Uribe Vélez, Panamá y el Plan Colombia
El torneo democrático que caracterizó la elección del Dr. Álvaro Uribe Vélez como Presidente de la República colombiana, marca el inicio de una nueva era en la tierra de Santander, que tendrá a la vez un serio impacto en sus relaciones con los países fronterizos. Los territorios aledaños a Colombia: Panamá, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela serán sin duda afectados por los acuerdos o desacuerdos que se produzcan entre el Gobierno de Uribe, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los carteles del narcotráfico y los paramilitares integrados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estas últimas, las AUC, al decir de "Human Rights Watch" son llamadas la "Sexta División", queriendo señalarse así que en adición a las cinco divisiones que componen el Ejército colombiano los paramilitares forman la Sexta División, resaltándose de esta suerte la íntima relación latente entre los paramilitares de las AUC y las Fuerzas Armadas Colombianas.
Todos los días se encuentran fundamentos para pensar que en nuestro país no se están haciendo bien nuestras tareas primordiales. Una de esas tareas es la que concierne a la seguridad nacional. En este tema, como en otros, nuestros dirigentes en vez de orientarse hacia el mejoramiento de nuestras capacidades y nuestra autonomía, parecen llevar agua al molino de la dependencia.
Desde el año 2000 en más de una ocasión manifesté en esta columna de opinión, en "El Panamá América", la urgencia de que los países fronterizos se consultaran y acordaran planes de contingencia para enfrentar los problemas que en grado creciente se irían suscitando. Me refiero específicamente a las crónicas tituladas en este diario bajo los siguientes títulos: "Los Foros Internacionales y el "Plan Colombia" (7 de agosto de 2000), "El Plan Colombia y el Drama Latinoamericano" (4 de septiembre de 2000), "El Plan Colombia y los Conflictos de Competencia" (4 de diciembre de 2000) y "Diálogo: El Plan Colombia" (5 de marzo de 2001).
Si bajarse del tren de la historia por miedo a su marcha inexorable sería signo de cobardía, dejarse llevar por la conducción de otros es signo de desidia, de irresponsabilidad, de inconsciencia o de un complejo de inferioridad. Me he referido específicamente a las posibles repercusiones negativas que podría tener en Panamá la puesta en ejecución de decisiones venidas del exterior, que no tomen en cuenta o posterguen los intereses panameños. Repito que oportunamente puse mi nota de alarma ante la evolución del conflicto en Colombia, que ahora se profundiza con la elección del Presidente Uribe Vélez.
Sería imprudente desestimar que desde el 11 de septiembre en Washington se le ha otorgado primacía a la voluntad de luchar contra el terrorismo. Esa voluntad se ha expresado a veces en términos de Cruzada. Estados Unidos, después que fue atacado en su propia casa, le da más que nunca preeminencia a sus propios intereses. Mientras tanto, en Panamá damos signos de lo contrario. Lejos de tener confianza en nuestras propias fuerzas y de evaluar las necesidades de nuestros propios esfuerzos, mostramos una desconcertante firmeza en la creencia de nuestra debilidad.
Después del 11 de Septiembre, la definición que ha hecho la Administración Bush del terrorismo internacional y su tipificación de las guerrillas colombianas como organizaciones terroristas le dan al régimen del Presidente Uribe una dimensión muy especial que se proyecta más allá de los límites de Colombia. Se habla de una serie de acciones que en la esfera internacional tomará Estados Unidos en la dimensión hemisférica.
En lo que toca a Panamá llama la atención que, al parecer sin la presencia y participación de los personeros de los órganos de seguridad panameños, funcionarios norteamericanos hayan dado a conocer que con fondos del Plan Colombia el Gobierno de Estados Unidos proyecta construir dos puestos de vigilancia fronteriza en Panamá y Costa Rica y en los límites entre Chiriquí y Veraguas para contrarrestar el terrorismo, el narcotráfico y el contrabando ("Plan Colombia Llega a Panamá y Costa Rica", La Prensa", mayo 30 del 2002).
En nuestra opinión, Panamá, como lo señalé desde hace cerca de dos años, no puede cruzarse de brazos, debe contar con planes de contingencia que respondan a la seguridad nacional y que lógicamente deben ser el resultado de trabajos coordinados del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, la Policía Nacional, la PTJ, el Servicio de Protección Institucional (SPI), el Servicio Marítimo Nacional (SMN), el Servicio Aéreo Nacional (SAN) y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). La seguridad nacional está ligada a la supervivencia del país y si bien Panamá requerirá la cooperación internacional, esa seguridad no puede dejarse exclusivamente en manos foráneas.
Somos de opinión que los programas y planes de acción relativos a la seguridad hemisférica deben ser el resultado de la acción multilateral a través de los mecanismos internacionales que propicien el diálogo, la consulta, el consenso y la concertación. Es alentador que el Presidente electo de Colombia haya pedido una mediación internacional liderada por la Organización de las Naciones Unidas, para buscar el diálogo con los grupos armados ilegales. Es así mismo estimulante que el Presidente electo se proponga conversar con la Unión Europea, a la vez que examinar el tema con sus vecinos latinoamericanos y con Estados Unidos.
En despachos de las Agencias de Noticias AFP, Reuters y DPA, se ha transmitido la declaración de Uribe Vélez diciendo que "el primer mensaje que por el momento le voy a enviar a Tirofijo (Manuel Marulanda, de las FARC) será con Naciones Unidas". Sin embargo, hace presente, que "el diálogo será sólo si hay cese de hostilidades y se abandona el terrorismo".
El diálogo así condicionado, en el concepto de reputados analistas políticos, no es realista. Ni siquiera es susceptible de realización. El comentario que se hace en Bogotá, es que Uribe tendrá que convencer a los rebeldes por la fuerza de las armas, de la conveniencia de dialogar. No cabe olvidar, que la elección de Uribe y el apoyo a sus propuestas de mano dura cogieron fuerza el pasado 20 de febrero, cuando se produjo la ruptura del diálogo entre el Gobierno y las FARC que dio lugar a que se intensificara de una parte la violencia insurgente y de la otra el discurso militarista del Gobierno.
Los antecedentes del Presidente Uribe llevan a pensar que en la medida en que su gobierno adopte acciones enérgicas y firmes de mano dura en contra de la guerrilla colombiana, se producirá una onda expansiva, cuyos efectos repercutirán en Panamá y que pudieran crear situaciones insostenibles si no hay planes articulados de contingencia y si tales planes no responden a un auténtico interés panameño no subordinado a intereses foráneos ya sea de Colombia o de cualquier otro país.
El lunes pasado en el curso de su conferencia de Prensa en Bogotá, Uribe Vélez precisó sus prioridades para combatir militarmente a los grupos irregulares. Dijo que insistirá en la propuesta de que el equipo militar aportado por Estados Unidos al Plan Colombia, para la lucha antinarcóticos pueda ser usado para la lucha contra la insurgencia. "Colombia -enfatizó hablando en inglés- ha sido un socio en la batalla de Estados Unidos contra el terrorismo". Por lo tanto -señaló- "necesitamos ayuda de Estados Unidos para preservar nuestra democracia".
Esta virtual alianza colombo-norteamericana sin duda cobrará forma en las reuniones programadas por el Presidente electo Uribe Vélez con el subsecretario de Estado Otto Reich, en Bogotá y con el presidente George W. Bush en Washington.
Los encuentros de Uribe, Bush y Reich, abren, con su solo anuncio, un abanico de interrogantes que sólo podrán tener respuestas con el correr de los días y las semanas por venir.
Es prudente estar advertidos con anticipación sobre lo que pueda decidirse en Washington y en Bogotá. Sobre todo si de esas decisiones se deriva una radicalización de las acciones bélicas en el hermano país. En el marco de esa anticipación cabe un sinnúmero de reflexiones y una de ellas se refiere al papel que le tocaría en suerte jugar a nuestro país.
Panamá tendrá que estar preparado para cumplir sus tareas de preservación de la seguridad y de la tranquilidad internas. Es urgente que intentemos reformular todas las cuestiones que se refieren a los peligros potenciales que tiene para nuestro país una situación trabajada por el conflicto interno colombiano.
Los posibles sufrimientos que infligiría a nuestra población y los posibles daños que causaría a nuestro pacífico desarrollo una intensificación de la guerra en Colombia deben ser evaluados, dimensionados, tratados desde una perspectiva nacional.
No tendría justificación ni legitimidad que Panamá se viera envuelta en la guerra colombiana. En cambio, están llenas de sentido, de naturalidad y autenticidad las voces que se alzan en nuestro país para prevenir a las autoridades sobre la tentación de caer en cualquier situación imprudente, inconsulta, antinacional o precipitada.
Todos los días se encuentran fundamentos para pensar que en nuestro país no se están haciendo bien nuestras tareas primordiales. Una de esas tareas es la que concierne a la seguridad nacional. En este tema, como en otros, nuestros dirigentes en vez de orientarse hacia el mejoramiento de nuestras capacidades y nuestra autonomía, parecen llevar agua al molino de la dependencia.
Desde el año 2000 en más de una ocasión manifesté en esta columna de opinión, en "El Panamá América", la urgencia de que los países fronterizos se consultaran y acordaran planes de contingencia para enfrentar los problemas que en grado creciente se irían suscitando. Me refiero específicamente a las crónicas tituladas en este diario bajo los siguientes títulos: "Los Foros Internacionales y el "Plan Colombia" (7 de agosto de 2000), "El Plan Colombia y el Drama Latinoamericano" (4 de septiembre de 2000), "El Plan Colombia y los Conflictos de Competencia" (4 de diciembre de 2000) y "Diálogo: El Plan Colombia" (5 de marzo de 2001).
Si bajarse del tren de la historia por miedo a su marcha inexorable sería signo de cobardía, dejarse llevar por la conducción de otros es signo de desidia, de irresponsabilidad, de inconsciencia o de un complejo de inferioridad. Me he referido específicamente a las posibles repercusiones negativas que podría tener en Panamá la puesta en ejecución de decisiones venidas del exterior, que no tomen en cuenta o posterguen los intereses panameños. Repito que oportunamente puse mi nota de alarma ante la evolución del conflicto en Colombia, que ahora se profundiza con la elección del Presidente Uribe Vélez.
Sería imprudente desestimar que desde el 11 de septiembre en Washington se le ha otorgado primacía a la voluntad de luchar contra el terrorismo. Esa voluntad se ha expresado a veces en términos de Cruzada. Estados Unidos, después que fue atacado en su propia casa, le da más que nunca preeminencia a sus propios intereses. Mientras tanto, en Panamá damos signos de lo contrario. Lejos de tener confianza en nuestras propias fuerzas y de evaluar las necesidades de nuestros propios esfuerzos, mostramos una desconcertante firmeza en la creencia de nuestra debilidad.
Después del 11 de Septiembre, la definición que ha hecho la Administración Bush del terrorismo internacional y su tipificación de las guerrillas colombianas como organizaciones terroristas le dan al régimen del Presidente Uribe una dimensión muy especial que se proyecta más allá de los límites de Colombia. Se habla de una serie de acciones que en la esfera internacional tomará Estados Unidos en la dimensión hemisférica.
En lo que toca a Panamá llama la atención que, al parecer sin la presencia y participación de los personeros de los órganos de seguridad panameños, funcionarios norteamericanos hayan dado a conocer que con fondos del Plan Colombia el Gobierno de Estados Unidos proyecta construir dos puestos de vigilancia fronteriza en Panamá y Costa Rica y en los límites entre Chiriquí y Veraguas para contrarrestar el terrorismo, el narcotráfico y el contrabando ("Plan Colombia Llega a Panamá y Costa Rica", La Prensa", mayo 30 del 2002).
En nuestra opinión, Panamá, como lo señalé desde hace cerca de dos años, no puede cruzarse de brazos, debe contar con planes de contingencia que respondan a la seguridad nacional y que lógicamente deben ser el resultado de trabajos coordinados del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, la Policía Nacional, la PTJ, el Servicio de Protección Institucional (SPI), el Servicio Marítimo Nacional (SMN), el Servicio Aéreo Nacional (SAN) y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). La seguridad nacional está ligada a la supervivencia del país y si bien Panamá requerirá la cooperación internacional, esa seguridad no puede dejarse exclusivamente en manos foráneas.
Somos de opinión que los programas y planes de acción relativos a la seguridad hemisférica deben ser el resultado de la acción multilateral a través de los mecanismos internacionales que propicien el diálogo, la consulta, el consenso y la concertación. Es alentador que el Presidente electo de Colombia haya pedido una mediación internacional liderada por la Organización de las Naciones Unidas, para buscar el diálogo con los grupos armados ilegales. Es así mismo estimulante que el Presidente electo se proponga conversar con la Unión Europea, a la vez que examinar el tema con sus vecinos latinoamericanos y con Estados Unidos.
En despachos de las Agencias de Noticias AFP, Reuters y DPA, se ha transmitido la declaración de Uribe Vélez diciendo que "el primer mensaje que por el momento le voy a enviar a Tirofijo (Manuel Marulanda, de las FARC) será con Naciones Unidas". Sin embargo, hace presente, que "el diálogo será sólo si hay cese de hostilidades y se abandona el terrorismo".
El diálogo así condicionado, en el concepto de reputados analistas políticos, no es realista. Ni siquiera es susceptible de realización. El comentario que se hace en Bogotá, es que Uribe tendrá que convencer a los rebeldes por la fuerza de las armas, de la conveniencia de dialogar. No cabe olvidar, que la elección de Uribe y el apoyo a sus propuestas de mano dura cogieron fuerza el pasado 20 de febrero, cuando se produjo la ruptura del diálogo entre el Gobierno y las FARC que dio lugar a que se intensificara de una parte la violencia insurgente y de la otra el discurso militarista del Gobierno.
Los antecedentes del Presidente Uribe llevan a pensar que en la medida en que su gobierno adopte acciones enérgicas y firmes de mano dura en contra de la guerrilla colombiana, se producirá una onda expansiva, cuyos efectos repercutirán en Panamá y que pudieran crear situaciones insostenibles si no hay planes articulados de contingencia y si tales planes no responden a un auténtico interés panameño no subordinado a intereses foráneos ya sea de Colombia o de cualquier otro país.
El lunes pasado en el curso de su conferencia de Prensa en Bogotá, Uribe Vélez precisó sus prioridades para combatir militarmente a los grupos irregulares. Dijo que insistirá en la propuesta de que el equipo militar aportado por Estados Unidos al Plan Colombia, para la lucha antinarcóticos pueda ser usado para la lucha contra la insurgencia. "Colombia -enfatizó hablando en inglés- ha sido un socio en la batalla de Estados Unidos contra el terrorismo". Por lo tanto -señaló- "necesitamos ayuda de Estados Unidos para preservar nuestra democracia".
Esta virtual alianza colombo-norteamericana sin duda cobrará forma en las reuniones programadas por el Presidente electo Uribe Vélez con el subsecretario de Estado Otto Reich, en Bogotá y con el presidente George W. Bush en Washington.
Los encuentros de Uribe, Bush y Reich, abren, con su solo anuncio, un abanico de interrogantes que sólo podrán tener respuestas con el correr de los días y las semanas por venir.
Es prudente estar advertidos con anticipación sobre lo que pueda decidirse en Washington y en Bogotá. Sobre todo si de esas decisiones se deriva una radicalización de las acciones bélicas en el hermano país. En el marco de esa anticipación cabe un sinnúmero de reflexiones y una de ellas se refiere al papel que le tocaría en suerte jugar a nuestro país.
Panamá tendrá que estar preparado para cumplir sus tareas de preservación de la seguridad y de la tranquilidad internas. Es urgente que intentemos reformular todas las cuestiones que se refieren a los peligros potenciales que tiene para nuestro país una situación trabajada por el conflicto interno colombiano.
Los posibles sufrimientos que infligiría a nuestra población y los posibles daños que causaría a nuestro pacífico desarrollo una intensificación de la guerra en Colombia deben ser evaluados, dimensionados, tratados desde una perspectiva nacional.
No tendría justificación ni legitimidad que Panamá se viera envuelta en la guerra colombiana. En cambio, están llenas de sentido, de naturalidad y autenticidad las voces que se alzan en nuestro país para prevenir a las autoridades sobre la tentación de caer en cualquier situación imprudente, inconsulta, antinacional o precipitada.
