Una vez más, la libertad de expresión
UNA VEZ MÁS, el tema del bien público que es la libertad de expresión, divide y separa a los panameños. En esta ocasión, la división se produce, más que por la decisión del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela de cancelarle la frecuencia a la cincuentenaria empresa televisora RCTV, por las declaraciones del presidente Martín Torrijos Espino sobre el hecho.
Una vez más, reaparece la marcada tendencia, por parte de ciertas y altas autoridades de los distintos Órganos del Estado y de algunos funcionarios de alta jerarquía, y se pretende hacernos olvidar que el bien público libertad de expresión es el más preciado y fundamental derecho de toda sociedad basada en principios democráticos.
Una vez más, el Presidente Martín Torrijos Espino, su Gabinete, sus diputados y otros, intentan, descalificar el hecho que los medios de comunicación independientes y pluralistas son esenciales para una sociedad libre y para un gobierno responsable. De ahí que cuando se producen presiones de cualquier naturaleza sobre los medios de comunicación, en cualquier parte, tenemos que rechazarlas por inaceptables y porque además atentan contra el debate abierto que debe existir en nuestro planeta, en nuestro medio, sobre temas de interés público para los ciudadanos.
Una vez más pretenden que olvidemos que uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra la corrupción y la impunidad es la libertad de expresión. No es de extrañar, entonces, que tanto los regímenes, como los gobiernos corruptos y con ellos, algunos de sus encopetados funcionarios, controlen y/o ataquen a la libertad de expresión y rechacen los procedimientos que garanticen el acceso a la información en poder del Estado y/o del Gobierno.
Una vez más se pretenden ignorar olímpicamente, entre otros, la Convención Americana aprobada en San José de Costa Rica, en 1969, y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, la cual en su artículo 13 establece:
"La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión".
En los últimos meses hemos visto cómo, en Panamá, no han faltado los intentos por limitar más e indebidamente el derecho a la libertad de expresión (v.gr. nuevo Código Penal, Ley 15), y cómo se exacerban las actuaciones de ciertas autoridades que olvidan que sin libertad de expresión no puede haber libertad, porque la información es el oxígeno de la democracia y que la libertad de expresión es esencial para combatir la corrupción y la impunidad.
Los ciudadanos debemos repudiar esas actuaciones, vengan de quien vengan y, debemos redoblar nuestras acciones ciudadanas para contener y rechazar este intento sistemático por parte de las autoridades para limitar las críticas al gobierno.
Que no se olviden los perseguidores de hoy que la libertad de expresión permite que las personas escrutemos las acciones del gobierno y que ello es la verdadera base para un debate apropiado e informado sobre tales acciones y, más especialmente, cuando las mismas están guiadas e inspiradas en la corrupción.
Durante la década del 80, cuando se denunciaba el apartheid imperante en Sudáfrica, no faltaban los gobernantes que afirmaban que el apartheid era condenable, pero que "se trataba de un problema interno sudafricano", que había "que evitar toda injerencia". Nadie puede negar hoy cómo la presión ejercida sobre el régimen racista de Sudáfrica y la ayuda directa a sus víctimas, fueron determinantes en la derrota.
En cuanto a la libertad de expresión, mal puede considerarse a la misma como un problema interno o soberano de un Estado.
Una vez más, ante el ejercicio del poder, sin la influencia moderadora y controladora de una estructura ética, cobra vigencia el pensamiento de Voltaire. Muy particularmente en la frase que sintetiza las dos últimas décadas de su vida: "Nuestra pasión dominante debe ser por el bien público".
Una vez más, reaparece la marcada tendencia, por parte de ciertas y altas autoridades de los distintos Órganos del Estado y de algunos funcionarios de alta jerarquía, y se pretende hacernos olvidar que el bien público libertad de expresión es el más preciado y fundamental derecho de toda sociedad basada en principios democráticos.
Una vez más, el Presidente Martín Torrijos Espino, su Gabinete, sus diputados y otros, intentan, descalificar el hecho que los medios de comunicación independientes y pluralistas son esenciales para una sociedad libre y para un gobierno responsable. De ahí que cuando se producen presiones de cualquier naturaleza sobre los medios de comunicación, en cualquier parte, tenemos que rechazarlas por inaceptables y porque además atentan contra el debate abierto que debe existir en nuestro planeta, en nuestro medio, sobre temas de interés público para los ciudadanos.
Una vez más pretenden que olvidemos que uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra la corrupción y la impunidad es la libertad de expresión. No es de extrañar, entonces, que tanto los regímenes, como los gobiernos corruptos y con ellos, algunos de sus encopetados funcionarios, controlen y/o ataquen a la libertad de expresión y rechacen los procedimientos que garanticen el acceso a la información en poder del Estado y/o del Gobierno.
Una vez más se pretenden ignorar olímpicamente, entre otros, la Convención Americana aprobada en San José de Costa Rica, en 1969, y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, la cual en su artículo 13 establece:
"La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión".
En los últimos meses hemos visto cómo, en Panamá, no han faltado los intentos por limitar más e indebidamente el derecho a la libertad de expresión (v.gr. nuevo Código Penal, Ley 15), y cómo se exacerban las actuaciones de ciertas autoridades que olvidan que sin libertad de expresión no puede haber libertad, porque la información es el oxígeno de la democracia y que la libertad de expresión es esencial para combatir la corrupción y la impunidad.
Los ciudadanos debemos repudiar esas actuaciones, vengan de quien vengan y, debemos redoblar nuestras acciones ciudadanas para contener y rechazar este intento sistemático por parte de las autoridades para limitar las críticas al gobierno.
Que no se olviden los perseguidores de hoy que la libertad de expresión permite que las personas escrutemos las acciones del gobierno y que ello es la verdadera base para un debate apropiado e informado sobre tales acciones y, más especialmente, cuando las mismas están guiadas e inspiradas en la corrupción.
Durante la década del 80, cuando se denunciaba el apartheid imperante en Sudáfrica, no faltaban los gobernantes que afirmaban que el apartheid era condenable, pero que "se trataba de un problema interno sudafricano", que había "que evitar toda injerencia". Nadie puede negar hoy cómo la presión ejercida sobre el régimen racista de Sudáfrica y la ayuda directa a sus víctimas, fueron determinantes en la derrota.
En cuanto a la libertad de expresión, mal puede considerarse a la misma como un problema interno o soberano de un Estado.
Una vez más, ante el ejercicio del poder, sin la influencia moderadora y controladora de una estructura ética, cobra vigencia el pensamiento de Voltaire. Muy particularmente en la frase que sintetiza las dos últimas décadas de su vida: "Nuestra pasión dominante debe ser por el bien público".
