Uso privado de isles
El artículo 291 de la Constitución prohíbe la concesión de títulos de propiedad sobre islas; igual ocurre con las playas y riberas de lagos y ríos. No obstante, eso no ha impedido, que particulares se apropien de hecho de unos y otros. Así, por Internet se ofrecen y venden en el exterior, desde hace tiempo, islas y playas de Bocas del Toro. Es una estafa internacional multimillonaria. Otros, en cambio, comercializan derechos posesorios sobre esos bienes, que son del Estado. Legalmente, eso tampoco se puede, pero se hace; y de hecho las autoridades respetan esos títulos, que son de uso y goce, pero no de propiedad inscribible en el Registro Público.
No obstante lo anterior, en la práctica, a la mayoría, sobre todo a los extranjeros oriundos de países donde no existe un registro oficial de la propiedad, como es el caso de Estados Unidos, les importa poco un título de propiedad, y mucho menos inscrito. Lo relevante para ellos, como para la mayoría de los panameños precaristas, es la posesión o sea la ocupación física del terreno, con ánimo de dueño. Y la mejor prueba o señal de ese título, muchas veces más sólido que la propiedad misma, es la construcción de un rancho o casa, el cercado y la siembra. Con eso, no hay peligro de que nadie le dispute su derecho sobre el bien, aunque se carezca de título inscrito.
Por lo expuesto, nos parece atinado el proyecto de ley que acaba de presentar al Legislativo el ministro de Economía y Finanzas, Ricaurte Vásquez, que pretende permitir, legalizar y regular el uso, goce y ocupación privada de determinadas islas, para abrirlas a la inversión local y extranjera con fines turísticos.
Se trata de una iniciativa con visión pragmática, pues, sin irrespetar la Constitución, el Estado daría en concesión de uso y goce por una renta o alquiler, todo o parte de ciertas islas, con el compromiso de conservarla, sujeto a inspecciones. Claro que en la isla, previa aprobación del proyecto, pueden construirse viviendas, hoteles, muelles, restaurantes, sitios temáticos de recreación, conservando el Estado, en todo momento, la plena propiedad sobre el bien.
No obstante lo anterior, en la práctica, a la mayoría, sobre todo a los extranjeros oriundos de países donde no existe un registro oficial de la propiedad, como es el caso de Estados Unidos, les importa poco un título de propiedad, y mucho menos inscrito. Lo relevante para ellos, como para la mayoría de los panameños precaristas, es la posesión o sea la ocupación física del terreno, con ánimo de dueño. Y la mejor prueba o señal de ese título, muchas veces más sólido que la propiedad misma, es la construcción de un rancho o casa, el cercado y la siembra. Con eso, no hay peligro de que nadie le dispute su derecho sobre el bien, aunque se carezca de título inscrito.
Por lo expuesto, nos parece atinado el proyecto de ley que acaba de presentar al Legislativo el ministro de Economía y Finanzas, Ricaurte Vásquez, que pretende permitir, legalizar y regular el uso, goce y ocupación privada de determinadas islas, para abrirlas a la inversión local y extranjera con fines turísticos.
Se trata de una iniciativa con visión pragmática, pues, sin irrespetar la Constitución, el Estado daría en concesión de uso y goce por una renta o alquiler, todo o parte de ciertas islas, con el compromiso de conservarla, sujeto a inspecciones. Claro que en la isla, previa aprobación del proyecto, pueden construirse viviendas, hoteles, muelles, restaurantes, sitios temáticos de recreación, conservando el Estado, en todo momento, la plena propiedad sobre el bien.
