Venezuela: el gobierno del pueblo
Venezuela tiene hoy, con el presidente Chávez, un gobierno que se declara a sí mismo como gobierno popular y que cuenta con un impresionante respaldo tanto en la calle como en los cuarteles. Con este apoyo la nueva dirigencia propone hacer profundos cambios políticos y sociales, rehaciendo la Constitución, acabando con la hegemonía de los partidos tradicionales y combatiendo sin piedad el clientelismo y la corrupción. No está mal hablar de cambios en un país donde el aparato público está prácticamente colapsado y donde el nivel de vida ha retrocedido a los niveles de los años 50, es no sólo conveniente sino de verdad indispensable.
Pero un gobierno "del pueblo", como la historia por desgracia enseña, enfrenta con frecuencia tremendos desafíos muy difíciles de superar.
Siempre hay, dentro de sus propias filas, organizaciones y grupos que intentan rebasar "por la izquierda" las actuaciones de los gobernantes, que quieren acelerar la revolución y que no se detienen ni ante la ilegalidad ni ante la violencia. Hace pocos días, por ejemplo, una protesta estudiantil que se reprimió duramente llevó a que turbas de exaltados incendiaran la sede de la gobernación en la capital regional de Cumaná, dedicándose a saquear durante horas los comercios del centro de la ciudad.
El gobierno nacional, en principio, se abstuvo de reprimir, con el argumento de que el ejército no debe encargarse de la represión contra su propio pueblo, pero al final se vio obligado a imponer el orden cuando la situación ya se le había escapado de las manos.
No se sabe con certeza quiénes estuvieron detrás de estos disturbios o qué grupos azuzaron la protesta para que ésta se convirtiera en vandalismo.
Pero lo cierto es que, en varios puntos de la geografía nacional han comenzado a organizarse manifestaciones que reclaman mejoras económicas de diverso tipo. El gobierno, que lógicamente no quiere enfrentarse a su propia base de apoyo, se encuentra sin embargo en la penosa situación de no tener los mínimos recursos como para satisfacer las demandas de la gente.
Debe, al contrario, reducir drásticamente la nómina de los empleados públicos y reducir a como dé lugar unos gastos fiscales que superan largamente a sus ingresos.
Su primera respuesta ha sido organizar el gran operativo "Bolívar 2000", una especie de programa social de reconstrucción de la infraestructura y atención de emergencias en salud que tiene como columna vertebral al ejército y se apoya también en el trabajo voluntario. La iniciativa ha sido bien recibida por la población porque muestra una clara diferencia con la desidia del anterior gobierno, pero todos sabemos -hasta Chávez- que no hay recursos para mantener estas acciones de un modo amplio y sostenido.
Más allá de los alcances que pueda tener este programa, lo importante es comprender que la pobreza de Venezuela no puede superarse mediante políticas sociales, por más ingeniosas que éstas sean, sino que requiere de la urgente y masiva creación de riquezas. Una economía paralizada, unas cuentas fiscales en desorden, una inestabilidad política creciente no pueden sino generar más y más pobreza. Por eso es indispensable el diseño de una política económica bien equilibrada, que vaya más allá de las acciones fiscalistas aisladas y que logre la apertura económica del país, reduciendo un sector estatal de gigantescas proporciones.
Pero este plan, razonable y propuesto al gobierno por innumerables analistas, tropieza hasta hoy con dos obstáculos que por ahora parecen insalvables: las trasnochadas teorías estatistas de muchos de los altos dirigentes del gobierno, que se empeñan en reproducir y ampliar el modelo económico fracasado que tantas veces se ha ensayado en Venezuela, y el temor -comprensible- a que las nuevas medidas puedan hacer perder al gobierno su apoyo popular. Pero hasta tanto éste no comprenda que los costos de no hacer nada en materia económica serán mucho más altos que los de las necesarias reformas, seguiremos, todavía, en un peligroso curso de contínuas confusiones y de inestabilidad política creciente.
Pero un gobierno "del pueblo", como la historia por desgracia enseña, enfrenta con frecuencia tremendos desafíos muy difíciles de superar.
Siempre hay, dentro de sus propias filas, organizaciones y grupos que intentan rebasar "por la izquierda" las actuaciones de los gobernantes, que quieren acelerar la revolución y que no se detienen ni ante la ilegalidad ni ante la violencia. Hace pocos días, por ejemplo, una protesta estudiantil que se reprimió duramente llevó a que turbas de exaltados incendiaran la sede de la gobernación en la capital regional de Cumaná, dedicándose a saquear durante horas los comercios del centro de la ciudad.
El gobierno nacional, en principio, se abstuvo de reprimir, con el argumento de que el ejército no debe encargarse de la represión contra su propio pueblo, pero al final se vio obligado a imponer el orden cuando la situación ya se le había escapado de las manos.
No se sabe con certeza quiénes estuvieron detrás de estos disturbios o qué grupos azuzaron la protesta para que ésta se convirtiera en vandalismo.
Pero lo cierto es que, en varios puntos de la geografía nacional han comenzado a organizarse manifestaciones que reclaman mejoras económicas de diverso tipo. El gobierno, que lógicamente no quiere enfrentarse a su propia base de apoyo, se encuentra sin embargo en la penosa situación de no tener los mínimos recursos como para satisfacer las demandas de la gente.
Debe, al contrario, reducir drásticamente la nómina de los empleados públicos y reducir a como dé lugar unos gastos fiscales que superan largamente a sus ingresos.
Su primera respuesta ha sido organizar el gran operativo "Bolívar 2000", una especie de programa social de reconstrucción de la infraestructura y atención de emergencias en salud que tiene como columna vertebral al ejército y se apoya también en el trabajo voluntario. La iniciativa ha sido bien recibida por la población porque muestra una clara diferencia con la desidia del anterior gobierno, pero todos sabemos -hasta Chávez- que no hay recursos para mantener estas acciones de un modo amplio y sostenido.
Más allá de los alcances que pueda tener este programa, lo importante es comprender que la pobreza de Venezuela no puede superarse mediante políticas sociales, por más ingeniosas que éstas sean, sino que requiere de la urgente y masiva creación de riquezas. Una economía paralizada, unas cuentas fiscales en desorden, una inestabilidad política creciente no pueden sino generar más y más pobreza. Por eso es indispensable el diseño de una política económica bien equilibrada, que vaya más allá de las acciones fiscalistas aisladas y que logre la apertura económica del país, reduciendo un sector estatal de gigantescas proporciones.
Pero este plan, razonable y propuesto al gobierno por innumerables analistas, tropieza hasta hoy con dos obstáculos que por ahora parecen insalvables: las trasnochadas teorías estatistas de muchos de los altos dirigentes del gobierno, que se empeñan en reproducir y ampliar el modelo económico fracasado que tantas veces se ha ensayado en Venezuela, y el temor -comprensible- a que las nuevas medidas puedan hacer perder al gobierno su apoyo popular. Pero hasta tanto éste no comprenda que los costos de no hacer nada en materia económica serán mucho más altos que los de las necesarias reformas, seguiremos, todavía, en un peligroso curso de contínuas confusiones y de inestabilidad política creciente.
