Wolfogate, descaro criollo, envenenados y malabares
POR FIN, después de tres días de torcederas de brazos, conciliábulos y correderas por los pasillos de sus imponentes edificios en la ciudad de Washington, el señor Wolfowitz, el presidente del Banco Mundial escogido del presidente Bush, anunció que dimitirá de su altísimo cargo. La caída la precipitó, como es conocido, el descubrimiento de que el infrascrito había aumentado escandalosamente, saltándose todas las reglas del Banco, la remuneración de su "compañera sentimental". Desde que el asunto se destapó, la salida era sólo cuestión de tiempo; mister Wolf se había enredado en su propia madeja. Después de haberse arropado con la bandera de la transparencia y la virtud no le quedaba otra salida.
Dos asuntos han sazonado la salida del exsubsecretario de Defensa, cargo que ocupaba Wolfowitz, antes de ser designado en el Banco Mundial. El primero, relacionado con su anterior posición. Se comenta que su forzada salida fue, más que un castigo a sus extralimitaciones afectivas, un ajuste de cuentas, en principio con él pero principalmente contra quien lo nombró, por su papel en la invasión de Irak, Los europeos, se especula, forzaron la coyuntura para revisar el acuerdo, más que tácito, que le da el derecho a los Estados Unidos, entiéndase su presidente, de nombrar al presidente del Banco Mundial, a cambo de igual derecho a los europeos para designar al Director Gerente del Fondo Monetario Internacional.
El segundo, es el comunicado "parrampán" del Directorio Ejecutivo del Banco que declaró, al aceptar la dimisión, que el señor Wolfowitz siempre actuó "con buena fe y de manera ética en el ejercicio de sus funciones". Si el prestigio y la autoridad del Banco hace mucho tiempo que están en crisis, la agravará que su máximo órgano de gobierno, el Directorio Ejecutivo, con descarado cinismo, por un lado, empuje fuera del cargo a su presidente, por practicar favoritismos inmorales y, por el otro, afirme que siempre actuó éticamente y de buena fé. Es como si usted dijera que una cosa es negra y blanca a la vez.
Si se compara el caso Wolfowitz con lo que ocurre en el Tribunal Electoral panameño, dos cosas quedan patentes: Una, que aunque en el Banco Mundial, también hay bastante suciedad escondida bajo la alfombra, cuando se descubren deslices como el del Sr. Wolfowitz, para salvar las apariencias, rueda alguna cabeza. La otra, que en Panamá, ni para salvar las apariencias ni por mínima vergüenza, se castigan ese tipo de bellaquerías. Acá, con rampante descaro criollo, uno de los "tres excelsos", aquellos que reclaman (o tal vez ya cobraron), sin ningún sonrojo, que se les paguen 16 años de vacaciones, porque según ellos nunca fueron ni "al cuartito", después de defender "su derecho a nombrar a toda su parentela", de reírse cuando se le comprobó que ha malusado y abusado de sus privilegios y de los recursos del Estado, fue premiado con la presidencia del Tribunal Electoral.
Es aberrante que después de transcurridos ocho meses desde los envenenamientos, con productos médicos elaborado y distribuidos por la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, todavía se siga dando largas a la obligación, indiscutible, que tiene el Estado de indemnizar a los supervivientes y familiares de los fallecidos. En este caso, la responsabilidad del Estado es objetiva; es decir, que debe asumirla, independientemente de que se abran cuantas investigaciones se quieran iniciar y sin que quepa darle largas al asunto mientras se aclara si los culpables finales fueron empresas chinas, españolas o de Siberia. Los sobrevivientes y los familiares de las personas envenenadas tienen el derecho, inobjetable, a ser indemnizados por el solo hecho de que los medicamentos tóxicos les fueron entregados por el Seguro Social y del Ministerio de Salud (MINSA). Ese derecho no está condicionado a los resultados de ninguna investigación, nacional o internacional. Y tampoco depende o tiene que esperar a que se aclaren quiénes fueron los responsables de suministrar los insumos contaminados o de manipular los productos entregados. La responsabilidad objetiva y la obligación de responder por el daño causado, existe con base en el hecho de que el Seguro y el MINSA fueron los que entregaron a los afectados los medicamentos envenenadores,
El Estado debe, ya debió hacerlo hace mucho tiempo, pagar indemnizaciones justas. Prometer migajas o posponer esa obligación so pretexto de que aún se realizan investigaciones locales, se siguen ajustando los montos o se adelantan quejas contra empresas internacionales es un subterfugio inaceptable. Aquí no caben malabares jurídicos ni supuestos actos de buena fe. Si el gobierno considera que debe "repetir" por los pagos efectuados contra las empresas que suministraron los insumos tóxicos, por considerar que fueron ellas las verdaderas culpables de las intoxicaciones, debe hacerlo; pero esas posibles acciones en nada pueden ni deben condicionar las indemnizaciones que el Estado panameño debe pagar a las víctimas.
A los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos, vuelvo a repetirles mi consejo: No demoren la interposición de las demandas judiciales. La conducta de las autoridades que siguen dando largas para asumir la responsabilidad que saben les corresponde, legalmente; y su negativa a tomar acciones contra los principales responsables de las instituciones involucradas no son buen presagio. Insisto: las demandas deben interponerse; los arreglos deben hacerse en la esfera judicial, bajo la tutela de jueces y peritos; fuera de ella es un riesgo que puede tener graves y frustrantes consecuencias.
Dos asuntos han sazonado la salida del exsubsecretario de Defensa, cargo que ocupaba Wolfowitz, antes de ser designado en el Banco Mundial. El primero, relacionado con su anterior posición. Se comenta que su forzada salida fue, más que un castigo a sus extralimitaciones afectivas, un ajuste de cuentas, en principio con él pero principalmente contra quien lo nombró, por su papel en la invasión de Irak, Los europeos, se especula, forzaron la coyuntura para revisar el acuerdo, más que tácito, que le da el derecho a los Estados Unidos, entiéndase su presidente, de nombrar al presidente del Banco Mundial, a cambo de igual derecho a los europeos para designar al Director Gerente del Fondo Monetario Internacional.
El segundo, es el comunicado "parrampán" del Directorio Ejecutivo del Banco que declaró, al aceptar la dimisión, que el señor Wolfowitz siempre actuó "con buena fe y de manera ética en el ejercicio de sus funciones". Si el prestigio y la autoridad del Banco hace mucho tiempo que están en crisis, la agravará que su máximo órgano de gobierno, el Directorio Ejecutivo, con descarado cinismo, por un lado, empuje fuera del cargo a su presidente, por practicar favoritismos inmorales y, por el otro, afirme que siempre actuó éticamente y de buena fé. Es como si usted dijera que una cosa es negra y blanca a la vez.
Si se compara el caso Wolfowitz con lo que ocurre en el Tribunal Electoral panameño, dos cosas quedan patentes: Una, que aunque en el Banco Mundial, también hay bastante suciedad escondida bajo la alfombra, cuando se descubren deslices como el del Sr. Wolfowitz, para salvar las apariencias, rueda alguna cabeza. La otra, que en Panamá, ni para salvar las apariencias ni por mínima vergüenza, se castigan ese tipo de bellaquerías. Acá, con rampante descaro criollo, uno de los "tres excelsos", aquellos que reclaman (o tal vez ya cobraron), sin ningún sonrojo, que se les paguen 16 años de vacaciones, porque según ellos nunca fueron ni "al cuartito", después de defender "su derecho a nombrar a toda su parentela", de reírse cuando se le comprobó que ha malusado y abusado de sus privilegios y de los recursos del Estado, fue premiado con la presidencia del Tribunal Electoral.
Es aberrante que después de transcurridos ocho meses desde los envenenamientos, con productos médicos elaborado y distribuidos por la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, todavía se siga dando largas a la obligación, indiscutible, que tiene el Estado de indemnizar a los supervivientes y familiares de los fallecidos. En este caso, la responsabilidad del Estado es objetiva; es decir, que debe asumirla, independientemente de que se abran cuantas investigaciones se quieran iniciar y sin que quepa darle largas al asunto mientras se aclara si los culpables finales fueron empresas chinas, españolas o de Siberia. Los sobrevivientes y los familiares de las personas envenenadas tienen el derecho, inobjetable, a ser indemnizados por el solo hecho de que los medicamentos tóxicos les fueron entregados por el Seguro Social y del Ministerio de Salud (MINSA). Ese derecho no está condicionado a los resultados de ninguna investigación, nacional o internacional. Y tampoco depende o tiene que esperar a que se aclaren quiénes fueron los responsables de suministrar los insumos contaminados o de manipular los productos entregados. La responsabilidad objetiva y la obligación de responder por el daño causado, existe con base en el hecho de que el Seguro y el MINSA fueron los que entregaron a los afectados los medicamentos envenenadores,
El Estado debe, ya debió hacerlo hace mucho tiempo, pagar indemnizaciones justas. Prometer migajas o posponer esa obligación so pretexto de que aún se realizan investigaciones locales, se siguen ajustando los montos o se adelantan quejas contra empresas internacionales es un subterfugio inaceptable. Aquí no caben malabares jurídicos ni supuestos actos de buena fe. Si el gobierno considera que debe "repetir" por los pagos efectuados contra las empresas que suministraron los insumos tóxicos, por considerar que fueron ellas las verdaderas culpables de las intoxicaciones, debe hacerlo; pero esas posibles acciones en nada pueden ni deben condicionar las indemnizaciones que el Estado panameño debe pagar a las víctimas.
A los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos, vuelvo a repetirles mi consejo: No demoren la interposición de las demandas judiciales. La conducta de las autoridades que siguen dando largas para asumir la responsabilidad que saben les corresponde, legalmente; y su negativa a tomar acciones contra los principales responsables de las instituciones involucradas no son buen presagio. Insisto: las demandas deben interponerse; los arreglos deben hacerse en la esfera judicial, bajo la tutela de jueces y peritos; fuera de ella es un riesgo que puede tener graves y frustrantes consecuencias.
