Visión judicial de la Policía Técnica Judicial
La delincuencia es la más preocupante de las consecuencias de la desatención oficial por los problemas sociales. El ambiente de inseguridad ciudadana generado, y la incapacidad del andamiaje estatal vinculadas en su persecución y represión material, trasladan la atención del asunto hacia zonas sensitivas de la seguridad nacional, pasando forzosamente por la necesidad de revisar y evaluar rigurosamente el desempeño de la Policía Técnica Judicial y la Policía Nacional. Todos los indicadores consultados revelan que la delincuencia va en aumento, en tanto que la disposición de recursos; y la estructura y organización de estas entidades, se encuentran en estado deficitario, agravando la situación, los recientes casos delictivos en cuya comisión se involucra a miembros activos de la Policía Nacional y la Policía Técnica Judicial.
Salta a la vista, la disfunción existente entre la Policía Técnica Judicial y de la Policía Nacional, ya que ambos cuerpos realizan tareas relativas tanto a la defensa y seguridad nacional, como a la persecución material del delito, de modo simultáneo. A causa de esta dispersión de fuerzas, la respuesta al delito convencional y al crimen organizado acusa la falta de contundencia y efectividad necesarias, sin desconocerse los duros golpes asestados en estas condiciones, que parecieran ser más bien el resultado de una competencia entre estos entes, que el producto de una labor coordinada al detalle entre sus diversos mandos.
Emerge, pues, por cuestiones de conveniencia presupuestaria, administrativa y funcional, separar con precisión, las funciones asignadas a estas instituciones públicas. Así, conviene que la Policía Nacional asuma en exclusiva, el ejercicio de las funciones relativas a la represión material de la delincuencia, sometiendo sus actuaciones al estricto control jurisdiccional, teniendo de presente los riesgos que conlleva el fortalecimiento material e institucional de la institución armada a la estabilidad democrática. En lo que se refiere a la Policía Técnica Judicial, estimamos que sin perder su sujeción al Ministerio Público, debe adquirir la condición de sujeto procesal, y como tal quedar involucrada activamente en la persecución judicial del delito, tarea que demandaría altos niveles de especialización y profesionalismo del personal. Los aportes de la ciencia de la investigación criminal o criminalística, en la búsqueda de la verdad histórica, son incuestionables. En la práctica, a falta de este soporte científico, el Juzgador queda supeditado a documentos y a las declaraciones; probanzas llamadas al desuso por la tendencia manifiesta a la mendacidad del declarante, no quedando más recursos a su disposición que la ficción y la presunción legal.
Las medidas planteadas guardan idéntica proporción con el problema que se quiere enfrentado. No se plantea el debilitamiento de estas instituciones, o la pérdida o ganancia de espacios funcionales a favor de una u otra entidad. Se procura con el organigrama propuesto, desterrar la reinante confusión funcional, y alcanzar mayores niveles de eficacia tanto en la lucha frontal contra la delincuencia. Se enfrenta una situación de crisis extrema, que dificulta el cumplimiento del deber de ofrecer seguridad a la ciudadanía, así como de la aplicación judicial del castigo correspondiente, síntomas preocupantes del debilitamiento del poder estatal.
En Panamá, por disposición constitucional, todos los ingresos y todos los gastos del gobierno deben incluirse en el Presupuesto General del Estado. Y no se harán gastos que no estén previstos en el mismo. Romper ese sano principio, que evita la disposición alegre y sin control de los dineros públicos es sumamente peligroso. Y tratándose de los ingresos que genera la explotación del Canal debiéramos ser aún más cuidadosos. La naturaleza de ese patrimonio y los sacrificios que fueron necesarios para materializarlo nos obligan a ser doblemente cautelosos con su utilización.
Si los fondos públicos registrados en el Presupuesto se gastan mal, como admite el gobierno con tal de justificar su aventura extra presupuestaria, lo que se impone es hacerlo bien y explicarle al país en qué se gastan, pero no recurrir a la demagogia populista. De ella ya sufrimos bastante, y todavía seguimos pagando las consecuencias. Y lo que menos necesitamos es revivirla.
Salta a la vista, la disfunción existente entre la Policía Técnica Judicial y de la Policía Nacional, ya que ambos cuerpos realizan tareas relativas tanto a la defensa y seguridad nacional, como a la persecución material del delito, de modo simultáneo. A causa de esta dispersión de fuerzas, la respuesta al delito convencional y al crimen organizado acusa la falta de contundencia y efectividad necesarias, sin desconocerse los duros golpes asestados en estas condiciones, que parecieran ser más bien el resultado de una competencia entre estos entes, que el producto de una labor coordinada al detalle entre sus diversos mandos.
Emerge, pues, por cuestiones de conveniencia presupuestaria, administrativa y funcional, separar con precisión, las funciones asignadas a estas instituciones públicas. Así, conviene que la Policía Nacional asuma en exclusiva, el ejercicio de las funciones relativas a la represión material de la delincuencia, sometiendo sus actuaciones al estricto control jurisdiccional, teniendo de presente los riesgos que conlleva el fortalecimiento material e institucional de la institución armada a la estabilidad democrática. En lo que se refiere a la Policía Técnica Judicial, estimamos que sin perder su sujeción al Ministerio Público, debe adquirir la condición de sujeto procesal, y como tal quedar involucrada activamente en la persecución judicial del delito, tarea que demandaría altos niveles de especialización y profesionalismo del personal. Los aportes de la ciencia de la investigación criminal o criminalística, en la búsqueda de la verdad histórica, son incuestionables. En la práctica, a falta de este soporte científico, el Juzgador queda supeditado a documentos y a las declaraciones; probanzas llamadas al desuso por la tendencia manifiesta a la mendacidad del declarante, no quedando más recursos a su disposición que la ficción y la presunción legal.
Las medidas planteadas guardan idéntica proporción con el problema que se quiere enfrentado. No se plantea el debilitamiento de estas instituciones, o la pérdida o ganancia de espacios funcionales a favor de una u otra entidad. Se procura con el organigrama propuesto, desterrar la reinante confusión funcional, y alcanzar mayores niveles de eficacia tanto en la lucha frontal contra la delincuencia. Se enfrenta una situación de crisis extrema, que dificulta el cumplimiento del deber de ofrecer seguridad a la ciudadanía, así como de la aplicación judicial del castigo correspondiente, síntomas preocupantes del debilitamiento del poder estatal.
En Panamá, por disposición constitucional, todos los ingresos y todos los gastos del gobierno deben incluirse en el Presupuesto General del Estado. Y no se harán gastos que no estén previstos en el mismo. Romper ese sano principio, que evita la disposición alegre y sin control de los dineros públicos es sumamente peligroso. Y tratándose de los ingresos que genera la explotación del Canal debiéramos ser aún más cuidadosos. La naturaleza de ese patrimonio y los sacrificios que fueron necesarios para materializarlo nos obligan a ser doblemente cautelosos con su utilización.
Si los fondos públicos registrados en el Presupuesto se gastan mal, como admite el gobierno con tal de justificar su aventura extra presupuestaria, lo que se impone es hacerlo bien y explicarle al país en qué se gastan, pero no recurrir a la demagogia populista. De ella ya sufrimos bastante, y todavía seguimos pagando las consecuencias. Y lo que menos necesitamos es revivirla.
