Verdad y reconciliación
Algunos panameños olvidan o tergiversan los antecedentes de la Comisión de la Verdad, recién establecida por Decreto Ejecutivo de la Presidenta. A solicitud del presidente Endara, Mons. McGrath no sólo presidió una Comisión de Reconciliación desde marzo de 1990, sino que él pudo escoger a sus demás miembros, a saber: el Dr. Juan Ramírez Harris, quien fue su vicepresidente, la Dra. Cecilia Alegre, Mons. Jorge Altafulla, el Dr. Rodrigo Arosemena, la Lic. Alma Montenegro de Fletcher, el Pbro. Nestor Jaén, S.J., los Sres. Alfonso Quirós, Isaac Rodríguez y Jacobo Salas, el Lic. Tristán Solarte D., el Pbro. Pablo Varela y el Rev. Ernesto Weigant. Su objetivo era "proponer al gobierno y al pueblo en general acciones, actitudes y postulados que debemos adoptar para lograr ese anhelado fin (de la reconciliación)".
La Comisión entrevistó desde los más altos personeros del gobierno, hasta los damnificados de El Chorrillo y de Colón, incluyendo a la Cruzada Civilista y a representantes de loa medios de comunicación. Entregó su informe final el 13 de agosto de 1990. El texto comenzó afirmando que "años de lucha por la recuperación del Estado civilista y democrático contra la institucionalización de un militarismo corrupto y opresivo -producto de fuerzas internas y externas- dejaron al pueblo panameño profundamente dividido", lo cual se vio agravado por "la reciente intervención militar extranjera". Analizó entonces la justicia, la política, la justicia social y la cuestión militar en función de la reconciliación y prosiguió con una reflexión sobre los valores que debían inspirarnos hacia la reconstrucción de la Patria.
En el proceso, la Comisión previno contra el nepotismo y demás "vicios tradicionales" en el ejercicio del poder; advirtió que hasta el 20 de diciembre "Panamá fue un país ocupado militarmente por un ejército nacional apoyado por civiles y políticos de derecha y de izquierda, muchos de los cuales respondían a intereses personales", y reconoció que la intervención militar extranjera dejó "enlutecidas" a "cientos...(o a) millares" de familias, aunque "una gran cantidad de panameños se manifestaron en apoyo a la misma como solución que determinó el final de una situación de opresión". Propuso que reconociéramos "que todos hemos fallado", que para superar el pasado "es necesario asumir esas fallas, rectificar y perdonar", que para comenzar debe hacerse "Justicia Legal con imparcialidad, en forma expedita y diáfana", no basada en la venganza, y también justicia social para que "los panameños se reintegren plenamente a la actividad productiva", y que en la realización de todas estas tareas "no debemos excluir a nadie en Panamá".
Entre las 22 recomendaciones que hizo la Comisión de Reconciliación, se destacaron por su carácter concreto las siguientes: dotar al Ministerio Público y al Organo Judicial de los fondos necesarios; institucionalizar la Carrera Administrativa; no ventilar los procesos penales a través de los medios; exhortar a los medios a que eviten el sensacionalismo y las pugnas personalistas; organizar una Fuerza Pública que sea policial y no militar; aprobar una Ley de Amnistía en los casos de delitos políticos, que de ninguna manera deben abarcar "delitos comunes como peculados, torturas y homicidios", los cuales "deberán ser ejemplarmente penalizados", y establecer una Comisión Especial que elabore un informe completo de la invasión y sus consecuencias, especialmente para ubicar y reconocer las víctimas de la misma.
Al recibir el Informe de la Comisión de Reconciliación, el Gobierno no discutió a fondo cada una de las recomendaciones, dejándose absorber por las tareas prácticas de poner a funcionar cada una de las instituciones democráticas y de las dependencias burocráticas. El no actuar sobre estas recomendaciones fue una de sus fallas más serias.
Sin embargo, por lo menos una recomendación se cumplió al pie de la letra, puesto que correspondía a la política que se venía siguiendo, a saber la plena desmilitarización de la seguridad pública. En la medida en que en un año se depuraron a 513 de todos los 1121 oficiales, el 44% de los mismos, pero a la mayoría de las unidades se les dio la oportunidad de transformarse en policías, se ofreció una fórmula de rectificación y reconciliación que respondía al espíritu del Informe.
Pero eso no fue todo. El 23 de abril de 1990 la primera Ley que la nueva Asamblea democrática aprobó fue la Ley 1 "por la cual se crea una Fiscalía Superior Especial para llevar a cabo la investigación del homicidio del doctor Hugo Spadafora Franco y otros homicidios." Se precisó que "cumplido lo anterior (el caso Spadafora), el Procurador General de la Nación podrá de oficio o a petición de parte, asignarle la investigación de otros homicidios" (art.1, parágrafo). Así, comenzando con la desaparición y el asesinato que llegó a simbolizar la brutalidad criminal de la que fue capaz la dictadura en sus peores momentos, se inició la investigación de los más graves delitos del régimen militarista.
Se pensó que con estas dos medidas se lograría hacerle frente a las exigencias tanto de la justicia como de la reconciliación que nos dejó pendientes la dictadura. Evidentemente, hubo un elemento de ilusión en esta expectativa. En efecto, el pueblo panameño no ha sentido que los gobiernos democráticos han hecho plena justicia en el caso de los crímenes de la dictadura. Este sentimiento corresponde en parte a la impunidad de la que se han beneficiado varios de los violadores de los derechos humanos. Pero ha correspondido también, en parte, a la campaña sistemática de personas y medios que nunca reconocen ningún logro de la justicia, no contribuyen positivamente a mejorar las condiciones de la misma e incluso han contribuido a encubrir a un Magistrado corrupto.
En estas circunstancias, el descubrimiento de osamentas humanas en el antiguo cuartel de la unidad militar denominada Los Pumas, y la sospecha de que pudiera tratarse de los restos de quien fue un auténtico mártir de la justicia social motivada por la fe religiosa, a saber el Padre Gallego, creó las condiciones para que el país todo entero reclamara nuevamente conocer la verdad de los desaparecidas y asesinados bajo la dictadura.
La iniciativa de crear una Comisión de la Verdad que ayude al Ministerio Público, sobre todo dado el bajo prestigio de todas nuestras instituciones formales, se presenta como ventajosa y conveniente. Al recurrir a este expediente los panameños no hacemos más que seguir el ejemplo de Chile, Argentina, Uruguay, El Salvador, México en nuestro continente, y Africa del Sur en otro. La respuesta del país a la idea ha sido ampliamente positiva.
Sin embargo, la realización de la idea adolece desde ya de serias deficiencias. En primer lugar, la Presidenta no logró el compromiso de primer orden que se esperaba de la Iglesia Católica. Mientras que para la Comisión de Reconciliación el Arzobispo en persona la presidió y escogió a todos sus miembros, incluyendo a tres de sus sacerdotes más destacados, para la Comisión de la Verdad el Arzobispo no aceptó presidirla y le encomendó la tarea a un diácono, que la mayoría de la población no asocia espontáneamente con la autoridad de la Iglesia. La Presidenta tampoco consultó con grupos cívicos y políticos que le hubieran podido sugerir personalidades que suscitaran mayor consenso. Cuando Mons. McGrath seleccionó a los miembros de la Comisión de Reconciliación incluyó una personalidad de cada una de las principales fuerzas políticas. La Presidenta, por lo contrario, ha preferido más personas que pueden ser consideradas afines a su posición.
Además, parece de rigor que la misma Comisión que va a buscar la verdad sobre los desaparecidos y muertos bajo la dictadura, hago otro tanto para la invasión. Estas dos realidades van de par. La dictadura provocó la invasión y la invasión puso fin a la dictadura. Llegar a conocer la verdad sobre una conduce a conocerla sobre la otra. El Decreto Ejecutivo se equivoca al no precisar este alcance para la Comisión.
Estos errores dan pie a la sospecha de que se estaría enfocando el trabajo de la Comisión con propósito de política sectaria. Ello explica que el PRD, desde su punto de vista, cuestione la designación de algunos miembros de la Comisión. Pero no justifica, a mi juicio, que intentara denunciar la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo correspondiente. El texto del Decreto, en efecto, deja meridianamente claro que la Comisión no se inmiscuirá en las funciones propias del Ministerio Público y que ha de actuar "en forma reservada". Por eso comprendo que el Procurador le haya expresado a la Presidenta su anuencia a la creación de la Comisión de la Verdad.
La Comisión tiene por delante un reto muy serio. La expectativa de la opinión pública es que la Comisión descubra y transmita toda la verdad sobre los desaparecidos y los muertos. Pero la Comisión difícilmente podrá satisfacer dicha expectativa. Sus miembros no son investigadores profesionales ni tienen la experiencia de fiscales. No pueden dedicarle su tiempo completo. No tienen potestad para citar a testigos, carearlos y tomarles declaraciones bajo juramento. Tampoco pueden ofrecerle a los testigos ventajas judiciales ni protección policial si cooperan. No se ve entonces por qué nadie que tenga información confidencial se la va a proporcionar a riesgo de incriminarse. El informe que redacten podría por ello resultar muy subjetivo, especulativo y poco confiable, lo cual frustraría a la opinión pública y desprestigiaría a los comisionados.
Ante este peligro, sería prudente que la Comisión especifique lo que ella piensa proporcionar. Sugiero que sea lo siguiente: la lista de desaparecidos y asesinados bajo la dictadura y de los testimonios que autorizan incluir cada nombre; la lista de los desaparecidos y muertos durante la invasión y de los testimonios que autorizan incluir cada nombre; cualquiera circunstancia que se recabe sobre estos crímenes y que ayude a identificar a sus responsables; la lista de los lugares donde se sospeche pueda haber otras osamentas enterradas; la indicación de los recursos que el Estado debe proporcionar al Ministerio Público para que pueda cumplir con su función a cabalidad.
Las dificultades que plantea el recurso a una Comisión de la Verdad en Panamá son equivalentes a las que se han encontrado en otros países. Pero son tanto mayores que emprendemos esta búsqueda de la verdad con diez años de retraso y en un contexto de mucha politización. Sin embargo, sólo si lo intentamos estaremos en condiciones de reconocer los crímenes de desaparición que se han cometido, los cuales implican el desconocimiento no sólo de la vida, sino hasta de la muerte de las víctimas, y presuponen una inhumanidad pavorosa.
La verdad, si la buscamos con ecuanimidad y sensatez, sin odio ni venganza, completará nuestra reconciliación. Salvaguardando el recuerdo, liberará nuestro futuro. (ariyan@sinfo.net).
La Comisión entrevistó desde los más altos personeros del gobierno, hasta los damnificados de El Chorrillo y de Colón, incluyendo a la Cruzada Civilista y a representantes de loa medios de comunicación. Entregó su informe final el 13 de agosto de 1990. El texto comenzó afirmando que "años de lucha por la recuperación del Estado civilista y democrático contra la institucionalización de un militarismo corrupto y opresivo -producto de fuerzas internas y externas- dejaron al pueblo panameño profundamente dividido", lo cual se vio agravado por "la reciente intervención militar extranjera". Analizó entonces la justicia, la política, la justicia social y la cuestión militar en función de la reconciliación y prosiguió con una reflexión sobre los valores que debían inspirarnos hacia la reconstrucción de la Patria.
En el proceso, la Comisión previno contra el nepotismo y demás "vicios tradicionales" en el ejercicio del poder; advirtió que hasta el 20 de diciembre "Panamá fue un país ocupado militarmente por un ejército nacional apoyado por civiles y políticos de derecha y de izquierda, muchos de los cuales respondían a intereses personales", y reconoció que la intervención militar extranjera dejó "enlutecidas" a "cientos...(o a) millares" de familias, aunque "una gran cantidad de panameños se manifestaron en apoyo a la misma como solución que determinó el final de una situación de opresión". Propuso que reconociéramos "que todos hemos fallado", que para superar el pasado "es necesario asumir esas fallas, rectificar y perdonar", que para comenzar debe hacerse "Justicia Legal con imparcialidad, en forma expedita y diáfana", no basada en la venganza, y también justicia social para que "los panameños se reintegren plenamente a la actividad productiva", y que en la realización de todas estas tareas "no debemos excluir a nadie en Panamá".
Entre las 22 recomendaciones que hizo la Comisión de Reconciliación, se destacaron por su carácter concreto las siguientes: dotar al Ministerio Público y al Organo Judicial de los fondos necesarios; institucionalizar la Carrera Administrativa; no ventilar los procesos penales a través de los medios; exhortar a los medios a que eviten el sensacionalismo y las pugnas personalistas; organizar una Fuerza Pública que sea policial y no militar; aprobar una Ley de Amnistía en los casos de delitos políticos, que de ninguna manera deben abarcar "delitos comunes como peculados, torturas y homicidios", los cuales "deberán ser ejemplarmente penalizados", y establecer una Comisión Especial que elabore un informe completo de la invasión y sus consecuencias, especialmente para ubicar y reconocer las víctimas de la misma.
Al recibir el Informe de la Comisión de Reconciliación, el Gobierno no discutió a fondo cada una de las recomendaciones, dejándose absorber por las tareas prácticas de poner a funcionar cada una de las instituciones democráticas y de las dependencias burocráticas. El no actuar sobre estas recomendaciones fue una de sus fallas más serias.
Sin embargo, por lo menos una recomendación se cumplió al pie de la letra, puesto que correspondía a la política que se venía siguiendo, a saber la plena desmilitarización de la seguridad pública. En la medida en que en un año se depuraron a 513 de todos los 1121 oficiales, el 44% de los mismos, pero a la mayoría de las unidades se les dio la oportunidad de transformarse en policías, se ofreció una fórmula de rectificación y reconciliación que respondía al espíritu del Informe.
Pero eso no fue todo. El 23 de abril de 1990 la primera Ley que la nueva Asamblea democrática aprobó fue la Ley 1 "por la cual se crea una Fiscalía Superior Especial para llevar a cabo la investigación del homicidio del doctor Hugo Spadafora Franco y otros homicidios." Se precisó que "cumplido lo anterior (el caso Spadafora), el Procurador General de la Nación podrá de oficio o a petición de parte, asignarle la investigación de otros homicidios" (art.1, parágrafo). Así, comenzando con la desaparición y el asesinato que llegó a simbolizar la brutalidad criminal de la que fue capaz la dictadura en sus peores momentos, se inició la investigación de los más graves delitos del régimen militarista.
Se pensó que con estas dos medidas se lograría hacerle frente a las exigencias tanto de la justicia como de la reconciliación que nos dejó pendientes la dictadura. Evidentemente, hubo un elemento de ilusión en esta expectativa. En efecto, el pueblo panameño no ha sentido que los gobiernos democráticos han hecho plena justicia en el caso de los crímenes de la dictadura. Este sentimiento corresponde en parte a la impunidad de la que se han beneficiado varios de los violadores de los derechos humanos. Pero ha correspondido también, en parte, a la campaña sistemática de personas y medios que nunca reconocen ningún logro de la justicia, no contribuyen positivamente a mejorar las condiciones de la misma e incluso han contribuido a encubrir a un Magistrado corrupto.
En estas circunstancias, el descubrimiento de osamentas humanas en el antiguo cuartel de la unidad militar denominada Los Pumas, y la sospecha de que pudiera tratarse de los restos de quien fue un auténtico mártir de la justicia social motivada por la fe religiosa, a saber el Padre Gallego, creó las condiciones para que el país todo entero reclamara nuevamente conocer la verdad de los desaparecidas y asesinados bajo la dictadura.
La iniciativa de crear una Comisión de la Verdad que ayude al Ministerio Público, sobre todo dado el bajo prestigio de todas nuestras instituciones formales, se presenta como ventajosa y conveniente. Al recurrir a este expediente los panameños no hacemos más que seguir el ejemplo de Chile, Argentina, Uruguay, El Salvador, México en nuestro continente, y Africa del Sur en otro. La respuesta del país a la idea ha sido ampliamente positiva.
Sin embargo, la realización de la idea adolece desde ya de serias deficiencias. En primer lugar, la Presidenta no logró el compromiso de primer orden que se esperaba de la Iglesia Católica. Mientras que para la Comisión de Reconciliación el Arzobispo en persona la presidió y escogió a todos sus miembros, incluyendo a tres de sus sacerdotes más destacados, para la Comisión de la Verdad el Arzobispo no aceptó presidirla y le encomendó la tarea a un diácono, que la mayoría de la población no asocia espontáneamente con la autoridad de la Iglesia. La Presidenta tampoco consultó con grupos cívicos y políticos que le hubieran podido sugerir personalidades que suscitaran mayor consenso. Cuando Mons. McGrath seleccionó a los miembros de la Comisión de Reconciliación incluyó una personalidad de cada una de las principales fuerzas políticas. La Presidenta, por lo contrario, ha preferido más personas que pueden ser consideradas afines a su posición.
Además, parece de rigor que la misma Comisión que va a buscar la verdad sobre los desaparecidos y muertos bajo la dictadura, hago otro tanto para la invasión. Estas dos realidades van de par. La dictadura provocó la invasión y la invasión puso fin a la dictadura. Llegar a conocer la verdad sobre una conduce a conocerla sobre la otra. El Decreto Ejecutivo se equivoca al no precisar este alcance para la Comisión.
Estos errores dan pie a la sospecha de que se estaría enfocando el trabajo de la Comisión con propósito de política sectaria. Ello explica que el PRD, desde su punto de vista, cuestione la designación de algunos miembros de la Comisión. Pero no justifica, a mi juicio, que intentara denunciar la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo correspondiente. El texto del Decreto, en efecto, deja meridianamente claro que la Comisión no se inmiscuirá en las funciones propias del Ministerio Público y que ha de actuar "en forma reservada". Por eso comprendo que el Procurador le haya expresado a la Presidenta su anuencia a la creación de la Comisión de la Verdad.
La Comisión tiene por delante un reto muy serio. La expectativa de la opinión pública es que la Comisión descubra y transmita toda la verdad sobre los desaparecidos y los muertos. Pero la Comisión difícilmente podrá satisfacer dicha expectativa. Sus miembros no son investigadores profesionales ni tienen la experiencia de fiscales. No pueden dedicarle su tiempo completo. No tienen potestad para citar a testigos, carearlos y tomarles declaraciones bajo juramento. Tampoco pueden ofrecerle a los testigos ventajas judiciales ni protección policial si cooperan. No se ve entonces por qué nadie que tenga información confidencial se la va a proporcionar a riesgo de incriminarse. El informe que redacten podría por ello resultar muy subjetivo, especulativo y poco confiable, lo cual frustraría a la opinión pública y desprestigiaría a los comisionados.
Ante este peligro, sería prudente que la Comisión especifique lo que ella piensa proporcionar. Sugiero que sea lo siguiente: la lista de desaparecidos y asesinados bajo la dictadura y de los testimonios que autorizan incluir cada nombre; la lista de los desaparecidos y muertos durante la invasión y de los testimonios que autorizan incluir cada nombre; cualquiera circunstancia que se recabe sobre estos crímenes y que ayude a identificar a sus responsables; la lista de los lugares donde se sospeche pueda haber otras osamentas enterradas; la indicación de los recursos que el Estado debe proporcionar al Ministerio Público para que pueda cumplir con su función a cabalidad.
Las dificultades que plantea el recurso a una Comisión de la Verdad en Panamá son equivalentes a las que se han encontrado en otros países. Pero son tanto mayores que emprendemos esta búsqueda de la verdad con diez años de retraso y en un contexto de mucha politización. Sin embargo, sólo si lo intentamos estaremos en condiciones de reconocer los crímenes de desaparición que se han cometido, los cuales implican el desconocimiento no sólo de la vida, sino hasta de la muerte de las víctimas, y presuponen una inhumanidad pavorosa.
La verdad, si la buscamos con ecuanimidad y sensatez, sin odio ni venganza, completará nuestra reconciliación. Salvaguardando el recuerdo, liberará nuestro futuro. (ariyan@sinfo.net).
