Una ley contra las clases humildes de Costa Abajo
En carta que el Obispo de Colón y Kuna Yala, Monseñor Carlos María Aris envía a la señora presidenta de la República, Mireya Moscoso, le expresa el rechazo a la Ley 44 del 31 de agosto de 1999 para la modernización y extensión de la cuenca del Canal, por parte del Equipo Misionero y de Evangelización de la Costa Abajo, en vista de los grandes males que ocasionaría a miles de humildes agricultores que han venido, por generaciones, ocupando y trabajando esas tierras.
La mencionada Ley 44 de 31 de agosto de 1999, aprobada durante el régimen perredista sin la debida participación de los afectados y a tambor batiente, fue rechazada en la reunión de formación para evangelizadores de las comunidades de Costa Abajo, en la comunidad de Boca de Toabré, durante los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre próximo pasado y las razones que se aducen son las siguientes:
Razones humanitarias: No hay un sólo acápite de la ley donde se tenga en cuenta el más mínimo de los derechos humanos. Son miles de personas, hombres, mujeres y niños, a quienes de la noche a la mañana, se les ha impuesto una autoridad que se ha hecho dueña de sus vidas y de su futuro, quedando así, sumergidas en la más absoluta indefensión e inseguridad.
Razones ecológicas: Aunque la Ley en sí misma no lo dice, fueron argumentos para su aprobación, la construcción de lagos y transvases de aguas para el Canal. Esta transformación proyectada va a afectar, profundamente, los ríos, quebradas y valles, además de causar muertes irreparables en la biodiversidad de su flora y fauna. No conocemos un estudio científico que nos exima de pensar que no va a ser éste el impacto ambiental. Razones de Justicia: La ley expropia y enajena la tierra que han trabajado durante generaciones miles de campesinos. No es de justicia social que, de improviso, sin que se les restituya o reconozca absolutamente nada, sin respetar los derechos posesorios y el principio de "la tierra para el que la ley trabaja", se quite el terruño a los humildes agricultores y se la entregue a un nuevo amo.
Razones Morales: Como cristianos no aceptamos que en el nombre del Canal se permita y tolere todo, incluyendo la vida, tradiciones y costumbres de muchas comunidades del Atlántico colonense, oeste de Panamá y coclesano. El Canal no es un dios o un ídolo ante cuyo altar se deben inmolar víctimas humanas y la historia cultural de los pueblos. Si bien el Canal es un símbolo nacional y una fuente importante de riqueza, no es argumento para el acaparamiento ni para fomentar el "capitalismo salvaje".
Razones éticas: Mientras se proclama un discurso político y social de que las tierras del Canal deben estar al servicio de los pobres y de que hay que atender a los pequeños agricultores, se aprueba una ley, a través de la cual, se arrebata la tierra a los campesinos marginados, para dársela al Canal. El próximo sábado publicaremos el final de la carta abierta que envía Monseñor Carlos María Ariz, a la señora Presidenta de la República.
La mencionada Ley 44 de 31 de agosto de 1999, aprobada durante el régimen perredista sin la debida participación de los afectados y a tambor batiente, fue rechazada en la reunión de formación para evangelizadores de las comunidades de Costa Abajo, en la comunidad de Boca de Toabré, durante los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre próximo pasado y las razones que se aducen son las siguientes:
Razones humanitarias: No hay un sólo acápite de la ley donde se tenga en cuenta el más mínimo de los derechos humanos. Son miles de personas, hombres, mujeres y niños, a quienes de la noche a la mañana, se les ha impuesto una autoridad que se ha hecho dueña de sus vidas y de su futuro, quedando así, sumergidas en la más absoluta indefensión e inseguridad.
Razones ecológicas: Aunque la Ley en sí misma no lo dice, fueron argumentos para su aprobación, la construcción de lagos y transvases de aguas para el Canal. Esta transformación proyectada va a afectar, profundamente, los ríos, quebradas y valles, además de causar muertes irreparables en la biodiversidad de su flora y fauna. No conocemos un estudio científico que nos exima de pensar que no va a ser éste el impacto ambiental. Razones de Justicia: La ley expropia y enajena la tierra que han trabajado durante generaciones miles de campesinos. No es de justicia social que, de improviso, sin que se les restituya o reconozca absolutamente nada, sin respetar los derechos posesorios y el principio de "la tierra para el que la ley trabaja", se quite el terruño a los humildes agricultores y se la entregue a un nuevo amo.
Razones Morales: Como cristianos no aceptamos que en el nombre del Canal se permita y tolere todo, incluyendo la vida, tradiciones y costumbres de muchas comunidades del Atlántico colonense, oeste de Panamá y coclesano. El Canal no es un dios o un ídolo ante cuyo altar se deben inmolar víctimas humanas y la historia cultural de los pueblos. Si bien el Canal es un símbolo nacional y una fuente importante de riqueza, no es argumento para el acaparamiento ni para fomentar el "capitalismo salvaje".
Razones éticas: Mientras se proclama un discurso político y social de que las tierras del Canal deben estar al servicio de los pobres y de que hay que atender a los pequeños agricultores, se aprueba una ley, a través de la cual, se arrebata la tierra a los campesinos marginados, para dársela al Canal. El próximo sábado publicaremos el final de la carta abierta que envía Monseñor Carlos María Ariz, a la señora Presidenta de la República.
