Viabilidad de la reforma constitucional (II)
Desde hace varios años está dando vueltas el tema de las reformas constitucionales. Si se revisan retrospectivamente las demandas de cambios a la Constitución, se podrá comprobar que siempre fueron las mismas. En cuanto al Organo Legislativo: 1) disminución del número de legisladores, 2) eliminación de uno de los suplentes, 3) la libre postulación de candidatos a legislador, 4) eliminación de la inmunidad, 5) eliminación de la revocatoria de mandato, 6) elección de los legisladores por circuitos provinciales.
En cuanto al Organo Ejecutivo: 1) eliminación de la segunda vicepresidencia, 2) la libre postulación de candidatos a la presidencia de república, 3) la doble vuelta para las elecciones presidenciales, 4) eliminación de las facultades extraordinarias. En cuanto al Órgano Judicial: 1) la modificación del sistema para escoger a los magistrados de la Corte Suprema, 2) la prohibición de nombrar como magistrados de la Corte a ministros y legisladores.
Aparte de las anteriores, también se mencionaron, aunque con menor intensidad: normas para depurar el financiamiento de las campañas, políticas, "mayor autonomía" para el Tribunal Electoral y la creación del Tribunal de Cuentas. En total, 8 ó 10 cambios de sustancia.
Sobre las primeras, siempre hubo una marcada tendencia favorable, porque la mayoría de la nación las considera como necesarias. La diferencia de enfoque estuvo en la vía para concretarlas. Mientras que un grupo de compatriotas consideraba que las reformas sólo deben adoptarse mediante una asamblea constituyente, otros siempre nos opusimos a esa vía, porque para introducir 8 ó 10 cambios a la Constitución no se justificaba la convocatoria de una asamblea constituyente, con todas sus costosas consecuencias, tanto políticas como económicas. Por ello siempre propusimos que se aprovechara la vía que ofrece la propia Constitución y aprobarlas mediante dos asambleas sucesivas.
Si el proyecto de Acto Legislativo que ha sido presentado a la Asamblea Legislativa se hubiera concretado a recoger las reformas básicas que han merecido el apoyo de la comunidad nacional, el camino hacia su aprobación hubiera sido expedito. Haberlo "enriquecido" sobre la marcha ha resultado contraproducente y hará difícil el necesario consenso que debe preceder a su aprobación.
Las dificultades que han surgido durante las consultas que adelantó la presidenta Moscoso como en las que han tenido lugar en la Asamblea Legislativa demostraron, primero, que sobre las reformas básicas no hay discrepancias de fondo, y segundo, que el consenso es posible si se "descontamina" al proyecto de Acto Legislativo de los "aportes de última hora", encaminados a atender aspiraciones que, aún siendo legítimas, o son desconocidas para la comunidad nacional o requieren de mayor maduración.
Como la siguiente etapa para la discusión del proyecto de reformas se cumplirá en las sesiones extraordinarias que la presidenta Moscoso ha ofrecido convocar para el mes de julio, lo adecuado sería que en el Decreto Ejecutivo correspondiente se acote el ámbito de las materias que discutirá la Asamblea, excluyendo aquellas que podrían ser fuente de polémicas interminables.
La oportunidad que ofrece la renovación del Órgano Legislativo no debe desaprovecharse. Perderla significaría posponer por dos o tres años la adopción de medida que, indudablemente, contribuirían al fortalecimiento institucional del Estado y a la estabilidad social de la nación.
En cuanto al Organo Ejecutivo: 1) eliminación de la segunda vicepresidencia, 2) la libre postulación de candidatos a la presidencia de república, 3) la doble vuelta para las elecciones presidenciales, 4) eliminación de las facultades extraordinarias. En cuanto al Órgano Judicial: 1) la modificación del sistema para escoger a los magistrados de la Corte Suprema, 2) la prohibición de nombrar como magistrados de la Corte a ministros y legisladores.
Aparte de las anteriores, también se mencionaron, aunque con menor intensidad: normas para depurar el financiamiento de las campañas, políticas, "mayor autonomía" para el Tribunal Electoral y la creación del Tribunal de Cuentas. En total, 8 ó 10 cambios de sustancia.
Sobre las primeras, siempre hubo una marcada tendencia favorable, porque la mayoría de la nación las considera como necesarias. La diferencia de enfoque estuvo en la vía para concretarlas. Mientras que un grupo de compatriotas consideraba que las reformas sólo deben adoptarse mediante una asamblea constituyente, otros siempre nos opusimos a esa vía, porque para introducir 8 ó 10 cambios a la Constitución no se justificaba la convocatoria de una asamblea constituyente, con todas sus costosas consecuencias, tanto políticas como económicas. Por ello siempre propusimos que se aprovechara la vía que ofrece la propia Constitución y aprobarlas mediante dos asambleas sucesivas.
Si el proyecto de Acto Legislativo que ha sido presentado a la Asamblea Legislativa se hubiera concretado a recoger las reformas básicas que han merecido el apoyo de la comunidad nacional, el camino hacia su aprobación hubiera sido expedito. Haberlo "enriquecido" sobre la marcha ha resultado contraproducente y hará difícil el necesario consenso que debe preceder a su aprobación.
Las dificultades que han surgido durante las consultas que adelantó la presidenta Moscoso como en las que han tenido lugar en la Asamblea Legislativa demostraron, primero, que sobre las reformas básicas no hay discrepancias de fondo, y segundo, que el consenso es posible si se "descontamina" al proyecto de Acto Legislativo de los "aportes de última hora", encaminados a atender aspiraciones que, aún siendo legítimas, o son desconocidas para la comunidad nacional o requieren de mayor maduración.
Como la siguiente etapa para la discusión del proyecto de reformas se cumplirá en las sesiones extraordinarias que la presidenta Moscoso ha ofrecido convocar para el mes de julio, lo adecuado sería que en el Decreto Ejecutivo correspondiente se acote el ámbito de las materias que discutirá la Asamblea, excluyendo aquellas que podrían ser fuente de polémicas interminables.
La oportunidad que ofrece la renovación del Órgano Legislativo no debe desaprovecharse. Perderla significaría posponer por dos o tres años la adopción de medida que, indudablemente, contribuirían al fortalecimiento institucional del Estado y a la estabilidad social de la nación.
