Víctimas del dietilenglicol
Margarita Rivera de González (54 años) falleció hace unos días en el Complejo Metropolitano de la Caja de Seguro Social (CSS). La noticia, salvo para sus familiares, pasó inadvertida. La indiferencia de las autoridades resulta incomprensible ante los dolorosos hechos que coronan el final de esta vida: Margarita Rivera es una de las 125 víctimas mortales registradas por el Ministerio Público, envenenadas debido al consumo de medicamentos contaminados con dietilenglicol, distribuidos por la CSS, una institución que con esta inhumana indolencia institucional parece estar empeñada en enterrar, junto a las víctimas, la verdad de lo que realmente ocurrió en Panamá.
Durante todos estos años el Ejecutivo ha evitado usar su autoridad para llegar al fondo del problema y dar con los responsables de semejante crimen contra la seguridad de la vida y la salud del pueblo panameño. El impacto de estos vacíos gubernamentales es extremadamente peligroso, pues son innumerables las naciones y las empresas internacionales involucradas en este escándalo, y cuyas investigaciones dependen de cómo avancen los procesos en nuestro país.
Por otra parte, el Comité de Familiares y Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida, ha venido insistiendo que la cantidad de víctimas es mucho mayor. Lo cierto es que las cifras reales de víctimas siguen sin conocerse. Pero el impacto de la contaminación es alarmante: se estima que unas 15 mil personas ingirieron el medicamento contaminado, que fueron 100 mil frascos con dietilenglicol distribuidos por la CSS y que el Instituto de Medicina Legal sólo puede analizar 400 frascos por año, pero si nada cambia, tardaría 250 años en analizarlos todos.
Este será, sin duda, uno de los episodios más trágicos de la historia nacional, pero ante la indiferencia oficial hay que empeñarse en salvarlo del olvido.
