Una posición absurda
La Cámara de Comercio de Panamá ha anunciado públicamente su deseo de no pertenecer más al Consejo Nacional de la Empresa Privada. Las razones no han sido dadas públicamente, pero todo indica que se trata de conflictos internos sobre liderazgo.
El lunes 30 de octubre vimos en los medios, un comunicado del CONEP, que se refiere al Proyecto de Ley No. 27 sobre "Medicamentos y otros productos para la Salud Humana", hoy día ya aprobado en tercer debate por la Asamblea Legislativa.
Todavía no hemos salido del asombro de la desfachatada actitud del CONEP y vamos a referirnos a tres de los puntos en los que fundamenta dicho organismo su oposición al Proyecto de Ley No27, aprobado por la Asamblea Legislativa.
Dice el comunicado del CONEP en el punto tercero: "Este tipo de medidas que congelan los precios interfieren con las reglas de libre mercado, sientan un grave precedente, violan acuerdo internacionales y preocupan a los inversionistas nacionales y extranjeros".
La medida adoptada por la Asamblea Legislativa de congelar los precios obedece a que los distribuidores de medicinas, que en la administración pasada se comprometieron a reducirlos, hicieron todo lo contrario y en muchos productos se dieron alzas de hasta del 20% y más. Estudios de la CLICAC indican que 827 medicinas aumentaron de precio durante 1999 y sólo 190 bajaron de precio.
¿Acaso el CONEP desconoce que nuestra Constitución Nacional, en el artículo 107, expresamente señala la obligación del Estado de "desarrollar una política nacional de medicamentos que promueva la producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad y control de los medicamentos para toda la población del país"? Si las medidas adoptadas por el primer "rgano del Estado, el Legislativo, "interfieren con las reglas de libre mercado, sientan un grave precedente, violan acuerdos internacionales", como afirma el CONEP, entonces todas esas reglas y convenios son inconstitucionales, pues se establecieron pasando por encima de lo que establece el máximo estatuto jurídico que rige la organización política del Estado panameño.
Continúa el sorprendente comunicado afirmando lo siguiente, en su punto cuarto: "No debe atentarse con la estabilidad del país cambiando abrupta o periódicamente las normas que regulan la vida económica afectando a un considerable número de empresas que pudieran verse en la necesidad de, no sólo eliminar plazas de trabajo, sino, inclusive, cerrar operaciones, agravando así el problema del desempleo existente".
Preguntamos nuevamente a los señores del CONEP, si acaso ignoran la existencia de los artículos 277 y 279 de nuestra Constitución Nacional. Por si los desconocen transcribimos textualmente el contenido de ambos. Art. 277. El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares; pero el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará, según las necesidades sociales y dentro de las normas del presente Título, con el fin de acrecentar la riqueza nacional y de asegurar sus beneficios para el mayor número posible de los habitantes del país. El Estado planificará el desarrollo económico y social mediante organismos o departamentos especializados, cuya organización y funcionamiento determinará la ley." De seguido el artículo 279 dice lo siguiente: "El Estado intervendrá en toda clase de empresas, dentro de la reglamentación que establezca la Ley, para hacer efectiva la justicia social a que se refiere la presenta Constitución y en especial, para los siguientes fines: 1° Regular por medio de organismos especiales las tarifas, los servicios y los precios de los artículos de cualquier naturaleza, y especialmente los de primera necesidad". 2° Exigir la debida eficacia en los servicios y la adecuada calidad de los artículos mencionados en el aparte anterior. 3° Coordinar los servicios y la producción de artículos. La Ley definirá los artículos de primera necesidad."
Si la iniciativa legislativa del primer "rgano del Estado, de reglamentar los precios de las medicinas, atenta contra todas las normas que dice el CONEP regulan la vida económica nacional, tendremos que concluir que esas normas económicas son inconstitucionales. Pero la actitud del CONEP no sólo resulta ser anticonstitucional, sino además es amenazante, pues trata de intimidar a las autoridades nacionales con la reducción de plazas de trabajo, cierre de empresas y además crear el desabastecimiento de medicamentos en el mercado nacional. ¡Qué poca altura señores!
El lunes 30 de octubre vimos en los medios, un comunicado del CONEP, que se refiere al Proyecto de Ley No. 27 sobre "Medicamentos y otros productos para la Salud Humana", hoy día ya aprobado en tercer debate por la Asamblea Legislativa.
Todavía no hemos salido del asombro de la desfachatada actitud del CONEP y vamos a referirnos a tres de los puntos en los que fundamenta dicho organismo su oposición al Proyecto de Ley No27, aprobado por la Asamblea Legislativa.
Dice el comunicado del CONEP en el punto tercero: "Este tipo de medidas que congelan los precios interfieren con las reglas de libre mercado, sientan un grave precedente, violan acuerdo internacionales y preocupan a los inversionistas nacionales y extranjeros".
La medida adoptada por la Asamblea Legislativa de congelar los precios obedece a que los distribuidores de medicinas, que en la administración pasada se comprometieron a reducirlos, hicieron todo lo contrario y en muchos productos se dieron alzas de hasta del 20% y más. Estudios de la CLICAC indican que 827 medicinas aumentaron de precio durante 1999 y sólo 190 bajaron de precio.
¿Acaso el CONEP desconoce que nuestra Constitución Nacional, en el artículo 107, expresamente señala la obligación del Estado de "desarrollar una política nacional de medicamentos que promueva la producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad y control de los medicamentos para toda la población del país"? Si las medidas adoptadas por el primer "rgano del Estado, el Legislativo, "interfieren con las reglas de libre mercado, sientan un grave precedente, violan acuerdos internacionales", como afirma el CONEP, entonces todas esas reglas y convenios son inconstitucionales, pues se establecieron pasando por encima de lo que establece el máximo estatuto jurídico que rige la organización política del Estado panameño.
Continúa el sorprendente comunicado afirmando lo siguiente, en su punto cuarto: "No debe atentarse con la estabilidad del país cambiando abrupta o periódicamente las normas que regulan la vida económica afectando a un considerable número de empresas que pudieran verse en la necesidad de, no sólo eliminar plazas de trabajo, sino, inclusive, cerrar operaciones, agravando así el problema del desempleo existente".
Preguntamos nuevamente a los señores del CONEP, si acaso ignoran la existencia de los artículos 277 y 279 de nuestra Constitución Nacional. Por si los desconocen transcribimos textualmente el contenido de ambos. Art. 277. El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares; pero el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará, según las necesidades sociales y dentro de las normas del presente Título, con el fin de acrecentar la riqueza nacional y de asegurar sus beneficios para el mayor número posible de los habitantes del país. El Estado planificará el desarrollo económico y social mediante organismos o departamentos especializados, cuya organización y funcionamiento determinará la ley." De seguido el artículo 279 dice lo siguiente: "El Estado intervendrá en toda clase de empresas, dentro de la reglamentación que establezca la Ley, para hacer efectiva la justicia social a que se refiere la presenta Constitución y en especial, para los siguientes fines: 1° Regular por medio de organismos especiales las tarifas, los servicios y los precios de los artículos de cualquier naturaleza, y especialmente los de primera necesidad". 2° Exigir la debida eficacia en los servicios y la adecuada calidad de los artículos mencionados en el aparte anterior. 3° Coordinar los servicios y la producción de artículos. La Ley definirá los artículos de primera necesidad."
Si la iniciativa legislativa del primer "rgano del Estado, de reglamentar los precios de las medicinas, atenta contra todas las normas que dice el CONEP regulan la vida económica nacional, tendremos que concluir que esas normas económicas son inconstitucionales. Pero la actitud del CONEP no sólo resulta ser anticonstitucional, sino además es amenazante, pues trata de intimidar a las autoridades nacionales con la reducción de plazas de trabajo, cierre de empresas y además crear el desabastecimiento de medicamentos en el mercado nacional. ¡Qué poca altura señores!
