Una ley congelada
La puerta de un congelador se cerró hace años y no ha vuelto a abrirse. Dentro estaba la Ley 9 del 20 de junio de 1994 sobre la carrera administrativa. Una norma, que nació con la intención de ordenar un enredo de muchas décadas y evitar los abusos, reposa ahora en el hielo sin posibilidades claras de surgir pronto a la vida.
A consecuencia de ello, la Carrera Administrativa está paralizada. Dos de sus tres principales órganos superiores, la Junta de Apelaciones y Conciliación y la Junta Técnica, no están funcionando porque el Ejecutivo no ha nombrado en propiedad a los representantes que han sido designados por las diferentes organizaciones e instituciones.
A los cinco miembros de la Junta de Apelación y Conciliación, que hace las funciones de órgano judicial dentro del sistema, se les venció el período de vigencia en el 2000 y los nuevos miembros no han sido nombrados.
De esta manera, la seguridad jurídica de los servidores está en serio riesgo al no funcionar la Junta de Apelación y Conciliación debido a que no tienen donde interponer sus recursos por despidos injustificados
Se conoció que hasta el momento sólo ha resuelto dos casos de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, que tuvieron que ser restituidos en sus puestos, pero que aún el Estado les adeuda el pago de salarios caídos
Lo propio sucede con la Junta Técnica porque su ausencia imposibilita la aprobación del procedimiento ordinario de ingreso a la Carrera Administrativa, instrumento necesario para otorgar las acreditaciones a los servidores públicos.
También impide que haya una evaluación del desempeño de los funcionarios y que existan incentivos por méritos.
Tampoco se aplica el sistema especial de ingreso que permite a los empleados que al momento de la reglamentación de la ley se encontraban en funciones demostrar que poseían los requisitos mínimos para el puesto de modo que se les incorporara automáticamente a la carrera administrativa.
Hasta el momento el gobierno no ha cumplido con el anuncio que, a fines de noviembre, realizó el jefe de la Dirección de Carrera Administrativa, Alberto Guerra, quien aseguró que antes de enero próximo se nombrarían las Juntas Técnicas y de Apelaciones para reactivar el proceso de acreditaciones de servidores públicos.
El secretario general encargado de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Alfredo Berrocal, tiene una explicación para estas irregularidades: "Hay menosprecio de los sectores políticos hacia el recurso humano que hace posible el crecimiento del país. Pero a pesar de ello, es una ley muy buena que lamentablemente no podrá ser aplicada hasta tanto no exista real independencia de poderes y voluntad, eso sobre todo".
A consecuencia de ello, la Carrera Administrativa está paralizada. Dos de sus tres principales órganos superiores, la Junta de Apelaciones y Conciliación y la Junta Técnica, no están funcionando porque el Ejecutivo no ha nombrado en propiedad a los representantes que han sido designados por las diferentes organizaciones e instituciones.
A los cinco miembros de la Junta de Apelación y Conciliación, que hace las funciones de órgano judicial dentro del sistema, se les venció el período de vigencia en el 2000 y los nuevos miembros no han sido nombrados.
De esta manera, la seguridad jurídica de los servidores está en serio riesgo al no funcionar la Junta de Apelación y Conciliación debido a que no tienen donde interponer sus recursos por despidos injustificados
Se conoció que hasta el momento sólo ha resuelto dos casos de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, que tuvieron que ser restituidos en sus puestos, pero que aún el Estado les adeuda el pago de salarios caídos
Lo propio sucede con la Junta Técnica porque su ausencia imposibilita la aprobación del procedimiento ordinario de ingreso a la Carrera Administrativa, instrumento necesario para otorgar las acreditaciones a los servidores públicos.
También impide que haya una evaluación del desempeño de los funcionarios y que existan incentivos por méritos.
Tampoco se aplica el sistema especial de ingreso que permite a los empleados que al momento de la reglamentación de la ley se encontraban en funciones demostrar que poseían los requisitos mínimos para el puesto de modo que se les incorporara automáticamente a la carrera administrativa.
Hasta el momento el gobierno no ha cumplido con el anuncio que, a fines de noviembre, realizó el jefe de la Dirección de Carrera Administrativa, Alberto Guerra, quien aseguró que antes de enero próximo se nombrarían las Juntas Técnicas y de Apelaciones para reactivar el proceso de acreditaciones de servidores públicos.
El secretario general encargado de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Alfredo Berrocal, tiene una explicación para estas irregularidades: "Hay menosprecio de los sectores políticos hacia el recurso humano que hace posible el crecimiento del país. Pero a pesar de ello, es una ley muy buena que lamentablemente no podrá ser aplicada hasta tanto no exista real independencia de poderes y voluntad, eso sobre todo".
