Una nueva PTJ
La podredumbre en la Policía Técnica Judicial (PTJ) clama a gritos su disolución y reemplazo por un nuevo organismo de investigación judicial, pero no por su absorción por parte de la Policía Nacional como ha propuesto el Órgano Ejecutivo.
Eso significa que debe crearse mediante Ley una nueva organización de investigación de los delitos que sea totalmente técnica y profesional, pero con los controles externos e internos que eviten la corrupción que carcomió a la actual PTJ y sin que se confunda en una sola institución la función de prevención del delito con la de investigación de los crímenes.
La calamitosa situación en la que los agentes de la Ley eran los principales patrones de los delincuentes seguramente no es monopolio de la PTJ. Esto se puede dar en cualquier cuerpo armado que no tenga los controles y balances junto a los resortes y palancas que permitan su recta administración.
Tanto para la nueva organización de policía judicial como para la Policía Nacional, el Servicio Marítimo Nacional y los demás estamentos de la Fuerza Pública, la debida selección de personal y su depuración permanente, la remuneración adecuada y los planes de pensión generosos para quienes generosamente arriesgan su vida por sus conciudadanos, así como el equipamiento adecuado y el respeto a su profesionalismo, son elementos indispensables para su recto y correcto funcionamiento.
La existencia de oficinas de responsabilidad profesional junto a la capacidad de instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, también coadyuvarán a mantener a sus integrantes del lado correcto de la Ley. Sin embargo, el elemento más importante es que los gobernantes respeten el carácter técnico de la función policial y dejen de estar quitando y poniendo directores más sumisos a los deseos del Presidente de turno que a la Constitución y la Ley.
Eso significa que debe crearse mediante Ley una nueva organización de investigación de los delitos que sea totalmente técnica y profesional, pero con los controles externos e internos que eviten la corrupción que carcomió a la actual PTJ y sin que se confunda en una sola institución la función de prevención del delito con la de investigación de los crímenes.
La calamitosa situación en la que los agentes de la Ley eran los principales patrones de los delincuentes seguramente no es monopolio de la PTJ. Esto se puede dar en cualquier cuerpo armado que no tenga los controles y balances junto a los resortes y palancas que permitan su recta administración.
Tanto para la nueva organización de policía judicial como para la Policía Nacional, el Servicio Marítimo Nacional y los demás estamentos de la Fuerza Pública, la debida selección de personal y su depuración permanente, la remuneración adecuada y los planes de pensión generosos para quienes generosamente arriesgan su vida por sus conciudadanos, así como el equipamiento adecuado y el respeto a su profesionalismo, son elementos indispensables para su recto y correcto funcionamiento.
La existencia de oficinas de responsabilidad profesional junto a la capacidad de instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, también coadyuvarán a mantener a sus integrantes del lado correcto de la Ley. Sin embargo, el elemento más importante es que los gobernantes respeten el carácter técnico de la función policial y dejen de estar quitando y poniendo directores más sumisos a los deseos del Presidente de turno que a la Constitución y la Ley.
