Una política exterior para el cambio
La política exterior de un país debe tener una coherencia integral para permitir que la misma pueda ser ejecutada en una forma eficaz en la promoción del turismo, el comercio, la cooperación internacional y las exportaciones; y es precisamente lo que le ha faltado a la practicada por la actual administración Torrijos, que es realmente deprimente, ya que se ha fallado puntualmente en concretar el TPC con los Estados Unidos y en la no renovación oportuna del SPG plus con la Unión Europea. Es lamentable que en ambos casos se hayan puestos los intereses partidistas y personales por encima de los intereses nacionales.
Por ello, la visión que tiene la Alianza Martinelli-Varela de que las relaciones exteriores de nuestro país deben lograr los mayores beneficios a favor de la población panameña, con una profesionalización de nuestras sedes diplomáticas y consulares e incrementar nuestra presencia dentro de acuerdos bilaterales y convenios multilaterales que permitan una mayor capacitación y asistencia técnica en diversas materias, es la adecuada para lograr que Panamá vuelva a ocupar el sitio de referencia que le corresponde dentro del concierto de naciones.
Específicamente, entre las diferentes propuestas presentadas por la Gran Alianza de Oposición me parecen sumamente acertadas las relativas a nuestra necesaria incorporación a la APEC, lo cual requerirá un serio esfuerzo diplomático de cabildeo al más alto nivel para que en 2010 se logre dicho cometido y no se fracase como le sucedió a esta administración, la cual no entendió cabalmente el impacto favorable que para la economía panameña representaría nuestra incorporación como un medio eficaz para hacerle frente a la actual crisis financiera global.
De igual forma, satisface plenamente que se utilizara la ley de Retorsión en contra de aquellos países que nos han puesto en sus "listas negras", ya que la misma no ha sido aplicada por este gobierno PRD que ha preferido claudicar y ponerse de rodilla ante aquellos países de la OCDE, que están afectando nuestra imagen internacional y perjudicando nuestro sistema financiero; pero que sus compañías siguen aquí haciendo pingües negocios, algo que no se puede seguir tolerando, ya que esto va en detrimento de nuestra soberanía nacional y del trato igualitario que nos merecemos como miembros de la comunidad internacional pero, sobre todo, en abierta contravención con las normas de libre competencia y "fair play" que resguarda la OMC.
Por último, pero no por ello menos, creo oportuna la promesa electoral de revisar el decreto 75 de 1990 que regula lo relativo a los ingresos que perciben los agentes consulares, en base a que existe una legítima percepción ciudadana de que los cónsules "entran limpios y luego salen millonarios", lo que debe dar paso a una transparencia en la recaudación consular y en el manejo de dichos fondos.
