Una huelga por la discapacidad
RECIENTEMENTE se ha desatado una inesperada polémica, como si no tuviéramos ya bastante con las que tenemos y sabíamos que íbamos a tener.
Resulta ser que los educadores de todo el país han amenazado con irse a un paro nacional, según una de sus organizaciones, si el gobierno insiste en llevar adelante su proyecto de incluir a alumnos con discapacidades en las aulas de clases cuando se inicie el año académico próximamente. Honestamente, no es una causa muy popular. Por eso, un vocero del gremio magisterial ha aclarado que los maestros no se oponen a que las personas con discapacidad se integren a la sociedad, lo que es bueno saber, sino que el problema está en la "metodología" que está empleando el Despacho de la Primera Dama. No hay rampas para las sillas de ruedas, por ejemplo, y se necesita mucho tiempo y dinero para adecuar las infraestructuras escolares; los maestros no están capacitados y no sabrían qué hacer ni cómo tratar a los niños con limitaciones físicas. Estas son las razones de los educadores para oponerse.
De las escasas noticias publicadas, recupero la siguiente información: El proyecto de educación inclusiva está a cargo del Ministerio de Educación, como debe ser, y cuenta con el apoyo del Despacho de la Primera Dama, porque no podría ser de otra forma. La Primera Dama ha hecho la parte que le corresponde a través de una campaña publicitaria que nos recuerda a todos diariamente la necesidad de incorporar a las personas con discapacidad a las tareas ordinarias de la sociedad. El brazalete azul que dice INCLUYE es el símbolo escogido por la Primera Dama para crear conciencia en la población sobre la necesidad de dar inicio de una vez por todas al reconocimiento y respeto de los derechos de las personas con discapacidad.
Como es sabido, esta iniciativa no responde a un capricho publicitario; es una experiencia vital, una vivencia personal, de quien hoy funge como Primera Dama, que, dicho sea de paso, en este tema es una persona más avanzada que el promedio de sus compatriotas, y, definitivamente, que el promedio de los maestros.
El proyecto en sí no consiste en que en todas las aulas de clases de todas las escuelas habrá un alumno o alumna con discapacidad. Se trata más bien de un programa piloto en 65 escuelas, con una población objetivo de 1,200 estudiantes, quienes actualmente están limitados por alguna forma de discapacidad física y que han sido regularmente excluidos de la educación regular.
Uno no puede más que esbozar una sonrisa de compasión cuando alguien dice que las escuelas no tienen una infraestructura adecuada al tránsito de las personas con discapacidad física. Ciertamente, la mayoría de las escuelas no la tienen, hay centros de salud que no la tienen, hay parques recreativos que no la tienen, hay viviendas que no la tienen, y podríamos seguir haciendo una lista interminable de actividades de las cuales las personas con discapacidad han estado milenariamente excluidas, y tendríamos que contar a los cines y a las iglesias también. Llevemos el razonamiento a su conclusión: la sociedad, como la conocemos, no está hecha para las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque es una de las modalidades más comunes, y soterradas, de discriminación que menoscaba la dignidad de los seres humanos y cierra su acceso a los bienes sociales. Ha sido, y es, una de las formas más universales como un grupo de personas (que siempre se reputa la mayoría) saca provecho para sí mismo apartando a otro (que invariablemente se encuentra en minoría) de las oportunidades de desarrollarse plenamente y formar parte, participar, de la sociedad.
Aunque con un lenguaje que hoy ha sido superado, la cuestión fue mencionada en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, cuando se reconoció a toda persona "el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad".
Una declaración suscrita por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1975, le otorga a las personas con discapacidad los mismos derechos civiles y políticos que a los demás seres humanos. En 1982 se aprobó en dicha sede el "Programa de Acción Mundial para los Impedidos" y en 1991 se presentó el informe final de la Relatoría de Naciones Unidas sobre "Derechos Humanos y Discapacidad". El hecho de que este sea un proyecto que habrá de desarrollarse en algunas escuelas obliga a colocar la discusión en el contexto de los derechos de la infancia. La Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita en 1989 y convertida en ley de la República en 1990, preceptúa que "el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena", para lo cual los Estados se comprometen a "asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación".
Nunca puede uno apurarse demasiado cuando se trata de pagar una vieja, muy vieja, deuda. Si hay detalles por resolver, pues, señores, resuélvanlos. Pero amenazar con un paro de labores de carácter nacional es a todas luces una actitud negativa y equivocada al momento de llevar a cabo un proyecto que debiera ser del interés del gremio de los educadores. Probablemente, esto requerirá más trabajo y más esfuerzo de parte de los maestros que tengan en sus aulas a un niño o niña con discapacidad, pero el maestro tiene que asumirlo porque eso es parte de su rol en la sociedad. Quizás ha llegado la hora de que los gremios magisteriales se ocupen de inyectar nueva vida a las conciencias de sus agremiados, de modo que al debatir sobre cuestiones que implican el reconocimiento de los derechos humanos, en general, y los derechos humanos de la niñez, en particular, muestren una actitud más amigable e interesada en cumplir con los deberes que corresponden a su vocación.
Resulta ser que los educadores de todo el país han amenazado con irse a un paro nacional, según una de sus organizaciones, si el gobierno insiste en llevar adelante su proyecto de incluir a alumnos con discapacidades en las aulas de clases cuando se inicie el año académico próximamente. Honestamente, no es una causa muy popular. Por eso, un vocero del gremio magisterial ha aclarado que los maestros no se oponen a que las personas con discapacidad se integren a la sociedad, lo que es bueno saber, sino que el problema está en la "metodología" que está empleando el Despacho de la Primera Dama. No hay rampas para las sillas de ruedas, por ejemplo, y se necesita mucho tiempo y dinero para adecuar las infraestructuras escolares; los maestros no están capacitados y no sabrían qué hacer ni cómo tratar a los niños con limitaciones físicas. Estas son las razones de los educadores para oponerse.
De las escasas noticias publicadas, recupero la siguiente información: El proyecto de educación inclusiva está a cargo del Ministerio de Educación, como debe ser, y cuenta con el apoyo del Despacho de la Primera Dama, porque no podría ser de otra forma. La Primera Dama ha hecho la parte que le corresponde a través de una campaña publicitaria que nos recuerda a todos diariamente la necesidad de incorporar a las personas con discapacidad a las tareas ordinarias de la sociedad. El brazalete azul que dice INCLUYE es el símbolo escogido por la Primera Dama para crear conciencia en la población sobre la necesidad de dar inicio de una vez por todas al reconocimiento y respeto de los derechos de las personas con discapacidad.
Como es sabido, esta iniciativa no responde a un capricho publicitario; es una experiencia vital, una vivencia personal, de quien hoy funge como Primera Dama, que, dicho sea de paso, en este tema es una persona más avanzada que el promedio de sus compatriotas, y, definitivamente, que el promedio de los maestros.
El proyecto en sí no consiste en que en todas las aulas de clases de todas las escuelas habrá un alumno o alumna con discapacidad. Se trata más bien de un programa piloto en 65 escuelas, con una población objetivo de 1,200 estudiantes, quienes actualmente están limitados por alguna forma de discapacidad física y que han sido regularmente excluidos de la educación regular.
Uno no puede más que esbozar una sonrisa de compasión cuando alguien dice que las escuelas no tienen una infraestructura adecuada al tránsito de las personas con discapacidad física. Ciertamente, la mayoría de las escuelas no la tienen, hay centros de salud que no la tienen, hay parques recreativos que no la tienen, hay viviendas que no la tienen, y podríamos seguir haciendo una lista interminable de actividades de las cuales las personas con discapacidad han estado milenariamente excluidas, y tendríamos que contar a los cines y a las iglesias también. Llevemos el razonamiento a su conclusión: la sociedad, como la conocemos, no está hecha para las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque es una de las modalidades más comunes, y soterradas, de discriminación que menoscaba la dignidad de los seres humanos y cierra su acceso a los bienes sociales. Ha sido, y es, una de las formas más universales como un grupo de personas (que siempre se reputa la mayoría) saca provecho para sí mismo apartando a otro (que invariablemente se encuentra en minoría) de las oportunidades de desarrollarse plenamente y formar parte, participar, de la sociedad.
Aunque con un lenguaje que hoy ha sido superado, la cuestión fue mencionada en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, cuando se reconoció a toda persona "el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad".
Una declaración suscrita por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1975, le otorga a las personas con discapacidad los mismos derechos civiles y políticos que a los demás seres humanos. En 1982 se aprobó en dicha sede el "Programa de Acción Mundial para los Impedidos" y en 1991 se presentó el informe final de la Relatoría de Naciones Unidas sobre "Derechos Humanos y Discapacidad". El hecho de que este sea un proyecto que habrá de desarrollarse en algunas escuelas obliga a colocar la discusión en el contexto de los derechos de la infancia. La Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita en 1989 y convertida en ley de la República en 1990, preceptúa que "el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena", para lo cual los Estados se comprometen a "asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación".
Nunca puede uno apurarse demasiado cuando se trata de pagar una vieja, muy vieja, deuda. Si hay detalles por resolver, pues, señores, resuélvanlos. Pero amenazar con un paro de labores de carácter nacional es a todas luces una actitud negativa y equivocada al momento de llevar a cabo un proyecto que debiera ser del interés del gremio de los educadores. Probablemente, esto requerirá más trabajo y más esfuerzo de parte de los maestros que tengan en sus aulas a un niño o niña con discapacidad, pero el maestro tiene que asumirlo porque eso es parte de su rol en la sociedad. Quizás ha llegado la hora de que los gremios magisteriales se ocupen de inyectar nueva vida a las conciencias de sus agremiados, de modo que al debatir sobre cuestiones que implican el reconocimiento de los derechos humanos, en general, y los derechos humanos de la niñez, en particular, muestren una actitud más amigable e interesada en cumplir con los deberes que corresponden a su vocación.
