¿...Y mi título de propiedad?
El proceso está encontrando graves inconvenientes..., especialmente en cuanto a la aparición repentina de títulos de propiedad de vieja data.
PANAMÁ TIENE cerca de un 70% de su territorio en la marginalidad en cuanto a su tenencia; es decir, sin un título de propiedad, siendo el derecho posesorio la forma más usual de detentar el usufructo de las tierras.
Aunque ha sido tradicionalmente reconocido no sólo por el Código Civil y el Código Agrario sino también, recientemente, por la polémica Ley No. 2 (sobre islas y costas), de todas maneras constituye una precaria forma de tenencia que impide el ingreso de tales terrenos a la corriente económica del país, afectando a los pequeños, medianos y grandes tenedores de tierras y también, especialmente, a las clases más vulnerables.
Si a ello le sumamos que la tierra con derecho posesorio pierde valor comercial al crear cierto grado de inseguridad jurídica y que, además, el Estado está dejando de percibir importantes ingresos por concepto de impuestos, entenderemos la urgencia de los países tercermundistas por regularizar sus territorios, haciendo titulaciones rápidas y masivas.
Panamá no podía ser la excepción, y a través del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT) ha venido trabajando arduamente en dicha labor, afortunadamente ahora sí, en manos de profesionales técnicos que no sólo conocen su oficio, sino que nos están demostrando que entienden a cabalidad lo que es un proyecto de Estado prioritario.
Siguiendo una sana política de transparencia, han llamado a la población a participar activamente en el programa y con tal fin se constituyó el Concejo Consultivo de la Sociedad Civil (CCSC), conformado por cinco organizaciones elegidas democráticamente entre una veintena de gremios representativos de diversos sectores del país. El monitoreo constante del programa podría llevarnos a su culminación exitosa, dotando a Panamá de un sistema catastro-registro moderno, altamente tecnificado y abarcador de casi todo el territorio nacional.
Pero no todas son buenas noticias. El proceso está encontrando graves inconvenientes en muchas regiones del país, especialmente en lo referente a la aparición repentina de títulos de propiedad de vieja data (¡algunos de comienzos del siglo pasado!), exhibidos por herederos que ni siquiera sabían de la existencia de tales propiedades pero que, ante el incremento del valor de la tierra, decidieron desempolvar el baúl del tatarabuelo y ¡sorpresa!: ¡ Un título de propiedad!
La mayoría de esos documentos se relacionan con terrenos que han sido habitados y trabajados por otras personas durante decenas de años, cobijando a veces poblados enteros o familias que durante varias generaciones han usufructuado pacíficamente las tierras para educar a sus hijos. ¡Y comienzan los problemas!
Los ocupantes acostumbrados durante decenas de años a un derecho posesorio como forma de tenencia "normal" en el país, de la noche a la mañana se hallan entre un Estado deseoso de darles un merecido título de propiedad y un grupo de herederos reclamando lo que consideran su herencia. ¿Qué hacer?
Prudentemente, el Estado no ha querido hacer uso de la figura de la expropiación con el fin, quizás, de no dar una imagen de inseguridad jurídica ante los inversionistas internacionales. Los ocupantes quedan, entonces, con dos opciones: iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio con todos sus altos costos durante varios años de litigio, o sentarse en una mesa de diálogo y concertación que, mediante el apoyo de buenos mediadores (Pronat, autoridades locales y líderes civiles, por ejemplo), las partes lleguen al convencimiento que "es mejor un mal arreglo que un buen pleito".
Si los tenedores de un título de vieja data entendieran que podrían salir mejor librados si, por ejemplo, aceptaran recibir como pago por las tierras el mismo valor que los ocupantes le iban a pagar al Estado (así sea sensiblemente inferior a su valor comercial actual), entonces los problemas se solucionarían rápida y fácilmente, saliendo favorecidos todos: el tenedor del título, los ocupantes y el país en general.
Entonces, es fundamental que el Concejo Consultivo impulse activamente la creación de mesas de diálogo y concertación en todas las zonas a regularizar en el país, buscando todo el apoyo, la capacitación y la logística necesaria. De lo contrario, los resultados globales del programa nacional de regularización van a ser inferiores a los presupuestados, y los juzgados se van a ver tan atiborrados con procesos de prescripción adquisitiva, que seguramente van a colapsar.
(*) Presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Portobelo.
PANAMÁ TIENE cerca de un 70% de su territorio en la marginalidad en cuanto a su tenencia; es decir, sin un título de propiedad, siendo el derecho posesorio la forma más usual de detentar el usufructo de las tierras.
Aunque ha sido tradicionalmente reconocido no sólo por el Código Civil y el Código Agrario sino también, recientemente, por la polémica Ley No. 2 (sobre islas y costas), de todas maneras constituye una precaria forma de tenencia que impide el ingreso de tales terrenos a la corriente económica del país, afectando a los pequeños, medianos y grandes tenedores de tierras y también, especialmente, a las clases más vulnerables.
Si a ello le sumamos que la tierra con derecho posesorio pierde valor comercial al crear cierto grado de inseguridad jurídica y que, además, el Estado está dejando de percibir importantes ingresos por concepto de impuestos, entenderemos la urgencia de los países tercermundistas por regularizar sus territorios, haciendo titulaciones rápidas y masivas.
Panamá no podía ser la excepción, y a través del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT) ha venido trabajando arduamente en dicha labor, afortunadamente ahora sí, en manos de profesionales técnicos que no sólo conocen su oficio, sino que nos están demostrando que entienden a cabalidad lo que es un proyecto de Estado prioritario.
Siguiendo una sana política de transparencia, han llamado a la población a participar activamente en el programa y con tal fin se constituyó el Concejo Consultivo de la Sociedad Civil (CCSC), conformado por cinco organizaciones elegidas democráticamente entre una veintena de gremios representativos de diversos sectores del país. El monitoreo constante del programa podría llevarnos a su culminación exitosa, dotando a Panamá de un sistema catastro-registro moderno, altamente tecnificado y abarcador de casi todo el territorio nacional.
Pero no todas son buenas noticias. El proceso está encontrando graves inconvenientes en muchas regiones del país, especialmente en lo referente a la aparición repentina de títulos de propiedad de vieja data (¡algunos de comienzos del siglo pasado!), exhibidos por herederos que ni siquiera sabían de la existencia de tales propiedades pero que, ante el incremento del valor de la tierra, decidieron desempolvar el baúl del tatarabuelo y ¡sorpresa!: ¡ Un título de propiedad!
La mayoría de esos documentos se relacionan con terrenos que han sido habitados y trabajados por otras personas durante decenas de años, cobijando a veces poblados enteros o familias que durante varias generaciones han usufructuado pacíficamente las tierras para educar a sus hijos. ¡Y comienzan los problemas!
Los ocupantes acostumbrados durante decenas de años a un derecho posesorio como forma de tenencia "normal" en el país, de la noche a la mañana se hallan entre un Estado deseoso de darles un merecido título de propiedad y un grupo de herederos reclamando lo que consideran su herencia. ¿Qué hacer?
Prudentemente, el Estado no ha querido hacer uso de la figura de la expropiación con el fin, quizás, de no dar una imagen de inseguridad jurídica ante los inversionistas internacionales. Los ocupantes quedan, entonces, con dos opciones: iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio con todos sus altos costos durante varios años de litigio, o sentarse en una mesa de diálogo y concertación que, mediante el apoyo de buenos mediadores (Pronat, autoridades locales y líderes civiles, por ejemplo), las partes lleguen al convencimiento que "es mejor un mal arreglo que un buen pleito".
Si los tenedores de un título de vieja data entendieran que podrían salir mejor librados si, por ejemplo, aceptaran recibir como pago por las tierras el mismo valor que los ocupantes le iban a pagar al Estado (así sea sensiblemente inferior a su valor comercial actual), entonces los problemas se solucionarían rápida y fácilmente, saliendo favorecidos todos: el tenedor del título, los ocupantes y el país en general.
Entonces, es fundamental que el Concejo Consultivo impulse activamente la creación de mesas de diálogo y concertación en todas las zonas a regularizar en el país, buscando todo el apoyo, la capacitación y la logística necesaria. De lo contrario, los resultados globales del programa nacional de regularización van a ser inferiores a los presupuestados, y los juzgados se van a ver tan atiborrados con procesos de prescripción adquisitiva, que seguramente van a colapsar.
(*) Presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Portobelo.
