Universidad: la transparencia de un referendo
En los últimos años se han realizado esfuerzos importantes por reglamentar, de manera amplia y eficaz, los procesos electorales universitarios. El número elevado de elecciones, y la necesidad de que éstas sean caracterizadas por la transparencia y la objetividad ha llevado a definir criterios claros para el desarrollo de estas actividades. Esto debe ser más aún, en una coyuntura en la que se busca redefinir el futuro institucional.
Uno de los aspectos consignado en el Reglamento General de Elecciones está referido a la obligación que tenían las autoridades, en ejercicio, de abandonar sus cargos si se postulaban para un nuevo periodo por lo menos un mes antes de la fecha de la respectiva elección. Con esto se busca la mayor objetividad en el espacio competitivo, pero además y principalmente, que el cargo no genere favoritismo y, menos, la utilización de recursos institucionales para el interés personal-electoral.
Ese mismo criterio, el cual lo estamos demandando al Tribunal Electoral Universitario, debe reglamentarse si se opta por llevar adelante un “referendo” para reformar la Ley Orgánica ya que el mismo estará circunscrito al exclusivo interés reeleccionista y que, por lo tanto, a efecto de igualar las tendencias entre el sí y el no, ha de separarse toda aquella autoridad que se vería beneficiada con el resultado de la consulta, y si no lo hiciesen se tendría que imposibilitárseles las candidaturas. Si queremos ser expresión de transparencia, de imparcialidad, entonces una medida como esta es más que necesaria.
Los medios de comunicación escritos han venido cuestionando algunas acciones, en la que se podría estar utilizando recursos institucionales para orientar la futura votación en un sentido a favor de la reelección. Se habla, por ejemplo, de un desayuno con Diputados financiados con fondos institucionales, de reuniones en el interior con funcionarios administrativos en horas laborables y de recorridos por las unidades académicas con tal propósito.
El Referendo –el cual no compartimos por considerarlo inoportuno y poco legítimo por el tema esencial que busca resolver, debe llevarse a cabo de manera transparente, evitando que el uso de los recursos institucionales afecte y deslegitime el resultado. Algunas medidas tendrán que adoptarse si queremos darle credibilidad a la consulta universitaria. Las autoridades que aspiren reelección deben abandonar su cargo un mes ante del Referendo, sino lo hacen “no podrían” optar por una candidatura. Tiene que escogerse un Comité Independiente, que integre las dos tendencias, para organizar, dirigir y administrar el Referendo. Pero, igualmente deben crearse los espacios de promoción con iguales condiciones para quienes se opongan tengan iguales facilidades para impulsar la opción adversaria a la reelección.
De lo contario, si la idea es alcanzar la meta reeleccionista a toda costa, obviando el sentir de las partes que adversan, quedaría una segunda opción. La reelección se aprobaría a partir del próximo periodo, lo que dejaría a las actuales autoridades sin posibilidades, lo que es correcto si consideramos que al ser electas lo hicieron con reglas del juego que les impedía la reelección.
