Diputados de oposición paralizaron otra vez hoy las sesiones en la Asamblea Nacional en protesta porque no se envió a una comisión legislativa el decreto presidencial que prorroga el mandato de 25 altos funcionarios, informaron fuentes parlamentarias.
El presidente del organismo legislativo, el sandinista René Núñez, anunció que por falta de quórum se suspendía la sesión plenaria de hoy para tratar de continuar el trabajo mañana.
Diputados de los grupos parlamentarios del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) rompieron el quórum de la sesión que ya había iniciado para dejar sentada su protesta.
El líder de la BDN, el ex canciller y ex candidato presidencial Eduardo Montealegre, y el de ALN, Carlos García, dijeron a periodistas que interrumpieron la sesión porque una iniciativa de ley para declarar nulo el decreto de Ortega debía ser enviado para dictamen a la Comisión de Justicia del Parlamento.
Montealegre declaró que los diputados opositores están dispuestos a trabajar en la aprobación de una serie de leyes que están pendiente de debate, pero que primero debe respetarse el orden del día en el Congreso.
Los líderes parlamentarios manifestaron que el proyecto de ley no se envió a la Comisión de Justicia y que más bien el presidente del Congreso puso en agenda un proyecto de ley que no estaba en el orden del día, y que por ello los diputados de oposición abandonaron la sesión plenaria.
El pasado 14 de febrero se venció el período de cinco años de cinco fiscales de cuentas que forman la Contraloría General de la República (CGR) y también de dos de los diez magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE).
A los otros ocho jueces electorales se les vence el mandato el 1 de junio próximo, mientras que 4 de los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deben dejar sus cargos el 11 de abril próximo.
Todos estos funcionarios deben ser nombrados por la Asamblea Nacional, para lo cual es necesaria una votación cualificada de 56 de los 92 legisladores que integran ese poder legislativo.
Por lo menos en tres ocasiones, las sesiones del Parlamento se han suspendido por protestas de diputados de oposición relacionadas con el asunto.
La segunda secretaria de la junta directiva del Parlamento, la diputada sandinista Alba Palacios, a su vez argumentó que sobre la validez o no del decreto de Ortega es a la Sala Constitucional de la CSJ a la que compete pronunciarse.
Palacios recordó que ella presentó el pasado día 10 un recurso de conflicto de poderes sobre lo cual la máxima instancia judicial aún no emite fallo.
Pese a todo, en lo que duró la sesión de hoy los parlamentarios aprobaron un convenio de préstamo entre el Gobierno de Nicaragua y el Fondo de la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP) por 5 millones de dólares para financiar programas para reducir la pobreza.
