Una de cal y otra de arena
Los médicos tienen razón al reclamar aumentos de salarios. Los usuarios de los servicios públicos de salud, también tienen razón al exigir un mejor nivel de atención por parte de los médicos. La mayoría de las instalaciones hospitalarias es un desastre. Y en los centros de salud que administra el Estado, por el Ministerio de Salud o por la Caja de Seguro Social, escasean o faltan totalmente las medicinas. En síntesis, todo el sistema de salud pública bordea el caos. Por consiguiente, la huelga declarada por los médicos, no debe sorprender.
Si se tratara de adjudicar grados de responsabilidad por los extremos a que ha llegado el problema de la salud, es claro que al gobierno de turno le cabe la mayor cuota. Y si la crisis no estalló antes es porque nuestra sociedad sigue siendo tolerante.
En otras latitudes, por la décima parte de los muertos que produjo la distribución de medicamentos envenenados por la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, hubieran rodados muchas cabezas (en sentido figurado, desde luego) y hasta hubieran caído gobernantes. En Panamá, por lo contrario, el gobierno no ha pagado ningún precio por su irresponsabilidad.
El gobierno ha incumplido todas y cada una de las obligaciones que le asignan los artículos del 109 al 116 de la Constitución (invito a repasarlos), que comienzan por declarar que ?es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República?.
Por eso no se justifica, bajo ningún punto de vista, que el gobierno corone su irresponsabilidad y la falta del cumplimiento de sus obligaciones con bravatas absurdas, conductas evasivas o tratando de trasladar toda las culpas al gremio médico. Y tampoco se justifica que se siga invocando la carencia de recursos como pretexto para no abordar las soluciones que no pueden ni deben seguirse postergando.
El problema debe abordarse de manera integral. Y deben discutirse todos los aspectos, incluyendo el del aumento de salarios que solicitan los médicos, y sin condicionamientos. No se llegará a una solución equilibrada si el gobierno así no lo entiende.
Buena parte del reclamo de los médicos se justifica por las disparidades de salarios que existe en la Administración Pública. Por eso, cada día es más urgente que se apruebe una Ley General de Salarios. Proponerla es responsabilidad del Órgano Ejecutivo, por mandato del numeral 2 del Artículo 159 de la Constitución; pero nunca lo ha hecho. Mientras no exista una Ley General de Salarios y se sigan fijando remuneraciones, altamente desproporcionadas, unas; e, injustamente bajas, otras, subsistirán las inconformidades. Y si, además, mientras a unos se les escatiman reconocimientos que, sin prejuzgar su monto, son básicamente justos; persista la malsana práctica de regalar los dineros públicos en subsidios y prebendas inmorales y de despilfarrar sumas multimillonarias en campañas publicitarias ególatras, nadie podrá creer en el gobierno ni confiar en sus intenciones.
