Yo no presto el teléfono
Con la entrada en vigencia de las nuevas tarifas telefónicas, han quedado en evidencia los resultados negativos de la Administración Pérez Balladares. El ciudadano común tiene bien presente todas las falsas promesas de los personeros gubernamentales que se desgañitaron, gritando a los cuatro vientos, que las tarifas iban a bajar y no a subir.
Lo cierto, hoy por hoy, es que el mecanismo empleado por este Gobierno para privatizar el INTEL ha redundado en más perjuicios que beneficios para el panameño humilde y de clase media, al igual que para el Estado, quien no ha salido bien de esta transacción. Es más, los únicos que, a todas luces, salieran ganando con la misma, han sido los señores de Cable & Wireless y el "sindicalista" Juan Ramón Porras, humilde y esforzado trabajador panameño que apenas si recibió una justa compensación por todos sus desvelos en beneficio de la Patria.
Y si una gran parte de los panameños está asustado con las tarifas actuales,¿cómo van a reaccionar en el año 2001 cuando, por virtud del contrato negociado y aprobado por el PRD, la tarifa N. 2 que actualmente es de cinco dólares como base y un centavo el minuto que se hable, pase a diez dólares con cincuenta centavos, más un centavo el minuto? Es decir, en apenas cuatro años, todos los que tengan el plan N. 2 estarán pagando la que hasta el 31 de diciembre de 1997 pagábamos para hablar ilimitadamente, sólo que cada minuto que hablemos nos costará. Recuerde que, con el Plan N. 1 y 2, no hay tal cosa como minutos gratis, cada minuto cuenta para la cuenta de teléfono. ¿Y qué hay con el Plan N. 3, el de uso ilimitado? Pues en el 2001, estará pagando veintisiete dólares. ¿Y cuándo llegue el 2002? Pues no hay tope... y que Dios nos agarre confesados.
En cuanto a los supuestos beneficios que recibe el Estado, ya he dicho antes que, según los propios defensores de la privatización del INTEL, con esta empresa en manos públicas se recibía un promedio de 122 millones en los últimos cinco años (aunque el último año se recibieron, según entiendo, casi 140 millones), mientras que se calcula que con el INTEL privatizado, el Estado recibirá 143 millones anuales. Pero, siempre hay un pero, todo apunta a que de dicha cifra debemos descontar lo que, a su vez, el Estado debe pagar a CABLE & WIRELESS por el uso de los teléfonos en las oficinas públicas (se imaginan cuántos millones anuales debe representar ese desembolso en favor de la compañía inglesa de capital oriental).
Ahora como bien lo anotase Betty Brannan Jaén en un artículo recientemente publicado en el Diario La Prensa, lo grave del asunto no es solamente el alza en las tarifas para llamadas locales y los perjuicios económicos que el Estado recibe, sino que toda la fijación de las tarifas implica una concepción arcaica y obsoleta sobre el uso del teléfono en una sociedad que aspira a integrarse con éxito en una economía mundial.
Para los apologistas de la nueva estrategia de telecomunicaciones del régimen torista, el teléfono es algo así como un recurso escaso, que debemos utilizar sólo en caso de emergencia y que, bajo ningún concepto, debemos malgastar. Dejemos que, en sus propias palabras, nos lo explique el Ministro de Hacienda cuando se refería a las estadísticas que, sobre el uso del teléfono, arrojaba un estudio hecho en 1992: "... es importante reconocer que este estudio del 92 se realizó cuando no había ningún tipo de penalización o de incentivo para usar poco el teléfono, porque no importa cuánto uno lo usaba, pagaba diez cincuenta. O sea, al existir ya una tarifa por uso medio hay incentivos para que la persona mida su uso del teléfono, para que racione su uso del teléfono" (Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, correspondiente a los días 8 y 12 de mayo de 1997, página 25). Fíjense bien el vocabulario empleado, "penalizar" al que usa el teléfono, "racionalizar el uso del teléfono". Cuando el Ministro se refiere a incentivos, me imagino que se refiere a que el PRD quiere conminarnos a que todos los que puedan, adquieran celulares con Bell South o todavía mejor, con Cable & Wireless (como diría alguien, la cuadratura del círculo). Y el que no pueda, que regrese al plan realmente básico: las señales de humo o la visita domiciliaria en carne y hueso (para ponerlo en el idioma de los ingleses de la "Cable" face to face).
Así que, gracias a los "incentivos" de la genial política económica del Toro, hoy en día han proliferado los mensajes en las oficinas públicas y privadas que dicen así: "Disculpe, no se presta el teléfono". Cuando andas despistado y pides el teléfono prestado, porque se te olvidó que estamos en tiempos de Cable & Wireless y no del INTEL y encima, no viste el letrero, la gente te mira apenada y te señalan silenciosamente el letrero... luego encogen los hombros y sonríen solidariamente. Por mi parte, creo que no tiene razón para actuar así, pues la responsabilidad no es del todo nuestra. A mi modo de ver, tenemos todo el derecho para decir, sin vergüenza, ni remordimiento, con total aplomo y a plena voz lo siguiente: "Yo no presto el teléfono, por culpa del PRD y el Toro". Quien te escuche, lo entenderá... y ten la seguridad, que coincidirá contigo.
Lo cierto, hoy por hoy, es que el mecanismo empleado por este Gobierno para privatizar el INTEL ha redundado en más perjuicios que beneficios para el panameño humilde y de clase media, al igual que para el Estado, quien no ha salido bien de esta transacción. Es más, los únicos que, a todas luces, salieran ganando con la misma, han sido los señores de Cable & Wireless y el "sindicalista" Juan Ramón Porras, humilde y esforzado trabajador panameño que apenas si recibió una justa compensación por todos sus desvelos en beneficio de la Patria.
Y si una gran parte de los panameños está asustado con las tarifas actuales,¿cómo van a reaccionar en el año 2001 cuando, por virtud del contrato negociado y aprobado por el PRD, la tarifa N. 2 que actualmente es de cinco dólares como base y un centavo el minuto que se hable, pase a diez dólares con cincuenta centavos, más un centavo el minuto? Es decir, en apenas cuatro años, todos los que tengan el plan N. 2 estarán pagando la que hasta el 31 de diciembre de 1997 pagábamos para hablar ilimitadamente, sólo que cada minuto que hablemos nos costará. Recuerde que, con el Plan N. 1 y 2, no hay tal cosa como minutos gratis, cada minuto cuenta para la cuenta de teléfono. ¿Y qué hay con el Plan N. 3, el de uso ilimitado? Pues en el 2001, estará pagando veintisiete dólares. ¿Y cuándo llegue el 2002? Pues no hay tope... y que Dios nos agarre confesados.
En cuanto a los supuestos beneficios que recibe el Estado, ya he dicho antes que, según los propios defensores de la privatización del INTEL, con esta empresa en manos públicas se recibía un promedio de 122 millones en los últimos cinco años (aunque el último año se recibieron, según entiendo, casi 140 millones), mientras que se calcula que con el INTEL privatizado, el Estado recibirá 143 millones anuales. Pero, siempre hay un pero, todo apunta a que de dicha cifra debemos descontar lo que, a su vez, el Estado debe pagar a CABLE & WIRELESS por el uso de los teléfonos en las oficinas públicas (se imaginan cuántos millones anuales debe representar ese desembolso en favor de la compañía inglesa de capital oriental).
Ahora como bien lo anotase Betty Brannan Jaén en un artículo recientemente publicado en el Diario La Prensa, lo grave del asunto no es solamente el alza en las tarifas para llamadas locales y los perjuicios económicos que el Estado recibe, sino que toda la fijación de las tarifas implica una concepción arcaica y obsoleta sobre el uso del teléfono en una sociedad que aspira a integrarse con éxito en una economía mundial.
Para los apologistas de la nueva estrategia de telecomunicaciones del régimen torista, el teléfono es algo así como un recurso escaso, que debemos utilizar sólo en caso de emergencia y que, bajo ningún concepto, debemos malgastar. Dejemos que, en sus propias palabras, nos lo explique el Ministro de Hacienda cuando se refería a las estadísticas que, sobre el uso del teléfono, arrojaba un estudio hecho en 1992: "... es importante reconocer que este estudio del 92 se realizó cuando no había ningún tipo de penalización o de incentivo para usar poco el teléfono, porque no importa cuánto uno lo usaba, pagaba diez cincuenta. O sea, al existir ya una tarifa por uso medio hay incentivos para que la persona mida su uso del teléfono, para que racione su uso del teléfono" (Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, correspondiente a los días 8 y 12 de mayo de 1997, página 25). Fíjense bien el vocabulario empleado, "penalizar" al que usa el teléfono, "racionalizar el uso del teléfono". Cuando el Ministro se refiere a incentivos, me imagino que se refiere a que el PRD quiere conminarnos a que todos los que puedan, adquieran celulares con Bell South o todavía mejor, con Cable & Wireless (como diría alguien, la cuadratura del círculo). Y el que no pueda, que regrese al plan realmente básico: las señales de humo o la visita domiciliaria en carne y hueso (para ponerlo en el idioma de los ingleses de la "Cable" face to face).
Así que, gracias a los "incentivos" de la genial política económica del Toro, hoy en día han proliferado los mensajes en las oficinas públicas y privadas que dicen así: "Disculpe, no se presta el teléfono". Cuando andas despistado y pides el teléfono prestado, porque se te olvidó que estamos en tiempos de Cable & Wireless y no del INTEL y encima, no viste el letrero, la gente te mira apenada y te señalan silenciosamente el letrero... luego encogen los hombros y sonríen solidariamente. Por mi parte, creo que no tiene razón para actuar así, pues la responsabilidad no es del todo nuestra. A mi modo de ver, tenemos todo el derecho para decir, sin vergüenza, ni remordimiento, con total aplomo y a plena voz lo siguiente: "Yo no presto el teléfono, por culpa del PRD y el Toro". Quien te escuche, lo entenderá... y ten la seguridad, que coincidirá contigo.
