Una ley que debe ser derogada
Surgida a finales de los años 90 como mecanismo político para enfrentar una situación que al parecer no se podía resolver de otra manera, la llamada Ley Faúndes se presenta hoy como un estatuto que atenta no sólo contra el derecho al trabajo, vital e indiscutible, sino como una herramienta repugnante que se presta para interpretaciones no siempre justas o aceptables. ¿Quién ha dicho que la productividad intelectual o la energía laboral de una persona concluye a los 75 años? ¿Cuánto de justo puede haber en un estatuto que usa esa edad para ponerle fin a los aportes de un ciudadano?
La Ley Faúndes fue desde su génesis un instrumento esgrimido contra quienes, por una razón u otra, se han enfrentado políticamente, un acto evidente de miopía y egoísmo, que lo único que hace es cercenar y demeritar el trabajo de aquellos que le han dado su vida productiva al país, y a los que alegremente un improvisado les dice "usted ya no sirve para esto, váyase a su casa". Es el irrespeto y el egoísmo institucionalizado; la maniobra por encima del razonamiento, que impide que la reserva de una sociedad sirva de ejemplo para sus nuevas generaciones.
Y no es cuestión de aplicarla a un segmento y obviar a otros. Si convenimos que nadie puede determinar la edad productiva de una persona, la Ley Faúndes sólo puede y debe tener un camino, su derogación total. ¿Cuántos de nuestros catedráticos excelentes se ven privados hoy se seguir en sus faenas por el estatuto que analizamos? ¿Si para un ser humano el trabajo ha sido la vida, y ese trabajo se ve abruptamente suspendido por leyes como ésta, no se atenta contra su propia vida? ¿No hay acaso un contrasentido entre el derecho a la vida y al trabajo que se defiende desde nuestra Constitución y leyes como la que criticamos?
Si la Asamblea decide derogar la Ley Faúndes, la medida debe afectar a todos los sectores, no a uno, para evitar reproducir el mismo error que se cometió cuando fue aprobada.
La Ley Faúndes fue desde su génesis un instrumento esgrimido contra quienes, por una razón u otra, se han enfrentado políticamente, un acto evidente de miopía y egoísmo, que lo único que hace es cercenar y demeritar el trabajo de aquellos que le han dado su vida productiva al país, y a los que alegremente un improvisado les dice "usted ya no sirve para esto, váyase a su casa". Es el irrespeto y el egoísmo institucionalizado; la maniobra por encima del razonamiento, que impide que la reserva de una sociedad sirva de ejemplo para sus nuevas generaciones.
Y no es cuestión de aplicarla a un segmento y obviar a otros. Si convenimos que nadie puede determinar la edad productiva de una persona, la Ley Faúndes sólo puede y debe tener un camino, su derogación total. ¿Cuántos de nuestros catedráticos excelentes se ven privados hoy se seguir en sus faenas por el estatuto que analizamos? ¿Si para un ser humano el trabajo ha sido la vida, y ese trabajo se ve abruptamente suspendido por leyes como ésta, no se atenta contra su propia vida? ¿No hay acaso un contrasentido entre el derecho a la vida y al trabajo que se defiende desde nuestra Constitución y leyes como la que criticamos?
Si la Asamblea decide derogar la Ley Faúndes, la medida debe afectar a todos los sectores, no a uno, para evitar reproducir el mismo error que se cometió cuando fue aprobada.
