Tras haber escrito 51 columnas semanales en forma ininterrumpida en las que he intentado abordar temas de actualidad, renuevo el esfuerzo en ofrecer una meditación pedagógica, de modo que pueda celebrar mi primer año como columnista en este diario. La constituyente y la quinta papeleta, la campaña electoral y los resultados de las elecciones, la pobreza de la democracia y la democracia de la pobreza, la mano dura y la mano siniestra, han pasado bajo la lupa de este espacio con el único propósito de orientar una reflexión sobre aspectos de la vida pública que a veces circulan con descuido o a contramano en el quehacer noticioso y editorial.
Como su cometido es informar y educar, estos artículos evitan las cuestiones que invitan a tomar partido de modo caprichoso, sin que eso signifique que la provocación y la polémica no sean también recursos idóneos para formar el intelecto.
Como estos días todo lo que se discute está condenado a la intrascendencia, no porque no haya asuntos importantes que debatir, sino porque se ha confundido el compás de espera con el espíritu de la banalidad, es mejor hablar de cosas intemporales, de filosofía, por ejemplo, con la esperanza de que ellas nos devuelvan un sentido más profundo en la existencia diaria.
Me decía una vez Mario Chaumet, filósofo del derecho, que ha visitado Panamá en varias ocasiones, invitado por la Escuela Judicial para instruir a nuestros hombres y mujeres de la toga (con poco éxito, perdóname Mario), que la formación profesional que se da en nuestras escuelas de derecho hace que los abogados sean ciegos ante las realidades del poder (lo que no evita que sean sus instrumentos). Aprenden a interpretar las leyes como si no existieran las necesidades de los gobernantes, como si los intereses no impulsaran las acciones y como si no existiera una sociedad específica en la que todo cobra un sentido específico. Con seriedad analizan el diente y nos dicen si es de marfil o porcelana, pero no hablan de las fauces, ni de la presa que está a punto de ser devorada. Mientras más abstracto es su alegato, más ocultos permanecen sus clientes, de los que no sabemos si se dedican al tráfico de porcelana o al de marfil.
Un mal mayor que el derecho sin una visión de la política, es la política sin un sentido del derecho. Nadie ignora ya que las decisiones que toman los poderes del Estado pertenecen a la lógica del poder, cuyo concepto fundamental es siempre mantenerse, cuando no acrecentarse.
Desprovisto de los imperativos democráticos, todo ejercicio del poder siempre será moralmente malo en una sociedad dominada por la desigualdad y la pobreza. Sólo los valores de la democracia en su forma adjetivada y adverbial pueden darle auxilio moral a los gobernantes: el ejercicio democrático de un poder constituido democráticamente también aspira a mantenerse y a acrecentarse, no en beneficio de uno ni de unos pocos, sino para el bien de todos. Y para que el ejercicio del poder sea democrático, la Constitución y las leyes ofrecen una guía permanente e insustituible.
Esta enseñanza básica elude a la Presidencia de la República, que la semana pasada emitió un comunicado en el que se afirma que "no le corresponde al Órgano Ejecutivo interpretar la Constitución y la Ley". ¡Vaya! Normalmente, en ese edificio trabajan profesionales que elaboran meticulosamente las frases que pronuncian los dignatarios, que no tienen por qué ser conocedores de la ciencia jurídica. No hubo nadie en palacio que advirtiera: "Señor, Presidente, las autoridades siempre actúan interpretando la Constitución y la ley. Y usted el que más. Es mejor decir que, como en esta ocasión la norma guarda silencio sobre la situación específica y que su posible aplicación ya ha generado una controversia en la opinión pública, lo que corresponde es hacer una consulta a la autoridad competente para asesorar a la Administración. También podría usted mencionar que todo conflicto sobre la constitucionalidad de los actos del Presidente lo dirime el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, luego de expedido el acto."
No hago estos señalamientos con la intención de criticar a nadie; pues veo en el comunicado presidencial, más allá de una formulación precaria, la actitud de quien no quiere arriesgar un paso en falso con una decisión que generará polémica. ¿Qué sentido tiene evitar la controversia cuando lo que se tiene que hacer no puede ser del gusto de todos? Al llegar el Magistrado Pereira a la edad de 75 años, la ley manda que el Consejo de Gabinete expida un acuerdo en el que se declare el cargo vacante y se designe su reemplazo. La designación, a su vez, debe ser ratificada por la Asamblea. Incluida la toma de posesión, el proceso completo puede durar entre 24 y 48 horas.
Los pleitos vendrán a continuación: en el Estado contemporáneo todos los conflictos con el gobierno se han judicializado. Inconstitucionalidad, amparo, nulidad, todo el arsenal del diccionario jurídico va a ser desplegado, con o sin propiedad, por los adversarios del gobierno para obstaculizar, retardar, detener, y derribar las acciones del Ejecutivo. Al final, los tribunales deciden. Pero sólo al final. Obviamente, el gobierno debe evitar los defectos de procedimiento y cumplir con todas las formalidades. Pero el ánimo de evitar la discusión pública y judicial puede tener consecuencias paralizantes para un mandato que tendrá que proponer la reforma del Seguro Social, promover la ampliación del Canal, y buscar la aprobación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, por mencionar sólo las disputas con sectores organizados de la sociedad que han alcanzado los decibeles más altos. Comparado con estos temas, el retiro del magistrado Pereira es totalmente intrascendente. ¡Manos a la obra, señor Presidente!
Como su cometido es informar y educar, estos artículos evitan las cuestiones que invitan a tomar partido de modo caprichoso, sin que eso signifique que la provocación y la polémica no sean también recursos idóneos para formar el intelecto.
Como estos días todo lo que se discute está condenado a la intrascendencia, no porque no haya asuntos importantes que debatir, sino porque se ha confundido el compás de espera con el espíritu de la banalidad, es mejor hablar de cosas intemporales, de filosofía, por ejemplo, con la esperanza de que ellas nos devuelvan un sentido más profundo en la existencia diaria.
Me decía una vez Mario Chaumet, filósofo del derecho, que ha visitado Panamá en varias ocasiones, invitado por la Escuela Judicial para instruir a nuestros hombres y mujeres de la toga (con poco éxito, perdóname Mario), que la formación profesional que se da en nuestras escuelas de derecho hace que los abogados sean ciegos ante las realidades del poder (lo que no evita que sean sus instrumentos). Aprenden a interpretar las leyes como si no existieran las necesidades de los gobernantes, como si los intereses no impulsaran las acciones y como si no existiera una sociedad específica en la que todo cobra un sentido específico. Con seriedad analizan el diente y nos dicen si es de marfil o porcelana, pero no hablan de las fauces, ni de la presa que está a punto de ser devorada. Mientras más abstracto es su alegato, más ocultos permanecen sus clientes, de los que no sabemos si se dedican al tráfico de porcelana o al de marfil.
Un mal mayor que el derecho sin una visión de la política, es la política sin un sentido del derecho. Nadie ignora ya que las decisiones que toman los poderes del Estado pertenecen a la lógica del poder, cuyo concepto fundamental es siempre mantenerse, cuando no acrecentarse.
Desprovisto de los imperativos democráticos, todo ejercicio del poder siempre será moralmente malo en una sociedad dominada por la desigualdad y la pobreza. Sólo los valores de la democracia en su forma adjetivada y adverbial pueden darle auxilio moral a los gobernantes: el ejercicio democrático de un poder constituido democráticamente también aspira a mantenerse y a acrecentarse, no en beneficio de uno ni de unos pocos, sino para el bien de todos. Y para que el ejercicio del poder sea democrático, la Constitución y las leyes ofrecen una guía permanente e insustituible.
Esta enseñanza básica elude a la Presidencia de la República, que la semana pasada emitió un comunicado en el que se afirma que "no le corresponde al Órgano Ejecutivo interpretar la Constitución y la Ley". ¡Vaya! Normalmente, en ese edificio trabajan profesionales que elaboran meticulosamente las frases que pronuncian los dignatarios, que no tienen por qué ser conocedores de la ciencia jurídica. No hubo nadie en palacio que advirtiera: "Señor, Presidente, las autoridades siempre actúan interpretando la Constitución y la ley. Y usted el que más. Es mejor decir que, como en esta ocasión la norma guarda silencio sobre la situación específica y que su posible aplicación ya ha generado una controversia en la opinión pública, lo que corresponde es hacer una consulta a la autoridad competente para asesorar a la Administración. También podría usted mencionar que todo conflicto sobre la constitucionalidad de los actos del Presidente lo dirime el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, luego de expedido el acto."
No hago estos señalamientos con la intención de criticar a nadie; pues veo en el comunicado presidencial, más allá de una formulación precaria, la actitud de quien no quiere arriesgar un paso en falso con una decisión que generará polémica. ¿Qué sentido tiene evitar la controversia cuando lo que se tiene que hacer no puede ser del gusto de todos? Al llegar el Magistrado Pereira a la edad de 75 años, la ley manda que el Consejo de Gabinete expida un acuerdo en el que se declare el cargo vacante y se designe su reemplazo. La designación, a su vez, debe ser ratificada por la Asamblea. Incluida la toma de posesión, el proceso completo puede durar entre 24 y 48 horas.
Los pleitos vendrán a continuación: en el Estado contemporáneo todos los conflictos con el gobierno se han judicializado. Inconstitucionalidad, amparo, nulidad, todo el arsenal del diccionario jurídico va a ser desplegado, con o sin propiedad, por los adversarios del gobierno para obstaculizar, retardar, detener, y derribar las acciones del Ejecutivo. Al final, los tribunales deciden. Pero sólo al final. Obviamente, el gobierno debe evitar los defectos de procedimiento y cumplir con todas las formalidades. Pero el ánimo de evitar la discusión pública y judicial puede tener consecuencias paralizantes para un mandato que tendrá que proponer la reforma del Seguro Social, promover la ampliación del Canal, y buscar la aprobación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, por mencionar sólo las disputas con sectores organizados de la sociedad que han alcanzado los decibeles más altos. Comparado con estos temas, el retiro del magistrado Pereira es totalmente intrascendente. ¡Manos a la obra, señor Presidente!
