Venezuela: desempleo y proteccionismo
El desempleo es el problema más grave que sufre Venezuela actualmente y el gobierno nos dice que "protegiendo" a la industria nacional lo resolverá. Si esa protección implica ofrecer mayor seguridad jurídica, el cobro de impuestos bajos y estables, asegurar que se reciben los servicios básicos como electricidad y agua sin interrupción, que el gobierno pague puntualmente sus deudas al sector privado, estaríamos avanzando entonces en el camino hacia la recuperación. Pero la "protección" anunciada parece que más bien impedirá o encarecerá las importaciones, con lo cual sólo se logrará empobrecer más a los venezolanos.
Encarecer las importaciones con aranceles para así tratar de fortalecer a determinadas industrias locales va en perjuicio directo del consumidor, quien pagará más por esos productos y necesariamente terminará comprando menos de ellos, afectando así su ya maltrecho nivel de vida. Algunos productores y sus obreros saldrán ganando, pero la gran masa de consumidores saldrá perdiendo, por lo que el balance para el país será negativo.
En Venezuela sufrimos de importaciones prohibidas, limitadas o muy encarecidas por los aranceles desde 1959 a 1988. Y muy poco se logró en beneficio de los sectores protegidos de la competencia internacional. Lo que se disparó fue el contrabando y la corrupción para lograr un permiso de importación o la inclusión en las protecciones. Entonces, en reemplazo de la desaparecida competencia surgieron los controles de precio, se limitó drásticamente el acceso de los venezolanos a multiplicidad de productos competitivos en calidad y precio, mientras proliferaban las industrias falsas, como la de importar pintura a granel para envasarla luego localmente en latas hechas en Venezuela.
A partir de 1988 se permitió más libre comercio en productos industriales, pero se mantuvieron las protecciones a los productos agropecuarios. Todavía la leche tiene un arancel de 40% y el maíz, componente esencial en muchos de los platos favoritos de los venezolanos, cuesta aquí el doble del precio internacional, dificultando que los más pobres puedan cubrir su canasta básica. Lo mismo sucede con el azúcar y hasta con el trigo, que no se produce en Venezuela, pero tiene un arancel de 35%.
No es debilitando a los consumidores y dificultando la libre iniciativa como se generan empleos. Lo que más dificulta y reduce la contratación es el rosario de leyes vigentes, promulgadas sin tomar en cuenta sus consecuencias negativas en el nivel de empleo y en nuevas inversiones. En lo que va del año 2002, el bolívar se ha devaluado 85%. ¿Acaso no equivale ya eso a la imposición de un inmenso arancel? En turismo, minería, infraestructura, transporte, salud y atención a la tercera edad hay un enorme potencial de empleo, sin necesidad de afectar a nadie con medidas compulsivas, inmensamente susceptibles de corruptelas. Debemos observar los éxitos obtenidos por Chile y México al liberar su comercio internacional versus la realidad del proteccionismo empobrecedor en Brasil y la Argentina.
Amigos del proteccionismo suelen alegar que muchos países desarrollados lo practican, pero éstos están castigando a sus consumidores, aunque siendo ricos pueden darse el lujo de cometer errores, sin arruinarse. Nosotros, los pobres, pagamos caro esos errores oficiales.
* Director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas.
(c) www.aipenet.com
Carlos Lemos Simmonds, ex Canciller de la República de Colombia, en un artículo publicado en El Tiempo de Bogotá, se refiere en los siguientes términos, a lo que señala como la primera dificultad internacional que tendrá que resolver el gobierno del Presidente Uribe Vélez, a menos de 15 días de instalado, planteada por "el gobierno de Estados Unidos con la exigencia de que Colombia, como Estado signatario del tratado que creó la Corte Penal Internacional, se comprometa solemnemente a garantizar la inmunidad de los soldados que lleguen al país". El dilema político jurídico es planteado elocuentemente por Lemos Simmonds al decir que en "realidad lo que habrá de resolver el nuevo gobierno es el viejo dilema entre los principios y la necesidad. De un lado está el postulado de la igualdad ante la ley, la nacional y ahora la internacional. Si los ciudadanos colombianos pueden ser juzgados y condenados por el tribunal, ¿Cómo excluir de su alcance a quienes no lo son? Ningún Estado soberano acepta colocar a sus súbditos en condiciones jurídicas de inferioridad respecto a los de otro país. Hacerle excepciones a esa regla es una decisión política humillante, muy difícil de adoptar y más difícil de explicar ante la opinión".
Por otra parte, la posición de aislamiento asumida por Estados Unidos está fundamentada jurídicamente. El Derecho Internacional Consuetudinario no requiere que las violaciones al Derecho Internacional Humanitario sean sometidas a la Corte Penal Internacional. Ello no nos ayuda a entender dicho aislamiento y la concertación de acuerdos que limitan la competencia del Tribunal. Quizá sea oportuno recordar, en esta coyuntura histórica, a los rectores de la política exterior estadounidense, las palabras de apertura del Fiscal Jackson, en el Primer Juicio por crímenes contra la paz, "Que cuatro grandes naciones, exaltadas por la victoria e indignadas por la ofensa, paralicen la mano de la venganza y sometan voluntariamente a sus enemigos cautivos al juicio de la ley, es uno de los más significativos tributos que el poder jamás le haya otorgado a la razón."
Encarecer las importaciones con aranceles para así tratar de fortalecer a determinadas industrias locales va en perjuicio directo del consumidor, quien pagará más por esos productos y necesariamente terminará comprando menos de ellos, afectando así su ya maltrecho nivel de vida. Algunos productores y sus obreros saldrán ganando, pero la gran masa de consumidores saldrá perdiendo, por lo que el balance para el país será negativo.
En Venezuela sufrimos de importaciones prohibidas, limitadas o muy encarecidas por los aranceles desde 1959 a 1988. Y muy poco se logró en beneficio de los sectores protegidos de la competencia internacional. Lo que se disparó fue el contrabando y la corrupción para lograr un permiso de importación o la inclusión en las protecciones. Entonces, en reemplazo de la desaparecida competencia surgieron los controles de precio, se limitó drásticamente el acceso de los venezolanos a multiplicidad de productos competitivos en calidad y precio, mientras proliferaban las industrias falsas, como la de importar pintura a granel para envasarla luego localmente en latas hechas en Venezuela.
A partir de 1988 se permitió más libre comercio en productos industriales, pero se mantuvieron las protecciones a los productos agropecuarios. Todavía la leche tiene un arancel de 40% y el maíz, componente esencial en muchos de los platos favoritos de los venezolanos, cuesta aquí el doble del precio internacional, dificultando que los más pobres puedan cubrir su canasta básica. Lo mismo sucede con el azúcar y hasta con el trigo, que no se produce en Venezuela, pero tiene un arancel de 35%.
No es debilitando a los consumidores y dificultando la libre iniciativa como se generan empleos. Lo que más dificulta y reduce la contratación es el rosario de leyes vigentes, promulgadas sin tomar en cuenta sus consecuencias negativas en el nivel de empleo y en nuevas inversiones. En lo que va del año 2002, el bolívar se ha devaluado 85%. ¿Acaso no equivale ya eso a la imposición de un inmenso arancel? En turismo, minería, infraestructura, transporte, salud y atención a la tercera edad hay un enorme potencial de empleo, sin necesidad de afectar a nadie con medidas compulsivas, inmensamente susceptibles de corruptelas. Debemos observar los éxitos obtenidos por Chile y México al liberar su comercio internacional versus la realidad del proteccionismo empobrecedor en Brasil y la Argentina.
Amigos del proteccionismo suelen alegar que muchos países desarrollados lo practican, pero éstos están castigando a sus consumidores, aunque siendo ricos pueden darse el lujo de cometer errores, sin arruinarse. Nosotros, los pobres, pagamos caro esos errores oficiales.
* Director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas.
(c) www.aipenet.com
Carlos Lemos Simmonds, ex Canciller de la República de Colombia, en un artículo publicado en El Tiempo de Bogotá, se refiere en los siguientes términos, a lo que señala como la primera dificultad internacional que tendrá que resolver el gobierno del Presidente Uribe Vélez, a menos de 15 días de instalado, planteada por "el gobierno de Estados Unidos con la exigencia de que Colombia, como Estado signatario del tratado que creó la Corte Penal Internacional, se comprometa solemnemente a garantizar la inmunidad de los soldados que lleguen al país". El dilema político jurídico es planteado elocuentemente por Lemos Simmonds al decir que en "realidad lo que habrá de resolver el nuevo gobierno es el viejo dilema entre los principios y la necesidad. De un lado está el postulado de la igualdad ante la ley, la nacional y ahora la internacional. Si los ciudadanos colombianos pueden ser juzgados y condenados por el tribunal, ¿Cómo excluir de su alcance a quienes no lo son? Ningún Estado soberano acepta colocar a sus súbditos en condiciones jurídicas de inferioridad respecto a los de otro país. Hacerle excepciones a esa regla es una decisión política humillante, muy difícil de adoptar y más difícil de explicar ante la opinión".
Por otra parte, la posición de aislamiento asumida por Estados Unidos está fundamentada jurídicamente. El Derecho Internacional Consuetudinario no requiere que las violaciones al Derecho Internacional Humanitario sean sometidas a la Corte Penal Internacional. Ello no nos ayuda a entender dicho aislamiento y la concertación de acuerdos que limitan la competencia del Tribunal. Quizá sea oportuno recordar, en esta coyuntura histórica, a los rectores de la política exterior estadounidense, las palabras de apertura del Fiscal Jackson, en el Primer Juicio por crímenes contra la paz, "Que cuatro grandes naciones, exaltadas por la victoria e indignadas por la ofensa, paralicen la mano de la venganza y sometan voluntariamente a sus enemigos cautivos al juicio de la ley, es uno de los más significativos tributos que el poder jamás le haya otorgado a la razón."
