Valor de la vida
¿Cuánto vale su vida? ¿En quién usted la confía? El primer deber del Estado es brindar seguridad a los ciudadanos. Para esto se desarrolla la función policial. Si la Policía es la organización especializada para proteger algo tan preciado como la vida, la honra y los bienes de los asociados ¿cómo es posible que les paguemos tan mal? Y en esto de "pagar mal" no nos referimos sólo al aspecto monetario, sino también a la falta de respeto a tan importante función.
Empecemos por la remuneración. Un policía del que esperamos que brinde su vida para proteger la nuestra, gana menos de B/. 400 al mes. Tal vez no tiene seguro de vida; vive, probablemente, junto a su familia desarmada, en los mismos barrios en donde le pedimos que entre a arrestar a los malhechores; si le dispara a un truhán, en defensa propia o de terceros, y acierta, tiene que enfrentar un juicio para probar su inocencia; luego de 25 ó 30 años de servicio, se jubila con la pensión del Seguro Social que siempre será inferior a lo que ganaba, cuando todavía tiene hijos que alimentar y tal vez una casa que terminar de pagar.
También hay que reconocer que cada día se enfrenta a la tentación del soborno y la desidia. Ve con frustración que el crimen sí paga, al pasarle enfrente, con amenazadora arrogancia, el criminal que hace poco arrestó en flagrante delito, o el político que hace dinero fácil a cosa de su posición privilegiada. Demasiados policías se cambian de bando en su función y se vuelven ellos mismos una amenaza para la sociedad que deben proteger.
Ya es hora que nos planteemos como sociedad si la función policial es tan importante como implica los bienes que la Constitución Política y la Ley le ordenan tutelar. Si es así, debemos hacer varias cosas. Primero, multiplicar los sueldos a lo largo del escalafón en proporción a la importancia de la función que realizan. Segundo, brindarle los apoyos de seguros, áreas de vivienda, entrenamiento y equipamiento necesarios para cumplir su función a cabalidad con un mínimo de seguridad. Tercero, depurar al cuerpo policial de todos aquellos conquistados por el crimen y la corrupción, a fin de conservar sólo los que merecen el honor de cumplir con tan elevada misión. Todo lo mencionado hay que hacerlo con los cuidados necesarios, para que la institución no se convierta en la amenaza en que se transformó en los años sesenta, cuando terminó subvirtiendo el orden constitucional.
No hacer esto a tiempo es un suicidio social.
Empecemos por la remuneración. Un policía del que esperamos que brinde su vida para proteger la nuestra, gana menos de B/. 400 al mes. Tal vez no tiene seguro de vida; vive, probablemente, junto a su familia desarmada, en los mismos barrios en donde le pedimos que entre a arrestar a los malhechores; si le dispara a un truhán, en defensa propia o de terceros, y acierta, tiene que enfrentar un juicio para probar su inocencia; luego de 25 ó 30 años de servicio, se jubila con la pensión del Seguro Social que siempre será inferior a lo que ganaba, cuando todavía tiene hijos que alimentar y tal vez una casa que terminar de pagar.
También hay que reconocer que cada día se enfrenta a la tentación del soborno y la desidia. Ve con frustración que el crimen sí paga, al pasarle enfrente, con amenazadora arrogancia, el criminal que hace poco arrestó en flagrante delito, o el político que hace dinero fácil a cosa de su posición privilegiada. Demasiados policías se cambian de bando en su función y se vuelven ellos mismos una amenaza para la sociedad que deben proteger.
Ya es hora que nos planteemos como sociedad si la función policial es tan importante como implica los bienes que la Constitución Política y la Ley le ordenan tutelar. Si es así, debemos hacer varias cosas. Primero, multiplicar los sueldos a lo largo del escalafón en proporción a la importancia de la función que realizan. Segundo, brindarle los apoyos de seguros, áreas de vivienda, entrenamiento y equipamiento necesarios para cumplir su función a cabalidad con un mínimo de seguridad. Tercero, depurar al cuerpo policial de todos aquellos conquistados por el crimen y la corrupción, a fin de conservar sólo los que merecen el honor de cumplir con tan elevada misión. Todo lo mencionado hay que hacerlo con los cuidados necesarios, para que la institución no se convierta en la amenaza en que se transformó en los años sesenta, cuando terminó subvirtiendo el orden constitucional.
No hacer esto a tiempo es un suicidio social.
