¿Y ahora qué?
Sin temor a equivocarme creo que la libertad de expresión es uno de los temas que han predominado en mis escritos, y es que en ella nos fundamentamos para desempeñarnos en esta actividad que en mayo cumpliremos nueve años de ejercer. Sin libertad de expresión tampoco existe el derecho a la información al que todos tenemos derecho.
El pasado gobierno y su antecesor, a igual que el actual, nos prometieron acabar con las leyes mordaza. Los dos primeros se excusaron alegando que los gremios no se ponen de acuerdo. Cuando les conviene invocan "el consenso" y deciden dejar las cosas como están, lo que indubitablemente significa una ventaja para ellos, pues mantienen la espada de Damocles sobre el cuello de todos los comunicadores, medios de comunicación y periodistas.
Un sector, que se opone a una plena libertad a informar y a ser informado, ha invocado el llamado "periodismo idóneo" como una limitante a ese sagrado derecho. Esta aludida idoneidad consiste en autorizar solamente el ejercicio del periodismo a todo aquel que haya adquirido el título académico correspondiente. Sustentamos nuestra oposición a éstos, fundamentalmente, con base al articulo 37 de nuestra Constitución Nacional, que consagra el derecho de libre expresión.
No podemos pretender, en una sociedad que anhele ser libre, que solamente un grupo de ciudadanos, cualesquiera que sean sus aptitudes, se abroguen la facultad exclusiva de la investigación y transmisión del pensamiento, porque eso es lo que es el periodismo: la comunicación humana, la transmisión de conocimientos, apreciaciones, ideas, intenciones, etc. Cualquiera restricción que se pretenda hacer a esta facultad del hombre es violatoria a nuestra Constitución Nacional. Además de ello, hay un derecho primario, cual es el derecho natural: aquel derecho que lo confiere la condición humana y que existe independientemente de si es o no reconocido por el derecho vigente o positivo. Y es este derecho el que casualmente concede al hombre, por su propia naturaleza, el derecho de informar y ser informado. Inspirados en el reconocimiento de este derecho la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789, establece que, "la libre comunicación de opiniones es uno de los derechos más preciosos en el hombre y que todo ciudadano podrá hablar, imprimir libremente, salvo su responsabilidad por el abuso de esta libertad en el caso determinado por la ley".
Somos conscientes de que el ejercicio de la libertad con frecuencia provoca tensiones de fuerzas o intereses opuestos, que hacen que un individuo o un grupo se vea enfrentado con otros. Esto ocurre porque las necesidades y aspiraciones de las personas no siempre coinciden: lo que en determinado momento para un individuo o grupo resulta necesario, justo o correcto, puede no ser compartido por otros.
Pocas libertades provocan tanto conflicto en el mundo contemporáneo, como la llamada libertad de opinión y de expresión, nos dicen analistas sociales, cuya presentación más plástica la constituye la libertad de prensa. "Y es que ya las bibliotecas no son secretas....En el mundo contemporáneo, la expresión y difusión de las ideas, aunque adopte cualesquiera formas, provocan controversias. Las más polémicas y complejas son las que tienen que ver con los medios de comunicación masivos. El enorme alcance cuantitativo de estos medios y su influencia en la opinión de los ciudadanos les otorgan al ejercicio de la libertad y de expresión una dimensión y una consecuencias mucho mayores que en el pasado".
El presente gobierno, a través del Ministerio de Gobierno, parece haber recogido para conocimiento y beneficio de la ciudadanía, la libertad de expresión y ha nombrado una comisión muy representativa para que elabore un proyecto de ley a tal efecto y desafortunadamente, a la fecha no hemos visto sus frutos. Si tomamos en cuenta que no se trata de concesiones sino de derechos inalienables del hombre y, como tal, no admite más restricciones que la responsabilidad que de su mal ejercicio pueda derivarse, no entendemos la dilatación, a no ser que ahora ,que son gobierno, les parezca bien mantener silenciadas las voces disidentes.
Las leyes mordaza no datan desde la época de la dictadura, aunque se acentúan durante ella, y luego fueron mantenidas por los gobiernos sucesores que se han rasgados su vestiduras hablando de democracia y libertad. Este problema viene desde el nacimiento de la República y como muestra, tenemos los artículos 903 y 904 del Código Administrativo que tienen más de dos tercios de siglo (más de 75 años) de existencia jurídica y desde ese entonces, se han mantenido incólumes ambas disposiciones. El Código Administrativo, en el Título II intitulado Policía Moral, en el Capítulo, que habla sobre el Orden y Seguridades Públicas, segundo parágrafo sobre las Maquinaciones contra el orden público y reuniones ilegales, dice textualmente lo siguiente en su artículo 903: "Los empleados de Policía deberán desfijar, impedir la circulación y recoger los impresos, manuscritos, caricaturas, dibujos o pinturas en que se excite a la turbación del orden o desobediencia a la Constitución y a las leyes, a las autoridades legítimamente constituidas; en que se sugiera o aconseje la perpetración de algún delito o que contengan expresiones o conceptos injuriosos o amenazantes contra los empleados públicos o que sean contrarios a la decencia y a las buenas costumbres". Seguidamente el artículo 904 dice textualmente: "El que fije o mande a fijar impresos o manuscritos, caricaturas, dibujos o pinturas sediciosos, incurrirá en la pena de arresto de cinco a diez días. Es sedición toda excitación que tienda a causar cualquiera perturbación en el orden público". ¿Qué mayor efecto restrictivo a la libertad de expresión podemos encontrar en legislación alguna que el que establecen estos dos artículos del Código Administrativo panameño? Sin embargo, vemos a todos empeñados en la derogación de la Ley 11, 67 y 68 de 1978, y nadie o muy pocos, son los que hacen alusión a estas disposiciones aún vigentes.
Ojalá la comisión designada por el Ministro de Gobierno no defraude a la opinión pública que, no sé porqué razón, como que en esta oportunidad ha prestado mayor credibilidad a la palabra empeñada.
El pasado gobierno y su antecesor, a igual que el actual, nos prometieron acabar con las leyes mordaza. Los dos primeros se excusaron alegando que los gremios no se ponen de acuerdo. Cuando les conviene invocan "el consenso" y deciden dejar las cosas como están, lo que indubitablemente significa una ventaja para ellos, pues mantienen la espada de Damocles sobre el cuello de todos los comunicadores, medios de comunicación y periodistas.
Un sector, que se opone a una plena libertad a informar y a ser informado, ha invocado el llamado "periodismo idóneo" como una limitante a ese sagrado derecho. Esta aludida idoneidad consiste en autorizar solamente el ejercicio del periodismo a todo aquel que haya adquirido el título académico correspondiente. Sustentamos nuestra oposición a éstos, fundamentalmente, con base al articulo 37 de nuestra Constitución Nacional, que consagra el derecho de libre expresión.
No podemos pretender, en una sociedad que anhele ser libre, que solamente un grupo de ciudadanos, cualesquiera que sean sus aptitudes, se abroguen la facultad exclusiva de la investigación y transmisión del pensamiento, porque eso es lo que es el periodismo: la comunicación humana, la transmisión de conocimientos, apreciaciones, ideas, intenciones, etc. Cualquiera restricción que se pretenda hacer a esta facultad del hombre es violatoria a nuestra Constitución Nacional. Además de ello, hay un derecho primario, cual es el derecho natural: aquel derecho que lo confiere la condición humana y que existe independientemente de si es o no reconocido por el derecho vigente o positivo. Y es este derecho el que casualmente concede al hombre, por su propia naturaleza, el derecho de informar y ser informado. Inspirados en el reconocimiento de este derecho la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789, establece que, "la libre comunicación de opiniones es uno de los derechos más preciosos en el hombre y que todo ciudadano podrá hablar, imprimir libremente, salvo su responsabilidad por el abuso de esta libertad en el caso determinado por la ley".
Somos conscientes de que el ejercicio de la libertad con frecuencia provoca tensiones de fuerzas o intereses opuestos, que hacen que un individuo o un grupo se vea enfrentado con otros. Esto ocurre porque las necesidades y aspiraciones de las personas no siempre coinciden: lo que en determinado momento para un individuo o grupo resulta necesario, justo o correcto, puede no ser compartido por otros.
Pocas libertades provocan tanto conflicto en el mundo contemporáneo, como la llamada libertad de opinión y de expresión, nos dicen analistas sociales, cuya presentación más plástica la constituye la libertad de prensa. "Y es que ya las bibliotecas no son secretas....En el mundo contemporáneo, la expresión y difusión de las ideas, aunque adopte cualesquiera formas, provocan controversias. Las más polémicas y complejas son las que tienen que ver con los medios de comunicación masivos. El enorme alcance cuantitativo de estos medios y su influencia en la opinión de los ciudadanos les otorgan al ejercicio de la libertad y de expresión una dimensión y una consecuencias mucho mayores que en el pasado".
El presente gobierno, a través del Ministerio de Gobierno, parece haber recogido para conocimiento y beneficio de la ciudadanía, la libertad de expresión y ha nombrado una comisión muy representativa para que elabore un proyecto de ley a tal efecto y desafortunadamente, a la fecha no hemos visto sus frutos. Si tomamos en cuenta que no se trata de concesiones sino de derechos inalienables del hombre y, como tal, no admite más restricciones que la responsabilidad que de su mal ejercicio pueda derivarse, no entendemos la dilatación, a no ser que ahora ,que son gobierno, les parezca bien mantener silenciadas las voces disidentes.
Las leyes mordaza no datan desde la época de la dictadura, aunque se acentúan durante ella, y luego fueron mantenidas por los gobiernos sucesores que se han rasgados su vestiduras hablando de democracia y libertad. Este problema viene desde el nacimiento de la República y como muestra, tenemos los artículos 903 y 904 del Código Administrativo que tienen más de dos tercios de siglo (más de 75 años) de existencia jurídica y desde ese entonces, se han mantenido incólumes ambas disposiciones. El Código Administrativo, en el Título II intitulado Policía Moral, en el Capítulo, que habla sobre el Orden y Seguridades Públicas, segundo parágrafo sobre las Maquinaciones contra el orden público y reuniones ilegales, dice textualmente lo siguiente en su artículo 903: "Los empleados de Policía deberán desfijar, impedir la circulación y recoger los impresos, manuscritos, caricaturas, dibujos o pinturas en que se excite a la turbación del orden o desobediencia a la Constitución y a las leyes, a las autoridades legítimamente constituidas; en que se sugiera o aconseje la perpetración de algún delito o que contengan expresiones o conceptos injuriosos o amenazantes contra los empleados públicos o que sean contrarios a la decencia y a las buenas costumbres". Seguidamente el artículo 904 dice textualmente: "El que fije o mande a fijar impresos o manuscritos, caricaturas, dibujos o pinturas sediciosos, incurrirá en la pena de arresto de cinco a diez días. Es sedición toda excitación que tienda a causar cualquiera perturbación en el orden público". ¿Qué mayor efecto restrictivo a la libertad de expresión podemos encontrar en legislación alguna que el que establecen estos dos artículos del Código Administrativo panameño? Sin embargo, vemos a todos empeñados en la derogación de la Ley 11, 67 y 68 de 1978, y nadie o muy pocos, son los que hacen alusión a estas disposiciones aún vigentes.
Ojalá la comisión designada por el Ministro de Gobierno no defraude a la opinión pública que, no sé porqué razón, como que en esta oportunidad ha prestado mayor credibilidad a la palabra empeñada.
