Urge debate abierto sobre la minería
Un conjunto de organizaciones civiles se han dirigido al Presidente para solicitarle una moratoria razonable en la actividad minera y, en especial, la del cielo abierto de minerales metálicos, para que la sociedad panameña, en debate abierto y transparente, decida si las condiciones bajo las cuales esta actividad se está realizando son cónsonas con los mejores intereses del país. La solicitud está firmada por entidades de gran trayectoria como ANCON, CEASPA, Audobon, Pro Mar, Mar Viva, Panamá Verde, CIAM, y sustenta su propuesta en estos argumentos:
Panamá ha elegido como política de Estado incentivar el turismo promoviendo especialmente, las maravillas naturales que tiene. Por lo tanto, resulta importante que la política pública para la explotación minera no sea incongruente con la estrategia de proteger el ambiente y atraer el turismo. Independientemente de las diversas visiones que existen acerca de la importancia de la naturaleza en la economía nacional, nuestros recursos naturales poseen un incalculable valor que se traduce en ingresos sostenibles. Debemos evaluar todas las alternativas de desarrollo que se pueden promover en cada región.
Las circunstancias que rodean a la explotación minera a cielo abierto ponen en riesgo los frágiles ecosistemas, particularmente en bosques tropicales húmedos, exponiendo los suelos a deslizamientos y a la población a contaminación del agua, aires y tierra, y afectando grandes extensiones de bosques. La mina Santa Rosa en Veraguas es un claro testimonio de un antecedente negativo en nuestro país.
Preocupa que algunos de los proyectos mineros presentes y futuros puedan afectar el Corredor Biológico Mesoamericano, del que forma parte Panamá junto a México y Centroamérica mediante convenio internacional. Lo anterior ha facilitado que, para su protección, la Nación haya recibido apoyo financiero de organismos de cooperación multilateral como el BM y la Agencia Alemana de Cooperación, así como donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Global.
Países de la región están reevaluando sus políticas mineras. De hecho, en el 2002 Costa Rica prohibió la apertura de nuevas minas a cielo abierto en su territorio logrando, con esta iniciativa, una verdadera y permanente fuente de desarrollo sostenible. Estas experiencias ameritan que revisemos nuestras leyes de minería.
Los acuerdos validados recientemente a través del proceso de concertación Nacional para el Desarrollo incorporan no sólo la necesidad de ?garantizar la sostenibilidad de los servicios ambientales? de Panamá, sino también de ?general cambios necesarios para contar con un sistema de inversiones transparente?, en donde ?las actividades productivas sean sostenibles en lo económico, social y ambiental?.
Es hora de parar el tren de inversiones mineras lesivas a la gente y al ambiente, y abrir el debate solicitado con todos los sectores de la sociedad, para lograr acuerdos nacionales fundamentales que impulsen el desarrollo sostenible que merecemos.
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