Uso y abuso del monopolio de la violencia
El monopolio de la violencia, por parte del gobierno, es necesario para el mantenimiento del orden público, la paz y la seguridad de todo Estado de Derecho plenamente constituido. Esta es una máxima sobre la cual el autor Max Weber expuso ampliamente. Así mismo Trostki afirma que todo Estado se fundamenta en la violencia.
No hay duda que en toda sociedad cierto grado de represión institucionalizada es necesaria, ya que de otra manera (a menos que hablemos de una utopía de perfecto comportamiento individual generalizado) reinaría el poder del fuerte contra el débil (poder físico), generando un caos y dejando paso ha cualquiera para cometer crímenes de todo tipo sin que se planten medidas anteriores a la prevención; en el caso propiamente dicho, de represión o luego del caso corrección.
Sin embargo, todo tiene sus límites, y el monopolio del poder no es la excepción. Por ejemplo, el procedimiento del uso de la fuerza de los agentes encargados de preservar el orden público debe ser agotado antes de llegar a medidas drásticas. Tampoco se puede infligir abusos innecesarios y desmedidos cuando se proceda contra alguien. Mucho menos utilizar el esquema lombrosiano del hombre criminal, en el que el agente se maneja por perfiles para reprimir y no por hechos.
El agente del orden público debe ser consciente de que la labor realizada tiene un gran contenido social y psicológico, por lo que el uso de la fuerza debe estar equiparado con el razonamiento y, en especial, el respeto a la integridad y a los derechos humanos. Además, debe considerar que toda acción podrá traer una reacción en la que siempre deberá mantener la cordura, pues está representando a un poder estatal.
Una medida errónea tomada por ese agente (o por el superior directo o indirecto, como suele pasar) podrá generar descontento en la sociedad.
Esperamos que los hechos acaecidos sirvan de enseñanza al organismo responsable de conservar el orden público; que, aunque tienen el monopolio de la violencia, no pueden abusar del mismo. No pueden extralimitarse en sus funciones ni en órdenes ni en acciones, ni el ministro de Gobierno y Justicia ni el director de la Policía, ni el agente policial, frente a las cámaras o no, pues evoca una actitud antidemocrática y brutal no acorde con los supuestos avances del país.
