Una ley necesaria
Cinco de cada mil personas menores de edad ingresaron durante el año 2007 en los juzgados de niñez y adolescencia para iniciar procesos de protección por ser víctimas de maltrato, abandono, negligencia, abuso sexual, amenaza, omisión o abuso de derechos.
Estos juzgados recibieron un total de casos de protección que implicó la atención de 5,515 niños, niñas y adolescentes, de las cuales el 28% ingresó por ser víctima de maltrato; el 11% por abuso sexual; el 37% por encontrase en situación de omisión, amenaza y abuso de derechos; y el 23% por ser víctimas de abandono y protección.
Del total de niños, niñas y adolescentes en casos de protección, el 56.2% es mujer y el 42.7% del sexo masculino. El 17% es menor de 6 años de edad; el 14% tiene entre 6 y 10 años; el 49% tiene más de 10 años; y el resto (16%) no especificaba la edad del menor en caso de protección. El 56.5% vive con su madre; el 19% vive con su madres y su padre; 7.1% vive solo con su padre y un 9% vive con otro familiar.
Estas cifras reafirman la necesidad de una ley integral que garantice el acceso de la población a los servicios de salud sexual y reproductiva. Una ley para toda la sociedad, pero en relación muy directa con el rol de las mujeres y que dé marco al impulsar de acciones formativas y orientadoras de una concepción integral en sexualidad, que debe potenciar la voz de los sin voz y la participación activa de las personas, compartiendo información y formando actitudes, creencias y valores acerca de la identidad, las relaciones y la intimidad, a lo largo de toda la vida sin excluir las dimensiones biológicas, socio-culturales, psicológicas y espirituales de la sexualidad.
La afirmación de estos derechos deben servir de base a la construcción positiva y saludable de la dimensión sexual de nuestras vidas, apoyándonos en un comportamiento respetuoso, responsable, libre de explotación y violencia, y que integre también a los padres y madres de familia u otras personas encargadas de la atención de las y los niños.
Sobre cualquier fundamentalismo o ignorancia, creo que debemos empinarnos como país y tener una ley que conduzca al establecimiento de un marco normativo, jurídico que garantice los derechos humanos de la población panameña al pleno goce de su salud sexual y reproductiva, facilite la ejecución eficiente y efectiva de todas las políticas públicas dirigidas a lograr el más alto nivel de salud de la población, como parte de las estrategias y esfuerzos para alcanzar las Metas del Milenio.
Los diversos actores sociales, económicos y políticos, los medios de comunicación deberían contribuir a abrir el acceso a la construcción de ciudadanía sexual definida como conciencia de los derechos humanos sexuales reproductivos; disponibilidad de servicios y recursos y la forma de tener acceso a ellos, participación, derecho a decidir, reconocimiento y comprensión de la amplitud de la diversidad de nuestras vidas.
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